La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta informó que en lo que va de este año se presentaron más de mil denuncias por abuso y maltrato contra efectivos de la fuerza de seguridad. Las cifras se dan en medio de la polémica por el recibimiento que hicieron autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia al ex policía condenado Luis Chocobar. 

El encuentro entre el Chocobar y miembros del gobierno de Gustavo Sáenz ya había provocado el repudio de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Ayer se sumó una manifestación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que expresó su preocupación por el respaldo de la provincia a prácticas de violencia institucional. En tanto, desde la cartera que dirige Juan Manuel Pulleiro, negaron a Salta/12 que se hayan realizado convenios de colaboración con la Fundación Chocobar, como lo había comunicado la organización sin fines de lucro el pasado 24 de junio. 

Sólo hasta el 22 de marzo el Ministerio Público Fiscal de Salta informaba que eran 745 las denuncias contra efectivos policiales, pero ese número se incrementó en la actualidad y ya superó las mil denuncias en todo el territorio salteño.

Además, la delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comunicó que desde julio del año pasado hasta hoy, recibieron 50 denuncias a través del sistema web del organismo. De ese número, al menos 15 son de este año y la mayoría de ellas proviene de comunidades indígenas del interior provincial. 

Es por eso que el INADI expresó su "gran preocupación por el recibimiento que tuviera el ex policía Luis Chocobar", que está condenado por homicidio agravado, tras asesinar por la espalda a Juan Pablo Kukoc (18), un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. 

Tras recordar que el ex policía fue condenado a una pena de dos años de prisión y cinco años de inhabilitación especial, el INADI señaló que el encuentro entre funcionarios del gobierno provincial y Chocobar, "se trató de un claro mensaje de respaldo a prácticas de vulneración de los derechos humanos y a favor de la violencia institucional". Y recordó que todos los casos de violencia institucional deben ser reconocidos, acompañados y reparados por los organismos pertinentes. 

Por eso, el organismo nacional sostuvo que el Estado debe ser el primer responsable en instar a la prevención de la violencia institucional priorizando el enfoque de los derechos humanos. "En Salta tenemos una larga historia sobre abusos policiales", alertó el delegado del INADI en la provincia, Gustavo Farquharson. 

Subrayó que la audiencia que mantuvo Chocobar con el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el nuevo jefe de la Policía de Salta, José Ibarra, en la Jefatura de la Policía de la provincia, fue un gestó que "va a contramano de un gobierno nacional que busca fortalecer los derechos humanos".

A pesar de los cargos que cubren las personas involucradas en la reunión, y de que se llevó a cabo en un lugar oficial de la fuerza policial, Ibarra dijo al diario El Tribuno que no se trató de una reunión oficial y descartó la posibilidad de que se elabore algún convenio con la fundación de Chocobar, ques es oriundo de Salta. “Tomo conocimiento de que venía Chocobar cuando se presenta en la Jefatura y, por supuesto, tengo que recibirlo como recibo a cualquiera que pida audiencia”, argumentó Ibarra y recordó que días antes el abogado de la fundación se había comunicado para solicitar una audiencia.

Tras saber de las cifras, Farquharson afirmó que en vez de dar lugar a una charla con el ex policia condenado, la prioridad debería ser trabajar sobre la violencia institucional en la provincia. Desde la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI comunicaron que durante el 2020 el ámbito de las fuerzas de seguridad reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población.

Por eso, el delegado local consideró que el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia debe ponerse de forma inmediata en funcionamiento. Para su activación sólo falta que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a cargo de Ricardo Villada, lo oficialice, lo que viene demorándose desde principios del año pasado. 

Ya en 2020 se completaron las designaciones de los miembros que faltaban, mediante concurso público se eligió al representante de la Cámara de Diputados mientras que el Senado nombró a un representante interino. Este año se le asignó un presupuesto, pero a más de tres años de la sanción de la Ley 8024, que crea este organismo, el Comité sigue sin funcionar. 

Habilitación política a la mano dura 

El abogado e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, Martín Plaza, recordó que en diferentes presentaciones ante autoridades provinciales reclamaron por un registro estatal que permitan llevar una estadística de los casos de violencia institucional que suceden en la provincia. El pedido respondía, dijo, a que desde la Asociación ven una habilitación judicial y política para el crecimiento de estos hechos. 

Por eso destacó que el nombramiento de Verónica Simesen de Bielke como fiscala de Derechos Humanos, permitió romper con ese habilitación judicial, dado que además de contabilizar los casos, empezó a haber imputaciones a efectivos policiales. Desde enero y hasta fines de marzo, se realizaron 67 imputaciones y en 11 causas ya hay requerimientos de juicio.

Sin embargo, Plaza indicó que no sucedió lo mismo en el plano político, dado que observó que "se mantiene la misma postura". Sin ir más lejos, recordó que en junio de 2020 el ministro de Seguridad, el militar retirado negacionista Juan Manuel Pulleiro, afirmó ante la Cámara de Diputados de Salta que las denuncias contra efectivos por procedimientos abusivos y de violación a los derechos humanos, son "casos particulares" y no un accionar "sistemático".

Por eso, consideró que lo sucedido con Chocobar, sigue siendo otro aspecto más de habilitación política que da pie a "seguir profundizando" el accionar represivo de los miembros de la fuerza policial provincial. 

Ya la Mesa de Derechos Humanos de Salta aseguró que no fue una sorpresa que el ex policía desembarcara en Salta con su fundación, dado que se trata de una provincia que tiene como ministro de Seguridad a una persona que "ataca públicamente a los fiscales que procesan a policías de gatillo fácil". Además, señaló que los integrantes de la fuerza policial "causan terror a través de lesiones, causas amañadas y amenazas en los sectores más vulnerables y no vacilan en reprimir a sectores que se movilizan luchando por sus derechos a alimentos, viviendas, trabajo y libertades". 

Para Elena Rivero, integrante de la Mesa y de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, la Policia salteña tiene una "cantidad escandalosa de efectivos procesados por hacer abuso de la fuerza policial". Y esto también es consecuencia de que el propio ministro de Seguridad, "está más cerca del concepto de dictadura, que de la vigencia de los derechos humanos". 

Pulleiro fue comandante de la V Brigada de Montaña con asiento en Salta. En ese cargo, el 28 de mayo de 2017 encabezó un acto de homenaje en el 42º aniversario del denominado Combate de Manchalá. Entonces declaró a todos sus subordinados como "sucesores de esos hombres", los militares que en el marco del Operativo Independencia el 28 de mayo de 1975 se enfrentaron con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

"Nosotros somos los herederos de los valores y tradiciones de la vanguardia del Ejército del Norte y de los soldados salteños que combatieron por la independencia y que combatieron en Manchalá", sostuvo entonces.