Los familiares de los cuatro adolescentes que murieron en la comisaría 1ª de Quilmes, atrapados en una celda durante un incendio el 20 de octubre de 2004, se reunirán este jueves con el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Pablo Fernández, en Asuntos Internos. El motivo de la reunión es el que produce chispas: la subcomisaria Marina Guakinchay Bogado, procesada por omisión de evitar tormentos a las víctimas de la masacre, fue designada a cargo de la Estación de Policía Quilmes (exDepartamental).

Eel 20 de octubre de 2004, 17 adolescentes que se encontraban ilegalmente detenidos en la 1ª de Quilmes fueron apaleados y torturados. Durante la tarde, los policías habían ingresado a las celdas, los hicieron desnudar y los golpearon, una práctica sistemática según declararon los sobrevivientes. Los jóvenes a la noche protestaron, se desató un incendio y, encerrados, cuatro de ellos sufrieron lesiones de gravedad y fallecieron:  Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

En octubre de 2015, el TOC 3 quilmeño condenó al inspector Fernando Pedreira a 19 años de prisión por "apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos"; al entonces jefe de la comisaría de Quilmes, Juan Pedro Soria, a 10 años por "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos"; al cabo Hugo D'Elía, a 10 años, y al agente Juan Carlos Guzmán, a 9 años, por los "apremios ilegales". Tanto por Soria, como por Pedreira, D'Elía y Guzmán, los jueces pidieron la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y ordenaron la inmediata detención de los cuatro. En tanto, el subcomisario Basilio Vujovich fue condenado a 4 años; los inspectores Jorge Gómez y Humberto Ávila, a 3; los agentes Gustavo Altamirano y Franco Góngora, a 3 años y cuatro meses; y la agente Elizabeth Grosso, a 3 años y medio.

A todo esto, Guakinchay Bogado fue mencionada durante los testimonios del juicio como una mujer policía embarazada que castigaba con un palo a los adolescentes que habían logrado salir. La oficial en aquel momento se encontraba embarazada de 7 meses. La iniciación de la investigación derivó en el procesamiento de la oficial.

Guakinchay Bogado fue surfeando, entretanto, sobre los vaivenes que le ofrecieron los telones de la Bonaerense, las inercias investigativas de la Justicia y las tutelas de la suerte. Cuatro años después de que la reconocieran, su juicio oral tenía fecha: el 19 de marzo de 2020. El 20 inició el ASPO y se postergó el juicio. Fue reprogramado para el 24 de junio pasado. Las variantes nuevas y la tercera ola lograron lo que no pudieron con las escuelas: virtualizar la actividad. El juicio fue postergado al 20 de diciembre de 2022. Si se mantiene la jefatura de Guakinchay Bogado en la exDepartamental, para esa época la covid tal vez ya sea un problema menor.