Sobrevivientes de Campo de Mayo, familiares de víctimas, abogados y dirigentes de organismos de derechos humanos rechazaron ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín la posibilidad de que el genocida Santiago Omar Riveros acceda a la libertad condicional. El nieto recuperado Manuel Goncálvez Granada consideró que sería “un enorme retroceso, una mancha sobre el proceso de justicia del que nos enorgullecemos”. Ramiro Menna Lanzillotto, cuyos padres fueron vistos por última vez en Campo de Mayo, explicó que su libertad sería “un hecho político” más que judicial y “un mensaje contraproducente con la democracia que queremos construir”. “El impacto con él en la calles es más daño a la salud mental, física, a todas nuestras Madres y Abuelas” y sería sobre todo “una señal oscura para el futuro de la democracia”, argumentó el abogado querellante Pablo Llonto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, recordó que compartir las calles con los genocidas tras las leyes de impunidad en los ‘80 fue “tenebroso” y que “repetir esa historia sería tremendo”.
Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente de El Campito, recordó que Riveros es el responsable de los secuestros y las torturas que sufrieron ella y su hijo Floreal Avellaneda, y de la muerta del joven de 16 años, cuyo cuerpo apareció en las costas de Uruguay, víctima de los vuelos de la muerte. “Como sobreviviente y querellante pido y exijo que a Riveros no se le dé la domiciliaria. Es un genocida y tiene que estar en cárcel común”, afirmó. Su hijo Marcos Avellaneda, al final de la audiencia, rechazó “la idea de que este personaje esté en la calle”, que sería “más que un insulto para mi familia, siendo responsable de la desaparición y muerte de mi hermano”.
Alicia Vattino, cuyo hermano Daniel hacía la conscripción en la Escuela Sargento Cabral cuando lo secuestraron, recordó que “en su sinfín de caminatas mi madre pudo encontrarse con Omar Riveros, en ese momento jefe de zona y responsable de Campo de Mayo”. “Mis padres pudieron hablar con él y su respuesta fue ‘tráiganme a su hija’. Ese es el recuerdo que tengo de ese señor”, añadió. “Que se haga justicia implica que permanezca preso y en cárcel común”, concluyó.
Juana Muñiz Barreto, hija del Diego Muñiz Barreto, recordó los padecimientos de su padre desde el secuestro en Escobar, su paso por El Campito y su asesinato horroroso en Entre Ríos. “Riveros era el jefe y responsable de toda esa zona, y era quien sabía y dio las órdenes de todo”, dijo. “Mi papá era todo era para mí”, confesó, y consideró que sería “humillante como hija que le den la libertad”. “De alguna manera lo que estamos pidiendo es que nos cuiden, protección, porque hay testigos que siguen declarando”, explicó. Luego comparó los campos de concentración con las garantías de las que goza Riveros y otros genocidas para destacar que la prisión equivale en ese sentido a un sanatorio, más aún quienes gozan de arresto domiciliario. “Que salgan a las calle, que los testigos y víctimas tengan que cruzarlos por la calle me parece inconcebible, una humillación inaceptable”, afirmó.
“Me parece inaudito que se esté haciendo una megacausa donde Riveros es el máximo responsable y que a la vez se esté pidiendo la libertad”, dijo Walter Fabián Meza Niella luego de contar su secuestro a los 14 años junto con su madre, hermanos y hermanas, y los “vejámenes y torturas, corporales y psicológicas”, que sufrieron en El Campito. “No son abuelitos que van a jugar a las bochas, siguen teniendo información sobre los bebés que han robado, sobre los desaparecidos que han asesinado, y no dicen absolutamente nada”, dijo. La libertad de Riveros no sólo implicaría “dañar a las víctimas y sus familiares sino a la democracia, que nos ha costado muchísimo y tenemos que valorar”.
José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, recordó que Rivero, además de ser jefe en Campo de Mayo, integró la Junta Interamericana de Defensa, que “era al Plan Cóndor lo que la junta militar a los grupos de tareas”, y que desde ese cargo se ufanó en 1980 de haber consumado el genocidio “con la doctrina en la mano”. Destacó que los efectos del terrorismo de Estado se continúan padeciendo y personajes como Rivero se niegan a dar cuenta de la información que poseen. “No es un hombre viejo ni débil, es un hombre que en la plenitud de su vida y sus capacidades llegó a lo máximo del poder en el Estado: a los 50 años consumó un genocidio con odio de clase, odio al pueblo, la cultura, la belleza”, y sin embargo el Estado “lo ha defendido como a uno de sus más queridos y preclaros hijos”, lamentó. “Hasta los 86 años Riveros fue intocado en la Argentina, salvo minúsculas acciones que apenas lo rozaban. Fue condenado cuando ya había vivido toda su larga vida, pletórico de poder”, recordó, y cerró citando a Pablo Neruda: “Por estos muertos, nuestros muertos, pedimos castigo”.
Ramiro Mena, cuyos padres fueron vistos por última vez en Campo de Mayo, reflexionó sobre “la reparación que nos merecemos como sociedad frente a la atrocidad que vivimos en dictadura” y lo que significaría la libertad condicional de Riveros. Destacó que además de los delitos que cometió en aquellos años, “es un reincidente que entiende que con el diferente no se dialoga ni se consensúa ni se construye lo que denominamos democracia: se lo extermina”. “Esa convicción la tiene y la sostiene. No ha mostrado jamás una pizca de arrepentimiento, algo que sugiera que se pudo haber corregido”, y citó como ejemplo que no dio “ningún dato sobre el cuerpo de mi madre o mi padre, que pasaron por Campo de Mayo, y sobre todo de dónde están todos los nietos que todavía no encontramos”. La libertad de Riveros no sólo sería un hecho judicial sino “un hecho político” y “un mensaje contraproducente con la democracia que queremos construir”
“Si se le concede la libertad condicional sería un triunfo para Riveros y para los genocidas, como que se borraría de un plumazo o de una firma todo lo que se ha hecho en relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad”, resumió Daniel Cabezas, sobreviviente y querellante en la causa por su hermano Gustavo Cabezas.
El nieto recuperado Manuel Goncalvez Granada repasó su trágica historia familiar, la persecución a su madre embarazada que “trata de huir de esa máquina de matar”, su nacimiento en cautiverio y la masacre de la que único sobreviviente, y confesó que “no puedo asociar la palabra libertad a ninguno de los genocidas”. Destacó que Riveros “nunca se arrepintió, nunca dio información sobre nuestros padres o los bebés de la maternidad de Campo de Mayo”. “Siguen callando y en sus declaraciones además se jactan de haber sido comandantes de la dictadura”, lamentó, e interpretó la posibilidad de la condicional como “un enorme retroceso, una mancha sobre el proceso de justicia del que nos enorgullecemos y con el que todos nos hemos comprometido”. “Nuestras Abuelas tienen la misma edad que Riveros, pero él se calla y ellas siguen buscando, con el dolor permanente”, contrastó, y reiteró que Riveros “no ha hecho ningún mérito sino todo lo contrario, se ha portado muy mal con su silencio, ha seguido haciéndonos daño a todos”.
Juliana García, también hija de desaparecidos, destacó que el genocidio “no fue una pandemia sino terrorismo de Estado, organizado, y uno de los grandes organizadores fue Riveros, que dispuso de la vida y la muerte de tantas personas”. Consideró que para algunos genocidas los pedidos de domiciliaria o libertad condicional eran como jugar al TEG, buscando resquicios jurídicos, pero que “nosotros no somos fichas de TEG, somos personas atravesadas por esto”, y coincidió con Mena en que otorgarle la condicional sería “un hecho político más que jurídico” y sobre todo “un insulto muy grande a nosotros y a la sociedad”.
Catalina de Sanctis Ovando, nieta recuperada, recordó que “hace 13 años sé quién soy” y contó que escuchando a Iris Avellaneda “me daba cuenta de que también soy sobreviviente de El Campito, donde nací y donde me apropiaron por orden de Riveros”, y que “recién ahora me puedo reconocer como sobreviviente”. La posibilidad de la condicional “es como volver a aceitar la máquina de impunidad”, graficó. “Ustedes tienen la posibilidad de no ser parte de este retroceso, de este nuevo eslabón en la cadena de impunidad”, le recordó al tribunal.
Carlotto destacó que “este genocida no merece más que seguir en el lugar en que está, en la cárcel” y aclaró que leería “porque tengo 90 años y temo olvidarme de algo”. Citó argumentos jurídicos que profundizaría la abogada Carolina Vilella, recordó que no se consideraron todas las penas que recibió y sobre todo que “Riveros nunca aportó información para restituir la identidad de ninguno de los nietos y nietas, ni para identificar a los que faltan, entre ellos los hijos de Valeria Beláustegui Herrera y de Susana Stritzler, ni para ubicar los restos de sus mamás y papás”. A título personal agregó que “cuando a los organismos nos tocó, por una decisión de un gobierno constitucional, encontrarnos caminando por las calles a los asesinos de nuestros hijos e hijas, a los ladrones de nuestros nietitos, resultaba tenebroso, incomprensible, pero estábamos en el comienzo de una etapa de democracia, las más larga de nuestra historia”. “Repetir esa historia de impunidad sería tremendo. Estas personas no se arrepienten, si pudieran lo volverían a hacer”, afirmó. “Acá no hay revancha ni venganza, simplemente justicia”, concluyó, y agradeció al tribunal por escucharla.
Pablo Llonto, abogado querellante, habló en nombre de familias que no participaron de la audiencia. Primero explicó que para la ley de ejecución penal argentina, el sentido de la pena es que se comprenda el daño hecho y eso no ocurre con Riveros, que “no ha comprendido la magnitud de la violación de la ley ni el daño que hizo y sigue haciendo a la sociedad, al contrario, reivindica sus acciones”. En segundo lugar, consideró que para acceder a ese beneficio no debería seguir cometiendo delitos, tal como lo hace, porque la desaparición forzada de personas fue incorporada al Código Penal y es un delito permanente. Por último habló del riesgo que implicaría su salida. “El impacto con él en la calles es más daño a la salud mental, física, a todas nuestras Madres y Abuelas” y sería sobre todo “una señal oscura para el futuro de la democracia”.
