Como en Salvador Mazza, o en su momento en Aguaray, ahora quien atraviesa un juicio político por parte de los miembros del Concejo Deliberante local es el intendente de Cafayate, Fernando Almeda, quien además, figura como candidato a senador por aquel departamento dentro del saencista Frente Gana Salta.

La causal del juicio, que formalizó la concejala radical Patricia Castro y acompañó todo el cuerpo, versa sobre algunas denuncias penales que corren contra el intendente, y por “inobservancia, ocultamiento de información y la falta de contestación de informes” a ese Concejo. Y se suman entre otras, obras inconclusas en el barrio Finca el Socorro II, y la adquisición de una adoquinera en el 2016, que dejó de funcionar tres años más tarde y que incluso estuvo a punto de ser cedida a un empresario local.

El concejal Facundo Guzmán, contó que la compra de la adoquinera, además de haberse hecho de manera directa, sin licitación, de repente dejó de funcionar en el 2019. Los argumentos que utilizó el ejecutivo fueron que la máquina se había roto, pero a principios de junio, en una de las sesiones del Concejo, el edil oficialista René Condorí, ex funcionario municipal, declaró que a la máquina la compraron “ya rota, destruida”, algo que no figura en la factura de compra.

Condorí también fue incluido en el juicio político por sus dichos y por haber sido funcionario municipal en aquel momento, por lo que también podría ser removido. Según sostiene la denuncia que formó parte del pedido político contra Almeda, tiempo más tarde “quisieron entregar en concesión la máquina adoquinera a un privado para que la explote, con la excusa que para Cafayate es una pérdida”. Según trascendidos, se trataría de los dueños de la bodega Lávaque, algo que finalmente no sucedió debido a la alerta que dio el Concejo Deliberante para pedir que se investigue lo sucedido, afirmaron los concejales consultados.

La otra causa, que data del 2019, ya le valió al jefe comunal la imputación, que pidió la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, luego de finalizar un informe de su inspección ocular realizada en el Loteo Finca El Socorro II.

Según consta en la imputación, el loteo se había entregado con la obra al 100%, sin embargo no se habían culminado los trabajos de un canal de agua potable con su respectiva cisterna. Como el documento lo firmó el mismo Almeda, es él el imputado. Al día de la fecha esa obra continúa en ejecución, y se siguen enviando fondos desde la provincia, “hoy ya llevan gastados $39 millones de pesos, cuando estaba previsto que serían 19 millones”, declaró la concejala Patricia Castro.

Odorisio pide la imputación de Almeda por la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo de Finca el Socorro II, por incumplimiento de funcionario público y por la entrega de certificaciones con final de obra al cien por ciento en octubre de 2019, algo que constató no se cumplió. La investigación se originó por las denuncias que radicaron los vecinos beneficiados con los terrenos entregados por el IPV y el intendente, quienes nunca obtuvieron respuestas a sus reclamos por parte del municipio.

En el pedido de enjuiciamiento del los concejales, también figuran una lista de pedidos que realizó el cuerpo deliberativo al municipio y que nunca fueron contestados, así como decisiones que tomó el intendente y que no fueron consultadas al órgano legislativo. Como la cesión de dos locales de la Terminal de Ómnibus al IPS.

Para la investigación de las acusaciones se conformó una Comisión especial que la integran los ediles Facundo Guzmán, Cristian Avellaneda, Patricia castro y Antonella Yañez. “Ahora durante 15 días realizaremos la investigación”, indicó Guzmán a este medio. Luego llegará el momento de presentar las pruebas, se dará al acusado la oportunidad para defenderse. Por último, si el juicio político prospera, se elevará todo a la justicia, quien determinará si debe ser o no removido Fernando Almeda.

Facundo Guzmán adelantó que una vez finalizado el proceso pedirá que se separe del cargo al intendente, “hasta q se expida la justicia”.

Internas en frentes oficialistas

En tanto, otro frente se abrió en Cafayate, ya que se están disparando con munición gruesa entre los principales candidatos del Frente Gana Salta, que lleva como candidato a senador al intendente Almeda, y el Frente Unidos por Salta, que encabeza intentando renovar su banca, el senador Sergio Saldaño.

Hace apenas unos días, el actual secretario de Deportes de la provincia y candidato a Convencional Constituyente por Cafayate dentro de la lista Gana Salta, Marcelo Córdova, anunció que donará 6 hectáreas de una finca de su propiedad al IPV para realizar un loteo.

Esas tierras, de la bodega La Banda, de la familia del funcionario de Deportes, están ubicadas cerca del aeródromo de Cafayate, sobre ruta 68, en la zona norte de la ciudad.

Rápido de reflejos, y con miedo a quedar afuera de la contienda electoral, el ex integrante de la UCR y expulsado de ese partido por haberse pasado a las filas de Gustavo Sáenz, Sergio saldaño, apuntó contra el anuncio en pleno momento de elecciones y dio a entender que las tierras no las donarán, sino que las comprará la provincia, algo que es incompatible con las funciones de Córdova.

Marcelo Córdova le aseguró a Salta/12 que no es un acto proselitista de su parte, sino que ya lo venían conversando con el gobernador y las autoridades del IPV, y que será una donación.

“Cuestiones electorales”

Tras la decisión del Concejo Deliberante de iniciarle un juicio político, el jefe comunal dio una conferencia de prensa en donde consideró que está íntimamente relacionado con las próximas elecciones y su candidatura. “No nos olvidemos que estamos en un año electoral y gran parte del Concejo están como candidatos”, dijo Almeda. Y luego se refirió a los tiempos que ese cuerpo, a través de la ordenanza que dictó, tendrá para investigarlo. Para él, es imposible entregar todo lo que piden en 15 días, ya que ese proceso “puede tardar entre 4 y 5 meses”. Por lo que dejó entrever que impugnará la resolución.

En cuanto a la denuncia por la adoquinera, el intendente dijo no entender los dichos del concejal Condorí, y afirmó que tiene toda la documentación para comprobar que la máquina se adquirió nueva y que actualmente está en funcionamiento pero que falta hacerle el mantenimiento. Aunque poco después reconoció que “como no está funcionando, todo el personal que estaba trabajando en la fábrica, fue afectado a otras tareas en el municipio”.

Por último, sobre la denuncia penal que pesa en su contra por las obras inconclusas del barrio Finca el Socorro II, adujo que “siempre la obra pública ha sido difícil”, y utilizó argumentos ligados a la inflación y la variación de precios de la construcción. Pero estimó que la obra de canalización para llevar el agua potable estaría a principios de julio.