El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta destituyó ayer, en decisión unánime, a la defensora oficial civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, quien estaba acusada por mala conducta, mal desempeño, incumplimiento de los deberes de su cargo. 

El Jurado, encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, la inhabilitó también para ejercer cargos públicos por el término de ocho años. 

Desde finales de abril último, cuando se admitió este jury, la defensora estaba suspendida provisoriamente en sus funciones, con un porcentaje del sueldo embargado. Ahora ese monto embargado será usado para afrontar las costas del proceso de enjuiciamiento en su contra, dado que el Jurado dispuso también que las costas deberán ser afrontadas por la funcionaria destituida

La debacle de la defensora oficial comenzó en febrero de este año, cuando se conoció una denuncia penal de una hermana suya, Sandra Díaz, que la acusaba, a ella y a otra hermana, la concejala Paola Díaz, de haber retenido y vendido donaciones destinadas a comunidades indígenas del norte salteño. La atención que se puso sobre este caso derivó en la detección de otras irregularidades en el ejercicio de la función pública que a su vez motivaron el pedido de destitución presentado por el defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, y el procurador general, Abel Cornejo.  

Precisamente, el procurador general estuvo a cargo de la acusación en el jury de enjuiciamiento que se desarrolló desde la semana pasada. Ayer, en los alegatos, pidió la destitución de Rosa Díaz. “En este juicio está todo probado, absolutamente todo, sin ambages”, se incorporaron pruebas “no solo contundentes, sino esclarecedoras”, aseguró. En cambio, la defensa pidió la absolución. 

Los fundamentos del veredicto serán leídos en una audiencia el próximo martes 6 de julio, a las 11.  

"Sin precedentes"

En su alegato el procurador general afirmó que lo que sostuvieron, tanto él como el defensor general en sus denuncias y durante las audiencias, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.

Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el defensor general y el procurador general en la necesidad de generar el proceso de remoción.

El procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio respecto a la acusación contra Rosa Díaz por la retención y venta, junto a su hermana Paola Díaz y a  su madre (fallecida) donaciones enviadas por la Fundación Los Nobles de la provincia de Santa Fe con destino a comunidades indígenas del norte salteño. Cornejo destacó que esas cosas, mercadería y ropa, fueron acopiadas en la casa de la madre de la exdefensora y luego habrían sido comercializadas en distintos lugares de la ciudad de Tartagal. 

El procurador también reseñó la acusación contra Rosa Díaz por haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano, y Jacoba Olarte, una mujer que habría sido engañada para usar su nombre en esta operatoria. Por este caso la exdefensora fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Además, ella y su hermana Paola Díaz también fueron imputadas por usurpación y robo en concurso real, en relación a este mismo hecho. 

Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 que no fueron tramitados por la ahora exdefensora sin que existan razones para ello. De los 150 trámites referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”, y cuatro fueron contados con más detalles en el juicio, con el testimonio de las personas perjudicadas por esta inacción. 

Otra investigación 

En su veredicto el Jurado ordenó, además, remitir documentación presentada por el procurador general a la fiscalía penal que corresponda para que se investiguen expresiones insultantes hacia este funcionario y el defensor general.

El alegato de Cornejo empezó hablando de esta cuestión, precisamente. Luego de destacar que el procurador general y el defensor general estuvieran de acuerdo en pedir la destitución de una funcionaria del Ministerio Público, Cornejo señaló que eso ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.

En ese marco sostuvo que si hay motivos para la crítica a su trabajo y al del defensor oficial, lo correcto hubiera sido que se recurriera a los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Destacó que hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”. 

Al momento de alegar, el abogado Marcelo Arancibia, codefensor de Rosa Díaz, repudió cualquier expresión ofensiva contra los funcionarios y les manifestó su solidaridad, pero señaló que la exdefensora “Nada tiene que ver” con esos hechos. 

Por otro lado, Arancibia atacó la denuncia y la declaración brindada por Sandra Díaz y sostuvo que la difusión mediática que se hizo de su denuncia fue una acción pensada para generar reacciones como el pedido de jury de enjuicimiento para Rosa Díaz. “Este caso sin lugar a dudas impactó, porque esa era la intención”, aseguró. 

El defensor repasó cada acusación y sostuvo que Rosa Díaz no incurrió en las causales de destitución que se le atribuían, por lo que pidió su absolución.