Este martes se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que tiene como objetivo actualizar el mapa, algo que no se hace desde 2014. La Ley provincial 7543 dispone que la actualización se debe realizar cada cinco años, lo cual nunca ocurrió desde que se aprobó el mapa del ordenamiento, que comenzó a regir en 2009.

Según se pudo conocer por algunos de los participantes y por integrantes del gobierno, habría algunos desencuentros. Uno tiene que ver con la concepción del gobierno que entiende que un conflicto por tierras no puede ser definido por un color y, por lo tanto, no debería ser un tema atinente a la clasificación dentro del OTBN (que usa colores para categorizar las zonas susceptibles de ser desmontadas o las que deben protegerse). En cambio, otros participantes entendieron que un conflicto territorial (que a veces surge ante pedidos de desmonte) debe ser debatido en este marco con el fin de determinar qué hacer en aquellas zonas a categorizar en donde los conflictos por la tenencia de la tierras se encuentran latentes.

De hecho, ante la situación que se atraviesa en la provincia por esta problemática el 11 de junio pasado se lanzó la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI). 

El objetivo de esa Mesa es abordar de manera transversal las problemáticas de permanencia y acceso a la tierra desde una perspectiva interinstitucional e intercultural. Sobre todo ante el relevamiento de los conflictos sobre la posesión de tierra en el territorio nacional. 

Del total de 85 contabilizados en el país, 25 corresponden a Salta. En muchos casos, esos conflictos involucran a empresarios y comunidades rurales indígenas o criollas, que disputan con la tenencia de tierra la estrategia en el manejo de los recursos naturales.

Los desmontes pueden seguir

Otro punto que se trató en esta primera reunión fue la necesidad de suspender las autorizaciones de los desmontes hasta tanto se apruebe la actualización del OTBN. La propuesta de los participantes apunta en general a lo que ocurrió entre diciembre de 2020 y enero pasado, cuando en plena pandemia la provincia convocó a audiencias públicas para desmontar 28.310 en total.

Si bien fuentes del gobierno afirmaron que no se emitió resolución alguna autorizando los desmontes propuestos, “se debe tener en cuenta que la Ley del OTBN anterior sigue vigente y que la autorización de los desmontes tiene un tiempo de vencimiento de 5 años”. Esto implica que pueda haber desmontes autorizados con antelación aún sin ejecutar, o en proceso de ser realizados. De todas maneras, se indicó que esas superficies están contempladas como suelos transformados al momento de trazar el nuevo OTBN.

Ya a fines de 2020, y ante la manifiesta intención de la Secretaría de Ambiente de la provincia de flexibilizar los requisitos para autorizar desmontes, la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, envió una misiva al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, señalando que con la resolución flexibilizadora se pasaba por encima de lo establecido en leyes nacionales y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina. Allí también le recordaba que el OTBN estaba sin actualizar desde 2014.

El objetivo del nuevo procedimiento es contar con una consulta ampliamente participativa hasta noviembre, con el fin de tener una propuesta de actualización que sea tratada en la Legislatura provincial. “El desafío va a ser que todos se pongan de acuerdo”, dijo un participante de la reunión a Salta/12.

Por su parte, la premisa que abona De los Ríos es que “hay que producir conservando o conservar produciendo”, y sostuvo que esta es la “única manera de permitir el desarrollo sustentable”. Según contaron, el ministro añadió que es necesario “potenciar la matriz productiva en áreas que hasta hoy no tuvieron el debido proceso de atención, cuidado y producción. Porque se han degradado los suelos y hemos condenado a hermanos nuestros (como comunidades indígenas o criollas), a la imposibilidad de una mejor calidad de vida”.

Puntos a trabajar

El gobierno informó que a nivel técnico se trabajará en la actualización de todas las capas de información generadas a 2021: las áreas de valor de conservación, corredores ecológicos, paisajes sustentables, correlación regional interprovincial y posibles cambios de categoría. 

También será tema de análisis la incorporación de algarrobales de los Valles Calchaquíes, sistema de bosque montano, pastizales de altura, otras áreas boscosas no mapeadas y revisión de las áreas grises. De la misma manera, será sistematizada y analizada la información referida a los inventarios forestales y los relevamientos de aves y mamíferos.

En lo referido al proceso participativo, se prevé la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y criollas, a través de talleres virtuales y/o presenciales, de acuerdo a la conectividad de cada lugar.

Según corresponda, los documentos y talleres serán también redactados en las lenguas wichí, guaraní y castellana. El fin es que las decisiones en todos los sentidos sean tomadas en conjunto y validadas por todos los actores.

Finalmente, el equipo técnico que encabeza el proceso aclaró que si bien el objetivo es que en noviembre todos los puntos estén trabajados, se priorizará la eficacia y eficiencia del desarrollo. Así, las fechas de talleres con comunidades serán acordadas atendiendo las cuestiones de cada pueblo y a partir de las sugerencias de organizaciones con presencia en el territorio.

Las siguientes reuniones del Consejo serán planificadas en conjunto y por temática. La información correspondiente y el material a discutir serán enviados con anticipación para su análisis por parte de los actores. Como producto final se obtendrá un documento que apruebe el Ordenamiento Territorial de Bosques y un anexo con las cuestiones que no puedan ser incorporadas para tenerlas en cuenta en años posteriores.