A pesar de que desde el gobierno nacional desmintieron la existencia de alguna iniciativa que avance en nacionalizar el litio, así como que no hay nada presentado en el Congreso Nacional, siguen las repercusiones por el rumor instalado a partir de notas periodísticas y ahora fue el turno de los diputados salteños.

Ayer aprobaron un proyecto de declaración rechazando “cualquier iniciativa legislativa o gubernamental que proponga nacionalizar los recursos propios de las provincias, tales como el litio u otros minerales, por ser violatorias del sistema federal y de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional”.

El autor del proyecto, el saencista Javier Diez Villa, señaló que la iniciativa “es un grito de federalismo exigiendo que las provincias no sean víctimas de medidas nacionales que nos sigan empobreciendo”.

Además, señaló que le preocupa mucho el “andar zigzagueante de Argentina”, por el que hay “miles de millones de dólares de argentinos en el exterior o bajo el colchón por la falta de confianza que genera el gobierno”, arremetió.

Pero después destacó como positiva la ley que impulsa la Nación fomentando la electromovilidad o crear una empresa como YPF litio “como una empresa más que compita desde el Estado con las demás empresas”.

A nivel local resaltó que los gobernadores de las provincias productoras hayan conformado la Mesa del Litio para coordinar la explotación del mineral, que en el país se concentra en Salta, Jujuy y Catamarca, en la desértica zona de la Puna. Diez Villa indicó que en la provincia hay un estimado de 3500 millones de dólares de inversión en los diferentes proyectos en marcha.

Por su parte, Santiago Godoy descartó que existan intenciones de nacionalización o proyecto alguno en tal sentido en el Congreso “porque la Constitución Nacional es clara en ese punto, los recursos son de las provincias y la Nación solo puede sancionar leyes marco con presupuestos mínimos, que se complementan con leyes provinciales", por ejemplo, el Código Procesal Minero, “que en un gran logro regional, es similar en todas las provincias del Noa”.

Además, señaló que declarar estratégico al litio “es crear una verdadera política pública de explotación del recurso, que no sea de mera extracción”, y que además puede constituir una alianza estratégica con Nación.

Godoy subrayó que con la sola producción de carbonato o cloruro de sodio el rédito de la explotación del litio es muy bajo comparado con ese mismo producto industrializado, y advirtió que la ley minera vigente es favorable a las empresas, "lo que tributan es en base a una declaración jurada de lo que sacan”.

Otro de los aspectos en los puntos en los que puso la lupa el diputado fue que la mayor cantidad de mano de obra se da solo en la fase 1, cuando se construye la infraestructura, pero para la producción baja la cantidad de empleados, por lo que el desarrollo no puede pasar solo en propiciar la extracción, por las limitaciones que la propia actividad tiene.

Y finalmente, indicó el impacto ambiental que genera la actividad, especialmente en lo referido al agua, ya que calculó que para producir las 40 mil toneladas que se estiman en Salta, se ocuparían 25 mil millones de litros de agua, según los cálculos que hacen los expertos en el tema.

"Salta hoy tiene solo una mirada extractiva, por lo que debemos ampliar eso a conseguir agregarle valor a al producto y avanzar en una explotación en que la provincia pueda asociarse a la Nación y a las empresas privadas”, concluyó.

Claudio Del Plá también fue crítico del manejo que el gobierno hace del litio, “extraer el mineral en Argentina es barato, y por eso nos estamos acoplando como si fuésemos una colonia, que nos conformamos con una ínfima parte de lo que se genera, que queda con las regalías”.

"El autor del proyecto se calzó el poncho para defender la salteñidad y casi que le declara la guerra a la Nación por una supuesta nacionalización, pero si realmente quiere defender los intereses de los salteños que pida que se derogue la ley nacional que limita al 3 por ciento las regalías, o que proponga derogar las leyes provinciales que en nombre de un fomento a la actividad le devuelven a las mineras lo que pagan de regalías mediante exenciones fiscales y otros beneficios”, expresó el diputado del Partido Obrero.

Coincidió en que la mano de obra que dan las mineras una vez que empiezan a producir es, “como mucho 200 personas, pero eso sería otra cosa si tuviéramos industrias relacionadas con la actividad”. “Debe establecerse el uso de este recurso como parte de un plan de desarrollo que no puede estar dictado por las empresas”, finalizó.

Franco Hernández propuso que se discuta un proyecto de ley que fije que la única manera de sacar el litio de la provincia sea no como materia prima, sino como producto de una industrialización. También citó como antecedentes de normativas al respecto lo que sucedió en Chile, donde se lo declaró recurso estratégico y se avanzó con una comisión nacional del litio, con competencia para dictar normativa, e hizo una reforma tributaria que elevó lo que tienen que pagar las empresas y que deben destinar una parte a la investigación. En tanto, Bolivia lo nacionalizó.

Citó como ejemplo lo que sucedió en el norte provincial con el petróleo, y el riesgo de no generar un desarrollo de los pueblos en los que se produce, porque al ser un recurso no renovable, cuando se acabe quedaría la situación social muy difícil como sucedió en el departamento San Martín.

Por último, recordó que la provincia tuvo el mismo criterio del que hoy se queja, porque cuando modificó la ley de regalías perjudicó al departamento Los Andes, que recibirá mucho menos de lo que le hubiese correspondido.

Mientras que Ramón Villa dijo que la discusión en el recinto es sobre algo abstracto, porque no hay intenciones de la Nación de violar lo que dice la Constitución. Pero contó que el departamento Rivadavia también sufrió un fuerte impacto ambiental por una explotación intensa, tal como calificó a los desmontes : “Quedaron campos desérticos, en lugares que era un vergel natural de pasturas". Y pidió que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) tenga como financiamiento parte de las regalías por el litio que entran a la provincia.

El proyecto se aprobó por mayoría con el voto negativo de Del Plá. Esta declaración será enviada a los legisladores nacionales por Salta, al Poder Ejecutivo Nacional y a ambas cámaras en el Congreso.

Preocupación por Chocobar

Los diputados Del Plá y Godoy expresaron sus objeciones a que el secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, y el Jefe de la Policía, José Ibarra, reciban “con honores” al recientemente condenado por gatillo fácil Luis Chocobar.

El legislador del PO pidió que se convoque a Cruz para que dé explicaciones sobre el hecho, “con esa reunión el gobierno da un claro mensaje político a favor de la impunidad del gatillo fácil”, dijo.

Godoy, en tanto, resaltó que la Fiscalía de Derechos Humanos dio a conocer que en lo que va de 2021 hay más de mil denuncias de casos de abuso policial. “La policía en sí no es ni buena ni mala, sino que depende de quien la conduzca. Y a Chocobar, Cruz lo podría recibir en su partido si quería, pero lo hace institucionalmente y recibe consejos de un hombre que hoy tiene una condena penal”, destacó.

Piden por Dib Ashur y las horas de guardia en Tartagal

Los diputados también hicieron referencia al informe que señala que la provincia tiene superávit fiscal y por ese motivo solicitaron que se lo convoque al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, para conocer que número maneja la provincia y que explique como se pasó de un eventual default hace cuatro meses a una situación inversa.

Gladys Paredes también hizo referencia al ministro solicitándole que la provincia comience a pagar las horas guardias con el mismo monto que lo hacen en capital, debido a que los médicos siguen renunciando y se genera una compleja situación en el hospital de Tartagal, que de por si ya tenía otro tipo de carencias de equipamiento y equipo de médicos.

Al respecto, también se refirieron el diputado Luis Hoyos y la radical Valeria Fernández, todos legisladores del departamento San Martín.