Desde el inicio del ciclo lectivo, gran parte de la comunidad educativa y miles de familias exigen un retorno seguro a las aulas porque la presencialidad impuesta, alertan, produce aislamientos, contagios, secuelas, internaciones y muertes por Covid-19. El frazadazo nacional que se realizará hoy al mediodía en aquellas escuelas del país donde se establece la asistencia presencial a contravoluntad, es un llamado a manifestarse en defensa de la salud física y psicológica de la vida de trabajadorxs, estudiantxs y grupos familiares que reclaman la suspensión de la presencialidad escolar hasta que avance la vacunación y bajen al mínimo posible los casos. A los 102 fallecimientos de trabajadorxs de la educación se les sumó esta semana la muerte de la docente Karina Giménez Montero, de 34 años, profesora de Educación Ciudadana de la Escuela Técnica N° 19 Alejandro Volta, de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo un mes internada tras contraer Covid-19, y de dos trabajadores que realizaban el mantenimiento y la puesta en funcionamiento de calefactores que explotaron en la Escuela N° 144 de San Roque, en Neuquén. Al cierre de esta edición, la docente Mónica Jara, que también se encontraba en ese establecimiento, permanecía internada en estado crítico, con un 80 por ciento de su cuerpo quemado. “La situación en las escuelas se extiende a nivel nacional; la desinversión, los problemas edilicios y las denuncias sobre la falta de condiciones en las escuelas son expresadas día a día por docentes y familias desde hace años. Hoy están agravadas por la situación de pandemia y la presencialidad sin condiciones a la que empujan los gobiernos”, expresó Ademys en un comunicado. “No podemos dejar de pensar en Sandra y Rubén. Estas muertes eran evitables, como las de tantos compañeros y compañeras a las que no les llegó la vacuna a tiempo.”
El frazadazo de hoy desnuda la exposición brutal al virus de niñeces, juventudes y docencias que aún no tienen posibilidad de ser inmunizadas, de trabajadorxs sin vacunar o con una sola dosis, e incluso de personal en condiciones de riesgo, que debió reintegrarse a las tareas presenciales. “Pedimos suspensión hasta que avance la vacunación y bajen al mínimo posible los casos; exigimos dispositivos, conectividad, alimentos, dispensas por poseer o convivir con personas que tienen condiciones de riesgo, por cuidado de menores, alimentos suficientes y saludables, ayudas económicas y políticas que demostrarán que se le da más valor a la vida de las familias trabajadoras que a las ganancias que puede producir su mano de obra”, exige Familias por un Retorno Seguro, una de las organizaciones que convocan a la acción nacional. “No se puede seguir obedeciendo órdenes injustas que producen padecimientos a docentes, estudiantes y familias. No podemos dejar que estas políticas de crueldad deriven en una pedagogía de la crueldad.”
