Fabián "Pepín" Rodríguez Simón apareció este miércoles en el zoom de la sesión del Parlasur donde se discutiría el procedimiento para analizar su expulsión del cuerpo. Hizo muecas frente a la cámara y regañó a sus pares pero no pudo frenar la decisión de 64 parlamentarios de avalar la reglamentación y el inicio del proceso de juicio político en su contra, derivado de su huida a Uruguay y su decisión de negarse a asistir a la indagatoria a la que lo citó la jueza María Servini por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. "No se puede hacer un procedimiento que no cumple con los estándares de legalidad", protestó el operador judicial de Mauricio Macri. Luego se victimizó con una comparación llamativa: dijo que en su momento él mismo se opuso al modo en que fue echado José López después del episodio de los bolsos con millones de dólares en el convento de General Rodríguez, por lo que terminó preso.

El proceso de remoción propiamente dicho comenzará el viernes cuando se reúna la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, que armará una agenda. Entre los primeros pasos tendrá la citación a los denunciantes --del Frente de Todos y del Bloque Argentina Federal-- y a Rodríguez Simón. Lo que se discutía este miércoles era la aprobación de un reglamento para el juicio político que incluye normas éticas. El operador macrista lo cuestionó invocando hasta el Pacto de San José de Costa Rica. Reclamó un "código de fondo" con el argumento de que no sabe de qué lo acusan. "¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Si se hiciera esto, tendríamos un código de ética que defina qué es la falta de decoro, tendríamos el tipo de sanción y de procedimiento a aplicar", sorprendió Pepín con su planteo.

"Ya se le dijo que estar prófugo es una falta ética. Irse del país y negarse a volver para una indagatoria es falta de decoro. Ahora quiere protección y contradice la valentía que demostró durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, cuando denostaba al Parlasur y amenazaba con meternos a todos presos al punto de decirnos 'vayan eligiendo los libros porque van a tener tiempo para leer'", señaló el parlamentario Oscar Laborde (Frente de Todos) a Página/12. "Hasta el presidente del cuerpo, Celso Russomanno, que responde a (Jaír) Bolsonaro, votó por este procedimiento", remarcó Laborde. Además de los 64 votos por abrir el procedimiento, hubo 5 abstenciones, que en este caso representaron un respaldo a Rodríguez Simón. Cuatro fueron de Juntos por el Cambio: María Luisa Storani, Lilia Puig, Armando Abruza y Walter Nostrala. Otra fue de uno de sus aliados, del Frente Cívico de Córdoba, Humberto Benedetto. Todo el proceso puede llevar varios meses y requiere, al final del recorrido, una mayoría especial de 77 votos. El Parlamento del Mercosur tiene 120 miembros, cuya presencia en las sesiones es fluctuante.

"Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. El procedimiento es lo que importa. Les pido reveer esta decisión, porque lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada", insistió Rodríguez Simón, vestido con saco y camisa, reividicando una y otra vez la Convención Americana de Derechos Humanos. El hombre clave de la "mesa judicial" del gobierno de Macri llegó a ocupar una banca en el Parlasur en 2015, cuando tenía el segundo lugar en la lista de Cambiemos para este parlamento. En ese entonces estaba investigado por su papel en la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), desde donde apaleaban a las personas en situación de calle, de lo cual relatan algunos de sus colegas parlamentarios que se jactaba y se decía perseguido por la "justicia K". Como ahora en la causa donde fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, donde descalifica la investigación y se presenta como perseguido político, argumento que utilizó para pedir refugio en Uruguay. Recién llegado al Parlasur, decía que no iba para protegerse con fueros, algo que intentaba atribuir a otros parlamentarios, como Milagro Sala, que igual fue detenida.

En el tramo de su intervención donde aludió a José López intentó argumentar en defensa propia: "Algunos nos opusimos cuando se removió a José López porque no había procedimiento ni código de ética ni las sanciones" establecidas. Entonces dijo que a su entender deberían aludir al comportamiento de parlamentarios/as como tales. "Si voy borracho a una sesión, si insulto a otros...", "esas son faltas de decoro". 

Cuando terminó de hablar Pepín, le tocó a Herman Olivero (Unidos por una Nueva Alternativa), que aprovechó para colar una ironía sobre la comparación con López que, dijo que "deja mucho que desear": "José López tiró los bolsos por un tapial de un convento y él (Rodríguez Simón) tiró los bolsos para el Uruguay. Es un tema de bolsos pero hay que aclararlo". También dijo que le llamaban la atención algunos de los apoyos que había obtenido porque habitualmente "para encontrar alguien que hablara bien de usted había que andar un rato largo, porque sinceramente no lo encontrábamos". Antes de Pepín había pedido la palabra Jorge Vanossi (UNA), que habló indignado porque había advertido la firma de Rodríguez Simón en una nota del Parlasur sobre Nicaragua. "Hay una falta ética de este señor y no estoy dispuesto a firmar una nota firmada por esta persona", dijo con vehemencia. "Hay una falta ética por indignidad personal, no solo en el Parlasur. Este personaje desempeñaba funciones incompatibles porque estaba en el directorio del YPF y era asesor" del ex presidente Macri.

Rodríguez Simón está en Uruguay desde diciembre del año pasado, cuando ya era investigado a raíz de la denuncia de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de C5N y Radio10, entre otros medios. Este año Servini le prohibió salir del país, pero dijo que estaba en Uruguay y que tenía un pasaje de Buquebús para volver a mitad de mayo. Cuando Servini lo citó a indagatoria, anunció que se quedaría en el país vecino, donde el 6 de mayo pidió ser reconocido como refugiado. Servini lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional e Interpol incluso le dio curso, pero ya estaba iniciado el proceso judicial en los tribunales de Montevideo, donde habitualmente ante un pedido de refugio que choca con uno de extradición, los jueces/zas esperan a que se expida la Comisión de Refugiados, que tiene 90 días de plazo, y luego resuelven en consecuencia. Pese a que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en un comienzo dio señales de no poner obstáculos, aún no hay novedades.

Mientras tanto, "Pepín" comenzó a ser investigado en otra causa, que es la de la "mesa judicial", integrada por ex funcionarios macristas que apuntalaron al gobierno de Cambiemos en el diseño de una justicia propia, mediante aprietes a jueces y juezas y, entre otras cosas, presiones hasta lograr la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, así como el fogoneo de las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo y la arquitectura para proteger a Macri de los expedientes en su contra. En todo, y con despacho en la Casa Rosada, pese a no ser un asesor formal, estaba Rodríguez Simón.