“Que hagan un circo para un mapa que quede como es hoy, es un despropósito. Es perder el tiempo”. Así respondió el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, las consultas sobre una comunicación que envió la entidad al gobierno de la provincia el 22 de junio pasado, en la que descartó su participación en el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que realizó este martes su primera reunión.

El objetivo de la convocatoria es actualizar el mapa de ordenamiento que permite a la provincia establecer qué bosques pueden ser desmontados y cuáles no. 

“Estamos en crisis climática, sanitaria y de biodiversidad que nos plantea otro escenario, no es lo mismo que en 2007”, dijo Giardini a Salta/12. Tras esta primera reunión, se conoció del malestar de otras organizaciones que no fueron convocadas a la revisión del OTBN, que está sin actualizar desde 2009, cuando fue aprobada la Ley provincial 7543, que lo enmarca.

“Creo que hay que estar en la reunión porque soy un actor social que representa a la ciencia y la técnica de Salta, entiendo que la voz del CONICET y de la UNSa. deben estar ahí”, dijo por su parte el investigador del CONICET, Lucas Seghezzo, al sostener que respeta la posición de Greenpeace pero no comparte su estrategia de mantenerse afuera.

Seghezzo recordó que en 2008, cuando se inició el trazado del mapa del OTBN, hubo un plano original que fue realizado por técnicos del INTA, Parques Nacionales y otras organizaciones conocedoras del ambiente, que, sin embargo, terminó siendo descartado por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, que en cambio mandó un mapa de menor complejidad realizado por consultoras privadas, que luego fue aprobado por la Legislatura provincial.

Recategorizaciones, desmontes y ¿Después?

Tanto Giardini como Seghezzo apuntaron a las recategorizaciones que permitió el anterior gobierno sobre el mapa de OTBN. 

Las recategorizaciones se hicieron sobre superficies que estaban en rojo o amarillo (color que indica que no se podía desmontar), para pasarlas a verdes y habilitarlas para ser desmontadas. La estrategia fue impuesta por el gobierno y denunciada por otra asociación dedicada al ambiente, encabezada por Andrés Leake. La acción siguió entre 2011 y 2014. Ya en 2015, con una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación de por medio, se dio marcha atrás. Pero los desmontes que se autorizaron sobre esas tierras continuaron sin cambios.

“Las fincas que fueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio aún no fueron restauradas”, indicó Giardini en la nota enviada ahora al gobierno provincial. “Hay que hacer una revisión completa que es lo que se supone que se va a hacer ahora pero yo tengo mis dudas”, dijo por su parte Seghezzo. Y es que no se entiende cómo serán consideradas en el análisis del mapa las tierras que se desmontaron por las recategorizaciones y que por eso mismo serían deforestaciones ilegales.

A ello se agregó que pese a la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos vigente y la Ley Provincial de OTBN, “desde la sanción a fines de 2007 de la normativa forestal nacional hasta el año 2019 en la provincia de Salta se desmontaron 628.307 hectáreas”. Mientras, “el monitoreo satelital que mensualmente realiza Greenpeace pudo comprobar que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas”.

Pocas garantías de participación

Otro de los puntos que preocupa es cómo se va a instrumentar la participación en la discusión en medio de la pandemia. Para Greenpeace, la participación vía virtual para las comunidades originarias y criollas de las zonas rurales (que serían las más afectadas directamente por el nuevo OTBN), no es garantía de intervención.

“Resulta preocupante que la provincia avance con la actualización del OTBN a pesar de las restricciones a la circulación, a actividades por la pandemia de covid-19, y la falta de conectividad a Internet de sectores claves para la discusión sobre lo que se realizará en sus territorios, como indígenas y campesinos”, indicó Giardini.

Afirmó que más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más enfermedades, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Y es por ello que “resulta fundamental establecer la prohibición y penalización de los desmontes e incendios forestales. Solicitamos que, como autoridades en materia ambiental, avancen en ese sentido en forma urgente”.

Seghezzo, por su parte, prendió una luz de alerta dadas las intenciones que consideró, hay en el gobierno, de hacer “pequeños retoques del mapa actual”. A entender del investigador, esto restringe la capacidad de hacer un mapa en el que, por ejemplo, se respeten los reclamos de las distintas comunidades sobre la posesión de las tierras. “Me sonó como luz roja lo de pequeños retoques porque me parece que todo este proceso pueda ser una legitimación de decisiones ya tomadas”, dijo en una comunicación que mantuvo con Radio Nacional.