La emoción es enorme, invade el pecho desde adentro. Tomamos aire: luego del festejo, hay que seguir la pelea. Es momento de ir a por un organismo independiente del Estado que permita a la población civil monitorear centralizadamente las formas en que la ley se transformará en hechos.
Las leyes afirmativas o de discriminación positiva son aquellas que vienen a reafirmar la consagración de un derecho universal para una población en particular, fruto de la lucha de colectivos que alcanzan reconocimiento estatal sobre sus condiciones estructurales de precarización. Estas condiciones implican la falta de acceso del mismo modo que el resto a ese derecho universal. Estas leyes parecen constituir el paradigma legislativo más solvente para arrimar condiciones de equidad a aquellos colectivos más apaleados. En las antípodas de las perspectivas del derecho, se encuentran países que consideran que con la declaración de igualdad universal debería alcanzar (es el caso de Estados Unidos en la actualidad). El liberalismo está dispuesto a repartir tratos iguales para todos, a costas de que sea un acto claramente necio repetir que todes somos iguales. Este es uno de los fundamentos que más hemos escuchado en contra del cupo trans.
Sin embargo, tampoco podemos confiar en que este mismo Estado, constituido en sus orígenes sobre los mismos cimientos liberales y con tantos férreos defensores de este modelo tan imbricados en posiciones de gran poder, sea promotor de estas leyes, aún incluso una sancionada. En Argentina, tenemos un sólido antecedente: el cupo laboral para personas con discapacidad, sancionado en 1981. Sabemos que no se cumple. La construcción de un relato que contrapone los derechos de la mayoría como prioridad a los de las minorías (como si las mayorías no fuéramos las sumatorias de todas las minorías vulneradas), tiende a prorrogar la aplicación de nuestros derechos a la espera de primero atender las urgencias de la “mayoría”: entiéndase, los intereses de las agendas gubernamentales, empresariales, eclesiásticas y de las cúpulas sindicales. Es por esto que requerimos constituir organismos civiles públicos que puedan fortalecer los mecanismos de la sociedad civil interesada -en este caso, la población trans y travesti- para alcanzar la efectivización de este derecho.
FAKE NEWS Y DESESPERACION
Gran parte de la vulnerabilización a la que somos expuestes se da durante las convocatorias mismas a los puestos que a cuenta gotas se abren: convocatorias poco comprobables al mejor estilo fake news que juegan con la necesidad y la desesperación de trans y travestis, que mandan currículums a cientos de lugares sin recibir siquiera una sola respuesta. Desesperación, y la internalización de que el fracaso es nuestro.
No se trata de adelantarnos a perseguir fantasmas imaginarios: podemos dar cuenta de una vasta cantidad de relatos de personas trans y travestis cuyas experiencias de contratación bajo el concepto de cupo trans han resultado no sólo irregulares respecto del espíritu de las leyes (en aquellas provincias que cuentan con leyes de cupo trans), sino que han terminado por ser modalidades de contratación revictimizantes. En muchos de estos casos, ha sido el Estado mismo quien vulneró los derechos laborales de estas personas.
Sin ir más lejos, fue en el 2018 que en este mismo suplemento publicamos la denuncia de dos trabajadores trans de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. No cobraron su salario por más de cuatro meses, motivo por el cual uno de elles decidió denunciar su situación: habían sido contratades un año antes, a partir de una decisión política celebrada pomposamente en los medios. Un año más tarde, la Defensoría -con mismas autoridades, por cierto- decidió no renovar los contratos, sin que mediara una explicación.
Tampoco sus puestos de trabajo habían sido dejados vacante para otras personas trans, algo contrario al espíritu de la ley. A partir del reclamo, que fuera impulsado por uno de les damnificades con el apoyo de la comunidad local, logró su reincorporación: no así la de su compañera. Por su parte, el trabajador reincorporado debió pasar meses en un húmedo archivo en un sótano, sólo, sin tareas asignadas, hasta ser relocalizado.
MESA DE ENTRADA Y DE SALIDA
La lista sigue: contratos basura, salarios por debajo del Salario Mínimo, sobrecarga de tareas, hostilidad de supervisores y compañeres. Experiencias de sobre exposición y de aislamiento social: en otras palabras, o mesa de entrada de atención al público (aquellas instituciones que gustan de mostrar su cara más “inclusiva” de lleno), o sótanos y horarios para ser vistxs lo menos posible.
“Las reglas del sistema patriarcal imponen que una o varias mujeres alcancen lugares de poder para hacer ver a las demás que es posible, y que la mujer que no lo logra es porque no lo desea o por falta de capacidad”, nos dice la jurista y filósofa feminista, Alda Facio. En el caso de las personas trans y travestis, aplica lo mismo. De esta revulnerabilización también debemos prevenirnos. No podemos esperar que los cuerpos que hemos sido destinados por el mercado a ocupar los rubros de las labores informales podamos desempeñarnos de un día para el otro con las capacidades que un trabajo formal requiere. No se espera que un oficinista sepa preparar cemento, ni que un obrero metalúrgico haga la liquidación mensual de la empresa. Del mismo modo, no se puede esperar que trans y travestis, acostumbrades a una temporalidad absolutamente distinta, especialmente las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución, puedan de un día al otro dejar el horario de la noche para entrar a trabajar a las ocho de la mañana.
Hemos de poner en duda incluso lo que tantos congresistas (cisgénero todes) han afirmado sin dudar: que el trabajo dignifica. Si las condiciones del trabajo son precarias, aún más lejos se está de saldar las opresiones que pesan sobre los cuerpos. A mayor grado de opresiones, mayores son las condiciones necesarias para poder romper con un destino de precarización de la proyección vital. El trabajo no reconocido, mal pago, tercerizado no alcanza para reparar el daño que, a mayor edad vivida, más se agrava. No cuestionar las condiciones del trabajo antes de habilitar una vacante que quienes más la necesitan no podrán sostener es una meritocracia encubierta.
REPARACIONES
La ley explicita que se creará como autoridad de aplicación una Unidad de Coordinación Interministerial para garantizar la implementación, conformada por 5 ministerios y el INADI. En todas estas estructuras estatales la mayoría de los roles de decisión son ocupados por personas cisgénero. También así será en todas las entidades que deberán aplicar el cupo. No se ha terminado el cis-hetero-winca-capitalista patriarcado. Sólo se ha afirmado nuestra existencia, y nuestra falta de igualdad en las condiciones a las que nos empujan.
Tampoco la ley deja en claro cómo desde la sociedad civil podremos traccionar a las dependencias que incumplan con ella. Tenemos la experiencia de luchar casi diez años con la Ley de Identidad. Pero la ley sí dice que la coordinación interministerial tendrá la competencia de incluir otros organismos si lo considerase necesario. Es por esto que abogamos por un organismo constituido únicamente con el fin de representar a la parte de la sociedad civil trans y travesti que no tiene un vínculo estrecho con el Estado. Un organismo que tenga derecho a reunirse periódicamente con la mesa de coordinación interministerial y recibir informes de avances. Y que pueda relevar los relatos de las formas de aplicación en todo el país. Que pueda comprometerse a la difusión de las buenas prácticas y medir en el tiempo la capacidad de impacto de esta ley. Un organismo con la independencia política del Estado que requiere llevar adelante seriamente esta tarea. No queremos ser una nueva lavada de cara, ni manipulades a través de nuestro miedo al desempleo, a un nuevo fracaso. No es conformándonos que hemos llegado hasta acá. Es ahora. Vamos por todo.
