El gobierno oficializó hoy la decisión de dejar bajo control estatal la administración de la red troncal del río Paraná de forma temporal. Tal como se había anticipado, la decisión del gobierno fue otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) "la concesión de operar para mantener el sistema de señalización, dragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal" durante doce meses, de acuerdo al Decreto 427. En ese lapso, el Ministerio de Transporte elaborará el pliego para realizar la licitación y concesión definitiva.

"La Vía Navegable Troncal tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico", explica el decreto que Alberto Fernández tenía a la firma hace varios días y publicó este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión de que sea la AGP la elegida para administrar en un primer momento la red fluvial tiene que ver con que los trámites administrativos que se requieren para licitar son más ágiles que los que debe llevar a cabo un Ministerio. La AGP puede resolver en siete meses las licitaciones que cualquier Ministerio resuelve en el doble de tiempo. Asimismo, al dedicarse a la actividad ya cuentan con la gimnasia de realizar pliegos y el conocimiento de la empresas con capacidad de realizar las tareas de mantenimiento necesarias para mantener operativo el rio. "Cuenta con el formato jurídico y técnico apropiado para cumplir con los mencionados cometidos hasta tanto se desarrolle la licitación pública prevista en el Decreto N° 949/20", resume el decreto.

Para llevarlo a cabo, el decreto modificó el estatuto de la Administración General de Puertos. Le incorporó un artículo por el cual faculta a la empresa del Estado a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios en la Vía Navegable Troncal, esencial para el comercio exterior argentino.

El decreto fijó condiciones para la prestación del servicio por parte de la AGP. Estableció un plazo de duración de doce meses, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación. Además, será la AGP la que determine la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la misma.

También deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.

Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.

Asimismo, el organismo que conduce José Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.

"Lo que hace el Presidente es darnos un tiempo a todos los argentinos para elaborar un pliego de condiciones generales, específicas y técnicas para salir con una licitación que va a durar entre doce y quince años, y que va a contemplar justamente todos aquellos aspectos, como por ejemplo la creación de un Ente de control, que preveía la licitación vigente pero nunca se aplicó”, explicó el ministro de Transporte Alexis Guerrera en declaraciones radiales. 

"Tenemos que empezar a diferenciar algunas situaciones dentro de lo que es la Hidrovía que, por ahí, en el debate, se entremezclan. Lo que le corresponde al Ministerio de Transporte y en este caso a la AGP, es el mantenimiento de la obra civil. Cuando se habla de contrabando, de falta de control y demás, en realidad son situaciones que suceden en la Hidrovía y que tienen en el Estado sus organismos de control, que están con la actual concesión y van a estar con las futuras concesiones", explicó el ministro.  

Guerrera concluyó que “lo que faltó durante estos años fue un verdadero órgano de control que aglutine toda la información pertinente y opere como nexo con todos los otros actores de la Hidrovía, y por sobre todo los que van a desarrollar la obra pública. Realizar el seguimiento de todas aquellas tareas que atañen a la obra pública”.

Desde 1995 las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía S.A. integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días para iniciar un proceso para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.