La imagen de un centenar de militantes protestando en Reconquista delante del edificio del MPA reclamando por un violento desalojo a pobladores que ocuparon terrenos para resolver su carencia habitacional es una postal de estos tiempos.

La crónica policial en Rosario, el otro extremo de la bota que da cuenta una vez más de una nueva balacera con un saldo de dos jóvenes asesinados en la guerra narco de una sola trinchera, al tiempo que ocho presos se fugan de la cárcel de Piñero.

La ley aprobada en la legislatura que permite al pleno de ambas cámaras, para impedir cualquier tipo de investigaciones sobre posibles delitos, aplicar sanciones a los fiscales y otra especial, para sancionar al jefe de investigaciones del MPA, tras su renuncia como Ministro de Seguridad, confirma la teoría de que es posible “perseguir hasta debajo de la cama”.

El recurso de amparo dictado en favor del ex ministro Marcelo Saín que ordena a los diputados y senadores no sancionar como jefe de investigación aduciendo cargos cometidos como ministro, que devinieron abstractos luego de su renuncia, pese a un fallo de la Corte que lo autoriza es la pieza que faltaba para caracterizar a la situación de escándalo institucional.

Este tipo de crisis son siempre el reflejo de los entramados estructurales que generan desigualdad, violencia, y van “in crescendo”. Décadas de impotencia en una lucha cosmética contra el narcotráfico y el contrabando hicieron eclosión. 12 puertos privados sin control sobre el Paraná convirtieron a la Hidrovía en el escenario del contrabando y el narcotráfico. El volumen de lo traficado fue corrompiendo a los representantes políticos y estatales a tal punto que las formalidades judiciales se convirtieron en un campo de batalla. La estructura productiva de la provincia ha impedido el surgimiento de un caudillo que concentre el poder judicial, como sucede hoy en Jujuy, donde la uniformidad política es un entramado familiar.

En Santa Fe las contradicciones estallan y la promesa de campaña de Omar Perotti de enfrentar a las mafias, generó un revuelo transversal que balcanizó la Cámara de Diputados y de Senadores. Hoy tenemos una alianza defensiva de impunidad que tejen legisladores para impedir ser investigados. Tanta autocracia tenía que estallar y está pasando en estos días.

Su decisión de nombrarlo a Marcelo Saín en el Ministerio de Seguridad dio cuenta de ello. El veto a la ley de superpoderes autoinmunes que votó la mayoría de diputados y senadores para consagrar la impunidad transversal y el allanamiento del ejecutivo al recurso de amparo presentado por el fiscal Marcelo Saín, son claras señales que van en el mismo sentido. Una cosa es criticar los modales políticos de un funcionario, sean soberbios o despectivos y otra diferente es propinar detrás del poncho de las formas, la puñalada trapera del amordazamiento del Ministerio Publico de la Acusación.

No evaluaron los legisladores transversalizados por la impunidad el respeto que conserva Marcelo Saín en el ámbito nacional, particularmente de los Derechos Humanos. Cuando un escándalo provincial se nacionaliza su destino suele ser impredecible. La opinión pública está asociando cada vez más, los crímenes interminables de jóvenes pobres, con el narcotráfico, a este con la Hidrovía, y a la ruta acuática con la gigantesca estafa de Vicentín y ese no es un problema excluyente de los santafesinos.