En un contexto internacional donde varios países europeos, con Francia a la cabeza, imponen a los servicios de streaming -los grandes ganadores de la pandemia- impuestos y obligaciones para invertir en la producción audiovisual local, el colectivo argentino denominado Espacio Audiovisual Nacional (EAN) dio a conocer en la tarde de ayer un nuevo  proyecto de Ley para la Producción Audiovisual, que grave a las nuevas tecnologías y plataformas digitales. 

"Existen gran cantidad de negocios comerciales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, a través de las nuevas tecnologías digitales de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales. Estas empresas no contribuyen, en la real medida en la que deberían, a fortalecer la producción local de películas, series y nuevos formatos, como ya en otros países comienzan a estar obligados a hacerlo para generar una vigorosa industria audiovisual", señala en sus considerando el EAN en su página web.  

A mediados de 2020, desde un grupo de reconocidas entidades profesionales de directores/as, guionistas y productores/as con una histórica participación en la defensa de la actividad audiovisual a nivel nacional, entre ellas DAC - Directores Argentinos Cinematográficos (www.dac.org.ar), APIMA Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (www.apima.com.ar), PCI - Proyecto Cine Independiente (www.pcicine.com), ARGENTORES - Sociedad General de Autores de la Argentina (www.argentores.org.ar), con la colaboración de profesionales expertos en administración pública y extensa experiencia en la redacción de leyes, iniciaron este trabajo que se centró principalmente en identificar todos aquellos factores que en la práctica no funcionaron tal como fueron propuestos hace 27 años en la Ley de Cine.

Muy especialmente, la tarea también consistió en identificar e incluir en el texto aquellas cuestiones que hoy, por uso y aplicación de las nuevas tecnologías digitales, han pasado a ser esenciales y no fueron contempladas cuando esta normativa fue sancionada, dado que obviamente no existían en aquel entonces.

La falta de actualización de la vigente Ley de Cine 17.741 dio inicio a este trabajo y propuesta, tendiente a lograr un texto borrador con el objetivo de convocaral diálogo y de consensuar una propuesta de proyecto de Ley, que permita contemplar las necesidades e intereses de todos los sectores involucrados en la actividad de la producción audiovisual nacional.

Según el EAN, "no se trata aquí de un texto 'cerrado' sino y, por el contrario, de un punto de partida para abrir el diálogo, escuchar nuevas propuestas e ideas, colaborar y trabajar en conjunto para lograr el necesario consenso que una normativa como esta requiere". Para ello, convocaron a una primera mesa de trabajo con reconocidos/as productores/as, guionistas y directores/as, principales conocedores de la aplicación práctica de la actual Ley, a los que continuaron sumándose más profesionales y entidades de diferentes sectores con el objetivo de conseguir una normativa actualizada que logre poner nuevamente en pleno funcionamiento a nuestra industria audiovisual.

El texto del EAN señala que "día tras día se pierden las fuentes de trabajo de directores y directoras audiovisuales, guionistas, actores y actrices, técnicos audiovisuales, e infinidad de trabajadores y artistas que nutren con su capacidad y fuerza laboral nuestra industria nacional de producción de obras audiovisuales, que son parte integral de la identidad de nuestro pueblo y de nuestra cultura que es altamente reconocida en todo el mundo". Y amplían: "Es central y absolutamente necesaria la participación de todas las entidades que agrupan a quienes trabajan en el audiovisual a nivel federal en todo nuestro país, y que también están ahora incorporándose al grupo de trabajo y participando activamente en la redacción de este proyecto".

En los fundamentos del proyecto de ley, se destacan particularmente los siguientes puntos:

  • Consideramos que es deber del estado argentino regular este universo de prácticas, en defensa de los contenidos nacionales audiovisuales, fomentar su producción y asegurar su distribución, así como sostener el compromiso del Estado Nacional con la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO que impone a los firmantes, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.
  • En esta misma dirección se vuelve necesario modificar los gravámenes a todos los nuevos medios de exhibición existentes y a los que vendrán.
  • También se vuelve imperioso establecer y hacer cumplir "cuotas de pantalla" en todos los medios por los que circulan ese tipo de contenidos, para de este modo, dada la concentración de los medios en manos de grupos hegemónicos, contrarrestar sus prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante.
  • Al disponer la unificación de todo el espectro audiovisual en esta ley, consideramos al actual Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como la entidad competente para administrar esta regulación, y evitar mayores gastos en la puesta en marcha de una nueva institución ya que posee la experiencia y el personal idóneo para el correcto control de las nuevas disposiciones.

Sin embargo, el EAN entiende que por "su estructura rígida y burocrática, fue haciendo que el INCAA, ente responsable en la aplicación y administración de la ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales. La ineficacia de su estructura administrativa, de su Consejo Asesor de co-gobierno 'simbólico', las fallas en la selección rigurosa de los materiales que deben ser protegidos, hace inevitable revisar toda esa experiencia de 26 años para sancionar una nueva ley efectiva y ajustada a la nueva realidad audiovisual constituida por plataformas diversas y simultáneas".

Por ende, las principales propuestas que incluye el borrador de esta nueva Ley, que se plantea actuar sobre todo el conjunto del universo audiovisual, son:

  • La modificación de la estructura de conducción para el nuevo INAA, al conformar un directorio integrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales del resto del país, para asegurarle un contexto federal, es sin duda un cambio importante y estratégico al manejo unipersonal del INCAA que ha primado hasta la fecha y permitirá democratizar la participación de todos los “actores” de la industria audiovisual argentina.
  • La evolución de las distintas formas de comunicación que interactúan en forma permanente con la sociedad, han modificado el paradigma del consumo de la producción audiovisual, por lo que resulta fundamental ampliar el concepto de cuota de pantalla, incorporando la obligatoriedad por parte de estos servicios, de contar en su catálogo de programación, con producciones nacionales, a los efectos de fomentar nuestra industria y difundir nuestra cultura.
  • Conferir a la nueva administración un verdadero régimen federal y de paridad de género.
  • Este nuevo contexto requiere la ampliación de las regulaciones y gravámenes a todas las nuevas formas de exhibición de producciones audiovisuales.
  • Corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su difusión.
  • Recomponer al “Costo Medio”, de forma en que respete el espíritu con que fue creado, significando una verdadera referencia del costo de una producción audiovisual estándar.
  • Modificar y clarificar los sistemas de ayudas consistentes en créditos y subsidios.
  • Planificar anualmente la producción para la correcta utilización de los fondos de fomento.