Desde Londres

Un total de 130 países respaldaron los dos pilares acordados en la reunión del G7 en junio para reformar el sistema impositivo internacional para las multinacionales.
Entre las naciones se encuentran todas las del G20, incluida la Argentina, que entre el 9 y 11 de julio se pronunciarán en Venecia sobre la propuesta. Solo nueve jurisdicciones de las 139 que forman el Marco Inclusivo de la OCDE, entre ellas la República de Irlanda y Hungría, rechazaron el plan. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, cantó victoria. “Después de años de intenso trabajo y negociación este paquete histórico asegurará que las multinacionales paguen lo que deben en impuestos en todas partes del mundo”, dijo.

Otra ha sido la posición de miembros clave, como India, y de organizaciones no Gubernamentales centrales en todo este largo proceso de negociación, para quienes el acuerdo está lleno de agujeros y favorece a los países desarrollados. La pronta respuesta de India es particularmente relevante dada la fuerte presión diplomática que padeció para que no acordara públicamente con Argentina sobre la necesidad de un acuerdo más amplio. El lunes en una conferencia de prensa virtual convocada por el influyente G24 que agrupa a los países en desarrollo el ministro de Economía Martín Guzmán había dejado en claro sus críticas a las reformas. Si bien declaró que era un “paso positivo”, subrayó que el 15 por ciento de impuesto mínimo a las multinacionales es muy bajo y que el sistema de asignación de lo recaudado “genera mayor desigualdad que la ya existente”.

En su reacción al comunicado de la OCDE, India cerró filas con Argentina y mostró que, por el momento al menos, se sostiene la crucial unidad del G24 y el Foro Africano de Administración Tributaria. “India está a favor de una solución de consenso que sea simple en principio y simple de implementar. Esta solución debe contener una clara y significativa asignación de recursos que le otorgue suficientes ingresos a los países en desarrollo y emergentes”, señala el comunicado de India. En un sentido similar se pronunció Martín Guzmán poco después de que se conociera el comunicado de la OCDE. "Argentina, luego de firmes y valiosas negociaciones multilaterales en las que se construyeron entendimientos, acompañó el consenso. De aquí a la cumbre del G-20 en octubre, hay que seguir trabajando en los detalles del acuerdo para que efectivamente sea sano para el mundo”, dijo. 

A pesar de estas reservas, Argentina, India, el G24 y el Foro Africano de Administración Tributaria se encuentran entre los 130 países del Marco Inclusivo de la OCDE que dieron su respaldo a los dos pilares de la reforma. ¿Cómo se entiende esto? “La única opción que había sobre la mesa era o aceptar todo en su conjunto o rechazarlo todo”, explicó a PaginaI12 Alex Cobham director de Tax Justice Network (TJN). Planteado en términos de todo o nada, hubiera sido insensato rechazar la primera reforma seria del impuesto a las multinacionales desde que se fue consolidando entre los 60 y los 90 el actual sistema de paraísos fiscales y evasión tributaria corporativa global.

En este contexto, TJN, que ha liderado la lucha por la justicia fiscal en las últimas dos décadas, rescata el cambio de principios en el debate público y en las propuestas. “Esto puede ser un punto de inflexión en la lucha contra el abuso corporativo. Los 1.38 billones de dólares (trillions en inglés) de transferencia de ganancias que realizan las más grandes multinacionales van a achicarse por primera vez. Esto es importante”, señala Cobham a PáginaI12.

El vaso medio vacío

En la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional (ICRICT), que cuenta entre sus filas a Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman, calificaron de “oportunidad perdida” al anuncio. 

ICRICT considera que los dos pilares de la reforma solo abarcan a un número muy reducido de multinacionales con un porcentaje muy bajo de impuesto mínimo. En el caso del primer pilar, dirigido sobre todo a las digitales, tocará a unas 100 compañías. En el caso del segundo pilar, para el resto de las grandes corporaciones, solo afecta a las que facturan más de 750 millones de dólares, un total de unas cuatro mil corporaciones.

“La ICRICT considera que una reforma integral permitiría gravar los beneficios de TODAS las multinacionales a nivel mundial en función de sus actividades reales en cada país, es decir, asignando los beneficios corporativos globales de las multinacionales a los distintos países según una fórmula, en función de los factores clave que generan los beneficios: el empleo, las ventas y los activos Y un ambicioso impuesto mínimo efectivo global del 25 por ciento para las multinacionales pondría fin a la perjudicial competencia fiscal entre países y reduciría el incentivo de las multinacionales para trasladar los beneficios a los paraísos fiscales”, señala el comunicado.

Este aumento del impuesto corporativo mínimo y una expansión del universo de multinacionales significaría un fuertísimo aumento de la recaudación impositiva incluso para los países desarrollados, algo que puede abrir el camino a un acuerdo norte-sur más sustancial en tiempos de pandemia. La misma ICRICT señala que un impuesto mínimo de “al menos el 21 por ciento que proponen ahora Estados Unidos y Argentina” aportaría cientos de miles de millones de dólares adicionales de recaudación. Si a Estados Unidos le conviene, el final está abierto.

¿Cómo sigue la película? Con esta declaración está descontado el respaldo con inevitables bombos y platillos del G20 en Venecia, pero hay terreno por atravesar de acá a la cumbre de la OCDE en octubre. La opacidad de la OCDE y su rígido sistema jerárquico son obstáculos. La unidad del G24 y el Foro Africano de Administración Tributaria, sumado a las contradicciones en países desarrollados, pueden favorecer cambios.

En algo coinciden las ONG y estas naciones: el cambio es importante a nivel de principios, insuficiente en términos prácticos y requerirá pasos adicionales, como señaló en un blog este viernes, Richard Murphy, cofundador en 2003 de TJN. “Es cierto que la tasa mínima es muy baja, que gran parte de la recaudación irá a países desarrollados y que los bancos, y el sector financiero estarán exceptuados. También es verdad que habrá límites muy estrechos para la recaudación de industrias extractivas y multinacionales. ¿Por qué celebrar entonces? Por tres razones. Primero, que ha sucedido, eso en sí es un gran progreso. Segundo que es mejor que haya un acuerdo a que no lo haya. Y tercero porque, dado que el acuerdo no es suficiente, llevará a una nueva ronda de negociaciones”, señala Murphy.