La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la apertura de una investigación al presidente Jair Bolsonaro por el presunto delito de prevaricato por la sobrefacturación en las negociaciones de la compra de la vacuna india Covaxin por parte del ministerio de Salud.
El pedido fue hecho por el subprocurador general de la República, Humberto Jacques de Medeiros. En la petición de apertura de investigación, Jacques afirma que es preciso esclarecer las circunstancias del supuesto aviso que le fue dado a Bolsonaro sobre las citadas irregularidades para comprobar si se configuró el delito de prevaricación. “Debe aclararse qué se hizo tras la citada reunión en cuanto a la adopción de medidas", agregó el fiscal.
La Fiscalía pidió que se autorice a la magistrada Rosa Weber a buscar información en la Contraloría General de la Unión, en el Tribunal de Cuentas de la Unión, en la Fiscalía del Distrito Federal y en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la covid sobre las negociaciones relativas al Covaxin. También pidió que se establezca un plazo de 90 días para adoptar las medidas para concluir si hubo o no prevaricato por parte de Bolsonaro.
Días atrás el fiscal general, Augusto Aras, había pedido esperar a que finalice la CPI para aceptar la petición de los tres senadores, entre ellos el vicepresidente de la CPI, Randolfe Rodrigues (REDE), para esclarecer las presuntas irregularidades en las negociaciones para adquirir dosis de la vacuna Covaxin. Sin embargo, la magistrada Rosa Weber, ponente en el caso, le ordenó a la PGR y al equipo de Aras que se manifestara de nuevo sobre el caso. En su decisión, Weber señaló que la Constitución no prevé que el Ministerio Público deba esperar el trabajo de la CPI para indagar posibles delitos. "No existe ninguna previsión en el texto constitucional ni en la legislación reguladora de la suspensión temporal de los procedimientos de investigación relacionados con el objeto del CPI", dijo. "En el diseño de las competencias del Ministerio Público, no se vislumbra el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República", destacó Weber.
El objetivo de la investigación es esclarecer si existieron irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno federal y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin. La trama fue revelada la semana pasada en una de las sesiones de la CPI en la que testificó el diputado Luis Claudio Miranda y su hermano Luis Ricardo Miranda, funcionario del ministerio de Salud. Los testigos afirmaron que el 20 de marzo Bolsonaro fue informado personalmente en el Palacio de Alvorada, la residencia presidencial, de las maniobras en torno a la operación por 300 millones de dólares.
De acuerdo con los documentos presentados por el diputado Miranda, en la negociación se había acordado que parte del pago de las vacunas sería depositado a una empresa que no figuraba en el contrato, la firma Madison, con sede en Singapur. La CPI que investiga la gestión de la pandemia del gobierno de Bolsonaro consideró el hecho “altamente sospechoso”, además en otras cláusulas del contrato figuraba como intermediario Francisco Maximiano, un empresario brasileño que ya incurrió en fraudes en el área de salud. Maximiano es dueño de una empresa investigada por corrupción tras haber “vendido” al ministerio de Salud insumos médicos que nunca entregó.
El diputado Miranda aseguró que Bolsonaro habría respondido que pediría a la Policía Federal (PF) que abriera una investigación. Sin embargo, la CPI de la covid investigó y comprobó que no existió tal solicitud a la PF. Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, desde la revelación del caso el gobierno cambió su versión más de una vez. En la última versión circulada, Bolsonaro habría comunicado las sospechas al entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello, y que éste habría pasado al entonces secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elcio Franco, quien no habría encontrado ninguna irregularidad.
El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer. El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la casa de gobierno.
Si el Supremo autoriza la apertura de la investigación solicitada por la PGR, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro estará oficialmente bajo investigación por el caso Covaxin. Al finalizar la investigación la Policía Federal elabora un informe y la PGR decide si denuncia a los implicados o si cierra la investigación. Para que el Supremo pueda abrir un proceso contra Bolsonaro primero deberá tener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados, donde Bolsonaro actualmente tiene mayoría.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati de insumos médicos denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse. El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de vacunas durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.
