La Fiscalía de Brasil presentó a la Justicia una denuncia contra el exministro de Salud, el general Eduardo Pazuello por supuestas omisiones en la gestión de la pandemia y en la compra de vacunas contra el coronavirus. Según la demanda, firmada por ocho fiscales, casi 100 mil de las muertes pueden ser atribuidas a la omisión gubernamental en la adquisición de la vacuna y además lo responsabilizan de un daño al fisco de casi 122 millones de reales (unos 24,2 millones dólares).
El Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el Tribunal Federal una demanda por mala conducta administrativa contra el exministro Eduardo Pazuello. El texto señala seis actitudes del exministro y general activo, entre ellas se menciona omisión y negligencia en las negociaciones para la adquisición de vacunas, que configuraría el delito de improbidad administrativa. Los fiscales piden que Pazuello responda ante la justicia por la “violación a los principios de administración” y los daños por millones de dólares causados por su gestión. Los fiscales piden una indemnización completa por daños y perjuicios de 122 millones de reales, el pago de una multa equivalente al doble de los daños. Además solicitan la suspensión de los derechos políticos durante un máximo de ocho años y la prohibición de celebrar contratos con las autoridades públicas.
"La omisión y la negligencia del exministro en las tratativas de las negociaciones de las vacunas salió caro a la sociedad", destacaron los fiscales en una nota difundida a la prensa. "La resistencia del exministro de Salud en negociar la contratación y adquisición de vacunas, con la antelación o planificación necesarias, es injustificable e irrazonable", agregaron en el texto.
La Fiscalía subrayó que durante la gestión de Pazuello, "casi 100.000 óbitos pueden ser atribuidos a la omisión gubernamental" en la adquisición de vacunas "con la urgencia que el enfrentamiento de la pandemia reclamaba". Los fiscales además denunciaron que Pazuello fue omiso en la ampliación y distribución de test de covid-19 para la población, además de actuar "deliberadamente para dificultar el acceso de la sociedad a las informaciones esenciales sobre la pandemia".
En el caso de la cloroquina, la azitromicina y la ivermectina, los "tratamientos precoces" sin ningún aval científico y que el entonces ministro de Salud promovió, el texto presentado ante el Tribunal Supremo señala que "además del perjuicio económico, la conducta provocó la sensación -errónea- de seguridad y tranquilidad que la existencia de un 'tratamiento temprano' causaba a la sociedad".
El exministro suma su segundo recurso de improcedencia administrativa ante los tribunales. El primero fue presentado en abril por el MPF en el Tribunal Federal de Aamazonas por la omisión del entonces ministro de Salud ante el colapso de sanitario y la falta de oxígeno en los hospitales de Manaus. Actualmente Brasil superó las 520 mil muertes por covid-19 y es uno de los países más golpeados por la pandemia.
