En un escenario complejo, el Gobierno nacional no se detiene: continúa implementando una serie de medidas que, en conjunto, integran un plan gradual de reconstrucción del país. Avanza paso a paso, lidiando con una oposición política y mediática que, lejos de colaborar, busca que la actual administración fracase en su intento de superar la crisis. Esa oposición tiene un discurso contra la grieta pero una práctica que todo el tiempo la profundiza. En ese terreno minado, el gobierno continúa desplegando más y mejores políticas.

La madrugada del viernes, la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, le dio media sanción al Régimen de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes por el cual se facilitará a 4 millones de monotributistas las condiciones para que, con un aporte mínimo, continúen teniendo obra social, cobertura previsional, de riesgos del trabajo y aporte impositivo. Hay que insistir en este último aspecto: el pago del monotributo da derechos, porque el aportante tiene una serie de beneficios.

¿Cuáles son los cambios fundamentales que introduciría la ley? Primero, mantener en el valor de diciembre de 2020 las cuotas del monotributo del periodo que se extiende entre enero y junio de 2021, en cada una de las categorías.

Segundo, financiar las deudas con planes de hasta 60 meses a un interés del 1,5% mensual.

Tercero, modificar las escalas del monotributo ampliando las más bajas y, de ese modo, facilitando que muchos de los beneficiarios pasen a categorías inferiores y paguen menos. Estas categorías van de la A a la K, y cada una de ellas comprende distintos niveles de facturación o de ingresos declarados por los monotributistas. Con esta iniciativa, por ejemplo, la categoría A, la más baja, se ampliaría en un 77,3%. Por ahora, esa categoría incluye a los que tienen ingresos anuales de hasta 208 mil pesos. Pero con la sanción de la ley, ésta se extendería y alcanzaría a los que perciben hasta 370 mil pesos. Dado que la inflación no aumentó en esa magnitud y que es poco probable que los ingresos de esos monotributistas se hayan incrementado en esa proporción, es muy posible que muchos de ellos, a partir de la aprobación de la ley, estén en condiciones de pasar a una categoría más baja, con lo que se reduciría el tributo que deberían pagar. Además, la ampliación de las categorías va disminuyendo desde la A, que es de 77,3%, a la K, que es de 41,8%. Ello se debe a que la iniciativa busca que el mayor beneficio sea para los contribuyentes que menos ganan.

Cuarto, suprimir todos los intereses, cargos o multas por las deudas no saldadas hasta el 30 de junio.

Esta iniciativa no es una política aislada: se suma a la reciente aprobación de la ley de modificación del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas por la que los trabajadores registrados que perciben menos de 150.000 pesos y los jubilados que cobran hasta ocho haberes mínimos quedaron eximidos de pagar ese tributo. A esta medida hay que sumarle la modificación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, cuyo objetivo fue aliviar la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas, y el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, entre otras iniciativas en la misma dirección.

En conjunto, estas leyes confluyen en un objetivo común: hacer más progresivo el sistema tributario argentino para que los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos o no paguen nada. Esta progresividad impositiva no es un invento argentino: es lo que hoy se está debatiendo en el mundo.

En la sesión del jueves, también se dio media sanción a una modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias. El objetivo del cambio reside en estimular el ahorro en pesos y, por lo tanto, avanzar en la política del gobierno tendiente a resolver el problema del bimonetarismo de la economía argentina. Además, en la misma sesión se avanzó en la media sanción de un nuevo Marco Regulatorio para los Biocombustibles, en el proyecto de ley de Contracepción Quirúrgica para personas con discapacidad y en la modificación del Código Procesal Penal.

En la semana el gobierno también anunció que retomará el control de la administración de los trenes de carga. Los medios opositores han presentado esa decisión como una estatización arbitraria. Pero lo que en realidad sucede es que finaliza la concesión y el gobierno simplemente optó por no renovarla. Las empresas que han tenido la gerencia privada de los ferrocarriles de carga podrán seguir utilizando las vías para transportar sus mercancías, pero pagando un canon al Estado que administrará el servicio y se ocupará de mantener en condiciones las redes ferroviarias. Una comisión gubernamental que trabajó en el tema, elaboró un balance negativo sobre la gestión de la infraestructura por parte de las concesionarias. De allí nació la decisión de no continuar con la administración privada de las vías.

¿Quiénes tendrían que pagar? Entre otros, Ferroexpreso Pampeano, en manos del Grupo Techint y Sociedad Comercial del Plata; Nuevo Central Argentino, que opera la línea Mitre de cargas controlada por Aceitera General Deheza; y Ferrosur Roca, cuyo principal accionista es la compañía Loma Negra.

También durante la semana el gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de 70 productos agroindustriales. Comprende la producción de abejas reinas, huevos, pimienta y otras especies aromáticas, semillas de papa, girasol y arroz, aceites y jugos de varias frutas, cafeína, albúmina y maní, entre otros. En todos los casos, se trata de productos a los que se les agrega valor a nivel local a través de diversos procesos de industrialización.

En otro orden, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció la extensión del reintegro del 15% hasta fin de año para las compras realizadas con tarjeta de débito por jubilados que perciben el monto mínimo y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo. Además, se amplió en un 70 % el tope del reintegro, elevándolo hasta 1.200 pesos mensuales. El universo total de los potenciales alcanzados por este beneficio llega a 7 millones de personas a pesar de que sólo 1,3 millones utilizan habitualmente la tarjeta de débito.

Algunos integrantes de la oposición insisten con que no hay un plan. Ante esa nueva negación de la realidad, el gobierno les responde reafirmando lo que pretenden desconocer: allí donde no ven políticas, les responde con más y mejores políticas.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del PartidoSolidario.