![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Juan%20Carlos-Tizzianil.png?itok=DVuntxKv)
Desde Santa Fe
El senador Armando Traferri y su bloque, el diputado Luis Rubeo y la diputada Paola Bravo –que responde al referente de La Cámpora Marcos Cléri- quedaron del mismo lado en la asamblea legislativa de esta semana que incumplió la sentencia de la jueza laboral de Rosario Paula Calace Vigo, que ordenó a la comisión de Acuerdos “dejar sin efecto y archivar” el sumario a Marcelo Sain, que proponía suspenderlo seis meses como director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA por supuestos hechos que le atribuyen como ministro de Seguridad. La sesión conjunta de ambas cámaras dejó a la vista todas las disidencias políticas, no sólo en el peronismo sino también en el Frente Progresista, donde el diputado radical Fabián Palo Oliver y sus colegas Ariel Bermúdez –del partido del intendente Pablo Javkin- y Mónica Peralta (GEN) se plegaron al grupo de 18 legisladores del PJ y la centro izquierda que rechazaron las dos decisiones que adoptó el pleno: apelar el fallo de la jueza en un juicio en el que la legislatura no tiene personería y es caso cerrado y “dejar en suspenso” el proceso a Sain, a pesar de que la magistrada había ordenado su archivo.
Traferri dirige su bloque desde antes que asumiera Omar Perotti. La opinión de Rubeo es conocida porque hasta recomendó a Sain que se fuera de la provincia. Pero lo que sorprendió en el peronismo fue el giro de Bravo, quien se opuso –junto con su bloque- a la ley 14.016 sancionada en noviembre a medida de Sain para aplicársela ahora con efectos retroactivos y suspenderlo en un cargo que ganó por concurso y no requiere acuerdo parlamentario. Rosario/12 ya informó que esa ley se sancionó en 20 minutos, los siete diputados del PJ –incluso Rubeo- se abstuvieron y los cuatro senadores más cercanos a Perotti (Marcelo Lewandowsky, Marcos Castelló, Alcides Calvo y Ricardo Kaufmann) votaron en contra. El gobernador la vetó, pero la legislatura rechazó el veto y entró en vigencia recién el 2 de junio, mucho después del sumario a Sain que se inició a fines de marzo.
La asamblea -dominada por radicales, socialistas, macristas y el bloque de Traferri- reaccionó ante la orden de la jueza Calace Vigo de archivar el sumario a Sain, como si fuera un jaque mate. No se animó a suspender al “encartado” –así lo llamó el senador Raúl Gramajo-, pero tampoco archivó el trámite, como mandó la magistrada. Las dos decisiones -apelar y dejar en suspenso el trámite- fueron propuestas por el socialista Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados. Y la justificación quedó a cargo de dos radicales: Fabián Bastía (que integra el bloque de Maximiliano Pullaro y preside la comisión de acuerdos) y Lisandro Enrico (acusador de Sain). Más, Gramajo (del bloque Traferri) y Rubeo. “Todo fallo judicial puede ser apelado”, dijo Rubeo, al agitar dudas sobre la “competencia” de Calace Vigo para admitir el amparo de Sain y si la jueza tiene “facultad para decirle al Poder Legislativo qué acciones debemos seguir”. “No debemos archivar ninguna actuación” y apoyar a Bastía para que “accione” en Tribunales. “Y si este fallo queda firme, recién tomar la decisión”, agregó. La orden de la jueza fue a la comisión de acuerdos, pero Bastía le pasó el expediente al despacho de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que presidió la asamblea.
La primera moción de Farías –que era apelar- salió por 48 a 11 y siete abstenciones. Allí ya quedaron expuestos los desacuerdos en el peronismo y el Frente Progresista. A favor, votaron Traferri y los senadores de su bloque (Gramajo, Rubén Pirola, Guillermo Cornaglia y Osvaldo Sosa). Más, Rubeo y Bravo. En contra, cinco senadores de Lealtad (Lewandowsky, Castelló, Calvo, Kaufmann y Eduardo Rosconi), cuatro diputados del PJ (Leandro Busatto, Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera) y dos del Frente Social y Popular (Carlos del Frade y Dámaris Pacchiotti). Entre las siete abstenciones se anotaron cuatro de lo que pareció un nuevo interbloque: Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Iguldad), Bermúdez (Creo) y Palo Oliver (UCR). Más, Mónica Peralta (GEN), Amalia Granata y Bastía (por formalismo). Llamaron la atención las ausencias del senador José Baucero (bloque Traferri), la senadora Cristina Berra (Lealtad), del diputado Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador) y la diputada Cesira Arcando (aliada a Perotti).
La segunda moción –que dejó abierto el trámite en el despacho de Rodenas- se aprobó por 45 a 14 y cuatro abstenciones. En la mayoría se alinearon los cinco senadores de Traferri, Rubeo y Bravo, mientras que en contra votaron los otros nueve peronistas (cinco senadores de Lealtad y los cuatro diputados). Más Del Frade, Pacchiotti, Bermúdez y Palo Oliver. El voto catorce fue otra sorpresa porque lo aportó Juan Argarañaz (Vida y familia). Por la abstención se inclinaron Giustiniani, Donnet, Peralta y Granata.
En el debate, Busatto, Bruera y Kaufmann explicaron a sus colegas que la orden de la jueza Calace Vigo había que cumplirla. “Las órdenes judiciales, si no se cumplen, se incurre en el delito del artículo 239 del Código Penal”, les advirtió Bruera. Les dijo que la legislatura no puede apelar el fallo porque no es sujeto de derecho, la representación de la provincia en los juicios la tiene el fiscal de Estado. Y porque al allanarse la provincia al amparo de Sain, es caso cerrado. “Acá no hay ninguna acción porque hay cosa juzgada. No sólo lo dice la jueza en el fallo que debemos respetar, sino porque todos estos temas ya fueron tratados en la comisión de Juicio Político y se archivaron. Volver a tratarlos en otra instancia viola el principio non bis in ídem, que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos”.
“Parece que discutiéramos si la Tierra es redonda”, alertó Bruera. “Discutir la competencia en un amparo o en un habeas corpus, señores… Todos sabemos que ante la inminencia del riesgo de un derecho, cualquier juzgado es competente. Discutir si una ley se puede aplicar en forma retroactiva, señores… las leyes no son retroactivas. Señores, por favor, reflexionen… Seamos serios, acatemos la orden judicial y recuperemos la institucionalidad que ya está demasiada castigada por esta situación. Ya sabemos que la tierra es redonda”, ironizó.
Kaufmann coincidió que el principio constitucional que impide el doble juzgamiento “viene del Derecho Romano, desde hace 1.500 años”. “Es la defensa del derecho contra la arbitrariedad y la injusticia”, dijo. “Pero también hay otra lucha contra el derecho” y a favor de “la arbitrariedad y la injusticia. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Salgamos de acá que estamos en desacato contra una jueza de la provincia que es perfectamente competente para juzgar lo que juzga”.
Quedó claro el resultado, pero también quién ganó el debate.
