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Desde Santa Fe
La persecución política a Marcelo Sain comenzó el 19 de noviembre del año pasado, cuando la Legislatura sancionó sobre tablas y en 20 minutos una ley que quedó asociada a su nombre, la 14.016. Por entonces era ministro de Seguridad, con licencia como director provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La ley anti Sain –votada por radicales, socialistas, macristas y senadores del PJ que responden a Armando Traferri- nació para evitar que vuelva, precisamente, a ese cargo que ganó por concurso en la Justicia. Un mes después, el 15 de diciembre, dos fiscales de Rosario pidieron el desafuero de Traferri para imputarlo como supuesto “organizador” de una “asociación ilícita” en una causa que investiga el juego clandestino, en la que ya están presos dos exfiscales -el regional de Rosario y su mano derecha- e imputados otros dos, entre otros. El Senado rechazó el desafuero de Traferri -también con los votos de su bloque y de sus colegas de la UCR-, porque en Santa Fe no se puede investigar a legisladores si los protegen sus colegas.
En marzo, la viralización de un audio “robado” de una conversación telefónica con un exjefe policial empujó un pedido de juicio político. Diez días después, Sain renunció al gabinete de Omar Perotti y volvió al MPA. Ese fue el detonante. La legislatura le abrió un expediente para juzgarlo como director del Organismo de Investigaciones por supuestos hechos que le atribuyen como ministro. El plan era suspenderlo esta semana por seis meses, pero un recurso de amparo de Sain, un decreto de Perotti y un escrito del fiscal de Estado Rubén Weder -que se allanó a la demanda del amparista- derivó en un fallo de una jueza laboral de Rosario que ordenó a la legislatura “dejar sin efecto y archivar” el sumario al exministro. La asamblea incumplió la orden, no sancionó a Sain, pero tampoco cerró el legajo que quedó en el despacho de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La diputada del PJ Matilde Bruera definió la trama como “el lawfare santafesino”, tan “evidente” como “grosero”, como si alguien dictara el guión.
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe -que integran los organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos- denunció la persecución a Sain. “Reclamamos el cese de los procedimientos irregulares”, dijeron. “El fiscal general (Jorge Baclini) y los fiscales regionales (de Santa Fe, Carlos Arietti y de Rafaela, Diego Vigo)”, y en la Legislatura, los diputados radicales, socialistas, macristas y los senadores de la UCR y del bloque de Traferri" quieren “sacar a Sain de su de cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público”, advirtieron.
En su gestión de ministro, Sain terminó con “el autogobierno de la Policía de Santa Fe” y puso a la fuerza –que tiene más de 60.000 efectivos- bajo el mando de una “conducción política democrática” y al servicio de “una real tarea de seguridad pública, sin connivencias con el crimen organizado”, recordó el Foro. Por iniciativa de Sain, el gobernador Perotti propuso a la legislatura un paquete de leyes para modernizar la estructura legal de la Policía que viene de la época de la dictadura, pero la reforma está varada en la Cámara de Diputados, que gobiernan socialistas y radicales, hace un año.
El Foro destacó también varias denuncias judiciales de Sain, que derivaron en “investigaciones complejas”. Una de ellas, ante el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien investiga una “cueva financiera” que operaba el empresario Hugo Oldani –asesinado en febrero de 2020- y el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos de los que sólo quedaron las fotos. El teléfono de Oldani descubrió sus secretos y en abril, el juez federal Marcelo Bailaque procesó a diez imputados en la causa por supuesta “intermediación no autorizada”, entre ellas a la hija de Oldani y a un empleada y ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno.
El viernes, y por otra denuncia de Sain, un fiscal de la provincia imputó a un exsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, David Reniero, por el uso de “fondos reservados” para pagar las defensas de policías imputados en un caso resonante en Rosario. Reniero integraba el gabinete del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y hoy es su asesor en la legislatura. Pullaro preside el bloque de diputados radicales que le apunta a su antecesor.
“Sain trabajó contra el encubrimiento de organizaciones mafiosas santafesinas que protagonizan el lavado de dinero e involucran a autoridades policiales, políticas y judiciales”, reveló el Foro. “De allí proviene el encono contra quien condujo estas investigaciones y no por sus exabruptos en las redes sociales”.
“El mensaje que se quiere trasmitir por el fiscal general del MPA y un sector preponderante de la Legislatura es que las represalias son incesantes con quien altere el antiguo estado de impunidad que protege el accionar delictivo de quienes detentan fuerte poder económico y político", alertó el Foro. "Esta es la motivación por la que se quieren aplicar procedimientos disciplinarios inconstitucionales e impedir que Saín conduzca el Organismo de Investigaciones del MPA”.
“Reclamamos que se respeten las garantías procesales y derechos de Marcelo Saín, así como el trabajo de quienes no se resignan a la impunidad de los crímenes más graves que nuestra sociedad padece”, concluyó.
