Crear un mayor conflicto entre partes desiguales a través del discurso desarrollista. Esa podría ser la conclusión del primer informe técnico de 2021 "Tierras estatales transformadas en Grandes transacciones de tierras (GTT)", que realizó Cristian Venencia, en el marco de su beca doctoral del Programa Land Matrix. 

“El de Salta es un caso paradigmático”, dijo el investigador a Salta/12, al sostener que a nivel país (al menos en su experiencia), desconoce que algún gobierno haya transferido o vendido tierras fiscales a grandes empresas para transformarlas en mares de monocultivos.

Uno de los casos que generó no solo el reclamo a nivel nacional e internacional, sino que fue fuente de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, es el de General Pizarro, en el departamento Anta. Allí, los ex lotes 32 y 33 que habían sido declarados área protegida por gestiones anteriores, fueron desafectados como tales por una ley que en 2004 fue impulsada por el gobierno del hoy senador nacional, Juan Carlos Romero. El argumento utilizado en aquel momento fue que la venta de las tierras iba a generar “mayor desarrollo a la zona”, que no podía ser parte de ningún área protegida porque sus condiciones ambientales estaban degradadas.

La venta generó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, investigadores, organizaciones civiles, la población local y, sobre todo, de quienes vivían allí, pobladores indígenas y criollos, que reclamaban la posesión y uso de las tierras. Con la desafectación vino la licitación para la venta de las tierras a grandes empresas. El conflicto se avivó con el desmonte que generó una de ellas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió tardíamente que no se debía desmontar, pero para cuando lo hizo ya los grandes empresarios habían arrasado con el monte.

En 2005, también por decisión política, pero a nivel nacional, la gestión de Néstor Kirchner a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), compró parte de las tierras y creó una reserva nacional. Allí la comunidad wichí cuenta con 800 hectáreas. Los pequeños productores rurales “que no poseían título y que fueron considerados intrusos (dentro de las tierras que quedaron en manos privadas), aceptaron ser relocalizados en diferentes parcelas debido a la presión de las autoridades y de empresarios. Sin embargo, no se logró que todos los pequeños productores abandonaran la zona y algunos mantienen litigios judiciales por ser poseedores de más de veinte años”, contó Venencia en su informe.

Salta Forestal, la experiencia original

Antes de Pizarro, sin embargo, existió la experiencia de Salta Forestal, que desde 1974 era manejada por la Nación y la provincia con el objetivo de generar un manejo integral de bosques. Esto concluyó en 1982, cuando la provincia se quedó con la totalidad de las tierras. Las 338.331 hectáreas de Salta Forestal también están en Anta. En 1993, durante el gobierno de Augusto Ulloa (que fuera antes interventor federal de la dictadura militar), se promulgó la Ley Nº 6.727, que declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”. Durante el gobierno de Romero, en tanto, se adjudicó la concesión de las tierras (que tenía aúntiene a pequeños productores viviendo y produciendo adentro), a la empresa Ecodesarrollo SA (constituida por Olmedo Agropecuaria SA y Cervera Agropecuaria SA, hoy Cresud SACIF).

El beneficio fue la explotación de tierras sin cobro alguno de canones al menos por 20 años, y 64 años de concesión (en caso de solicitarse la prórroga). Luego vendría la división de empresas, la venta de derechos de concesión, litigios entre la provincia y una de las empresas, el cobro de cánones que generón discusiones entre empresarios y el gobierno actual, según algunos recursos jerárquicos que fueron rechazados. “La presencia de pequeños productores no fue tenida en cuenta en la toma de decisiones políticas y productivas”, indicó Venencia en el informe.

En 2017, un acuerdo de fin de litigio entre el estado provincial y Ecodesarrollo SA permitió a la provincia recuperar 81.819 hectáreas. Estas se encuentran administradas por la empresa estatal Salta Forestal SA. “Hasta el momento, no está claro cuál es el objetivo final del gobierno de la provincia de Salta con respecto a las tierras recuperadas”, indicó Venencia, al sostener que mientras tanto, los pequeños productores están a la espera de una solución para la regularización dominial de sus tierras a partir de una propuesta de la UNSa y el INTA. Actualmente las tierras de Salta Forestal están repartidas entre tres empresas.

El Estado impulsor del latifundismo 

Para Venencia, estos dos casos (pues hay un tercero, también en Anta, sobre la venta de tierras fiscales de Tolloche a grandes empresarios agrícolas), muestran el papel del Estado como impulsor del acaparamiento de tierras, es decir, de la concentración de grandes extensiones en pocas manos. En el medio se plantea un discurso desarrollista para transformarlas en tierras agropecuarias mediante la concesión o la venta y, por lo tanto, “su consecuente privatización”.

“Es necesario destacar que el acaparamiento de tierras es un proceso complejo y dinámico que se lleva a cabo de manera desigual entre los actores más vulnerables y los actores que tienen el poder de decidir sobre la tierra”, dijo Venencia. El claro decisor en estos dos casos, fue el gobierno provincial.

En el medio, la conflictividad por la tenencia de la tierra en ambos casos empeoró. Para el investigador, esta conflictividad en la que intervino el estado, como aquella que involucra a empresarios con las poblaciones rurales más vulnerables, deben ser consideradas dentro del debate sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN).