De paseo por Europa para presentar su libro y luego vacacionar con su familia, el expresidente Mauricio Macri publicó una carta en la que asegura que él y sus hijos son víctimas de una persecución política.

“El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, empieza la singular misiva dada a conocer este domingo al mediodía. 

En un nuevo intento de victimización y de condicionar a la justicia -como ya había hecho en abril pasado- Macri afirma que “el procurador Carlos Zannini, actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” por Correo Argentino y acusa que el objetivo es lograr “la quiebra de la empresa”.

“¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”, sostiene el expresidente desde Europa.

Sin embargo, lo que no dice Macri en su carta es que a fines de marzo de este año -y después de haber hecho propuestas paupérrimas- Correo Argentino SA propuso pagar 1.011 millones de pesos en concepto de deuda total por el canon impago y sus intereses derivados. Esta cifra, según la fiscal de la causa, Gabriela Boquín, es cinco veces menor al monto de la deuda total.

La carta de Macri tampoco hace referencia a que durante su presidencia quiso aprovechar para terminar con esta causa que el grupo empresarial arrastra en la justicia desde hace casi dos décadas.

En junio de 2016, el Correo propuso y el Estado (gobernado por Cambiemos) aceptó un acuerdo de pago que licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con las arcas públicas. La maniobra fue advertida por la fiscal Boquín, quien en febrero de 2017 denunció un acuerdo abusivo para la administración pública.

La postura de Boquín fue respaldada luego por un informe contable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) ordenado por el juez federal Ariel Lijo que confirmó que el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, firmado durante el gobierno de Cambiemos, resultaba “abusivo” y perjudicial para el Estado.

La estrategia del exmandatario parece ser dilatar todavía más la causa para evitar la quiebra y dejar impaga la deuda con su principal acreedor: el Estado. Macri intenta condicionar nuevamente a la jueza de la causa, Marta Cirulli. “Es bueno que la opinión pública sepa que si la jueza Marta Cirulli llegara a rechazar la propuesta de pago total de la deuda que hizo Correo Argentino, será un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país”, escribe en la carta.

En su avance contra la justicia, advierte tanto a la magistrada como a las camaristas, María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini que “todavía están a tiempo de frenar estos atropellos”.

“Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela. No pido privilegios, pido justicia”, cierra la misiva.

Según el relato de Macri, “en 2001, Correo Argentino SA, concesionario del servicio postal, tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores por los graves incumplimientos de los compromisos del Estado Nacional” y una vez que Néstor Kirchner asumió la presidencia “rescindió la concesión del Correo violando el debido proceso” y “le robaron a la empresa todos los activos: la totalidad de su equipamiento, vehículos, instalaciones, infraestructura, sistemas y hasta el dinero en las cuentas bancarias”.

El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003 -gracias a la privatización del menemismo-, hasta que el Gobierno de Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.

En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por insuficientes y "abusivos", según los dictámenes de la fiscal Boquín. Por todo ello, el procurador, junto al subprocurador Horacio Diez, solicitó a la jueza Marta Cirulli que decrete la quiebra de acuerdo a los términos del artículo 48 de la ley de quiebras.