Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo, es uno de los marinos condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pero es también uno de los tantos represores que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) --el organismo internacional que vino hace casi 42 años para sacar a la luz los crímenes que ellos buscaban ocultar-- para denunciar el proceso de verdad y justicia que se lleva adelante en el país. Sin embargo, el “hijo de Sam”, como lo conocían en el campo de concentración de la Avenida del Libertador, recibió una mala noticia días atrás: la CIDH declaró inadmisible la denuncia que hizo hace casi diez años.

Suárez Mason (hijo) fue uno de los oficiales rotativos que tuvo el grupo de tareas de la ESMA. Los sobrevivientes lo recuerdan siempre pulcro, preocupado por el orden y con acceso a distintos espacios del centro clandestino. Andaba por el sótano --el sector dedicado a las torturas--, por el Dorado --donde habitaban los oficiales de inteligencia-- y también por la llamada pecera, donde detenidos y detenidas eran obligados a hacer trabajo esclavo. Entre el 15 de agosto y el 1 de noviembre de 1977, en una de las peores épocas de la represión, ese joven capitán de fragata estuvo destinado a la ESMA.

Al “hijo de Sam” lo detuvieron en noviembre de 2006, y en 2017 el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a prisión perpetua, pena que purga en el penal de Ezeiza. Ese expediente aún no fue revisado por la Cámara Federal de Casación Penal. En el interín, el 26 de diciembre de 2012, Suárez Mason Jr. hizo una presentación ante la Comisión en la que denunciaba, entre otras cosas, que llevaba muchos años encarcelado sin obtener una sentencia.

Recién ahora la CIDH cerró su petición, pero lo que señaló en su caso puede servir como para prever las respuestas que podría dar en los otros 17 casos que aún siguen abiertos en ese organismo internacional, según lo que pudo reconstruir este diario. La CIDH respondió concretamente que la detención fue siempre legítima, que las disposiciones en el país no son arbitrarias ni lo fue la aplicación de la ley en el caso de Suárez Mason.

“Es particularmente excepcional el hecho de que el peticionario sea, en efecto, una persona juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad; y es muy contundente la circunstancia de que sean treinta y cuatro causas penales las que se le hayan iniciado en su contra por hechos distintos”, argumentó la CIDH. “Es igualmente plausible –en este caso– el argumento esgrimido por el Estado según el cual el tipo de delitos atribuidos al peticionario ameritaban un ejercicio investigativo más complejo y una actividad judicial más intensa”, agregó.

Los otros reclamos

Como Suárez Mason, hay otros represores que recurrieron a la CIDH para denunciar que sus derechos no son respetados. Entre otras, están las siguientes presentaciones, según pudo saber Página/12:

  • Juan Daniel Amelong: abogado y exmilitar, es una de las caras conocidas de la represión en Rosario y uno de los represores que suele usar parafernalia contra los juicios: escribe mensajes contra quienes lo juzgan en una vincha o en su maletín. Tiene tres condenas, una a perpetua.

  • Lucio Nast: policía retirado de Santa Fe, condenado en la causa Feced II a 16 años de prisión y en la causa Feced III- IV a 22 años. Durante la pandemia fue beneficiado con el arresto domiciliario. Hay otros represores condenados en las causas Feced que acudieron a la CIDH: José Carlos Scortechini, Julio Fermoselle y Ernesto Vallejo.

  • Eduardo Ramos Campagnolo: policía retirado de Santa Fe apodado “Curro”, tiene cuatro condenas (dos a prisión perpetua).

  • Carlos Gallone: represor emblemático de Coordinación Federal, falleció el 18 de mayo pasado mientras purgaba dos condenas, una perpetua y otra de 25 años.

  • Carlos Alberto Yanicelli: integró la patota del D2 de Córdoba y condujo la policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre (padre). Tiene dos condenas de prisión perpetua y una de 18 años.

  • Ricardo Lardone: personal civil de inteligencia, integró el destacamento 141 y el comando Libertadores de América antes del golpe. Fue parte de la patota de La Perla en Córdoba. Tiene tres condenas de prisión perpetua.

  • Oreste Padován: suboficial del Ejército especializado en inteligencia e integrante de la patota de La Perla, tiene dos condenas a prisión perpetua.

  • Pedro César Guerrero: uno de los guardias de la Unidad 9 de La Plata, condenado en 2011 a nueve años de prisión.

  • Carlos María Romero Pavón: exjefe de la sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, tiene dos condenas a prisión perpetua en los juicios de La Cacha y la Brigada de San Justo. Ninguna está firme. Afronta actualmente el juicio de las brigadas.

  • Roberto Grillo: oficial de la brigada de Investigaciones de La Plata y de Arana, condenado a prisión perpetua en el juicio por el Circuito Camps en 2012. Esa sentencia todavía no está firme.

  • Alejandro Duret: oficial de inteligencia en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul al momento de la desaparición de Carlos Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Inicialmente absuelto en 2009, fue condenado a 15 años de prisión en Casación. La Corte aún no confirmó su condena.

Las demoras a la hora de revisar las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, y particularmente de la Corte, terminan siendo funcionales a los intereses de los represores que buscan impugnar el proceso de justicia ante organismos internacionales. Por eso, días atrás, organismos de derechos humanos le pidieron que intervenga al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Fabián Salvioli, para que el máximo tribunal agilice su agenda. Por lo pronto, su presidente, Carlos Rosenkrantz, convocó a una reunión de la comisión interpoderes para el próximo miércoles. En otros despachos resaltan la intención de resolver la mayor cantidad de expedientes posibles.

Buscar otros escenarios

En la CIDH también está la presentación que hizo un grupo de 81 represores, motorizados por la ONG Puentes para la Legalidad, en 2016, a poco de que Mauricio Macri asumiera el gobierno. Durante la administración Cambiemos, los grupos que defienden a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad consiguieron un buen plafón para llevar sus reclamos a organismos internacionales, los mismos que fueron la esperanza de familiares de las víctimas durante la dictadura.

El gobierno de Macri postuló para la CIDH al abogado Carlos Horacio de Casas, cuya única cucarda en la materia era haber defendido al militar Enrique Gómez Saá. En octubre de 2017 se hizo una consulta pública sobre Memoria, Verdad y Justicia a la que concurrió un grupo de abogados y familiares de represores, que terminaron expulsados por pedido de organizaciones de derechos humanos de los países vecinos. En octubre de 2018 Puentes para la Legalidad y la asociación Justicia y Concordia consiguieron un hito al ser recibidas por la CIDH en Colorado, Estados Unidos, gracias a los insistentes oficios de la entonces embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol.

Hay otros represores como Mario Sandoval, que actuó en la ESMA y que se recicló como académico en Francia hasta que fue extraditado en diciembre de 2019 para ser juzgado en el país, que acudieron al sistema universal para intentar poner trabas a las investigaciones. Sandoval acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que acaba de pedirle informaciones al Estado argentino. En esas respuestas trabajan la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería. El Comité desestimó en agosto del año pasado otro reclamo del represor Cosme Ignacio Marino Demonte, condenado a perpetua en 2015 por el TOF de Paraná, y ratificó la importancia del proceso de justicia en Argentina.