El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes una condena de 5 años de prisión para el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio como autor de intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante, a quien reclamó dinero para evitar quedar involucrado en la causa conocida como "mafia de los contenedores" y protegerlo del "escrache" mediático.

Al término de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, la fiscalía solicitó además condenar a 4 años y 8 meses de cárcel al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y a 4 años y 6 meses al exagente de la AFI Rolando Barreiro.

También pidió una pena de 3 años y 9 meses de prisión para el exespía de la Agencia Nacional de Inteligencia Claudio Álvarez y la "inmediata detención" de todos cuando las condenas queden firmes.

La fiscalía puso como agravante la "saña demostrada" contra la víctima del intento de extorsión en noviembre de 2016, por parte de D'Alessio, detenido también por espionaje ilegal, asociación ilícita y extorsión en otra causa que investiga más hechos similares en la justicia federal de Dolores.

"Circunstancias atenuantes francamente no tengo ninguna, solamente que hasta el día de hoy no tiene antecedentes de condena", agregó Luciani sobre el falso abogado preso en la cárcel de Ezeiza.

Luciani solicitó además que se remitan copias de las actuaciones del juicio oral al juzgado federal de Dolores.

En relación al extitular de Delitos Complejos de Mercede, Bidone, la fiscalía advirtió que lo ocurrido "afectó severamente el funcionamiento de la justicia" de esa localidad bonaerense y su accionar "pulverizó la confianza que la ciudadanía depositó en los fiscales"

Cuando se descubrió que había entregado a D'Alessio informes sobre registros telefónicos y movimientos migratorios de Traficante que se usaron para extorsionarlo, "se restringió el acceso informático y hasta se tuvieron que cambiar cerraduras", enumeró.

Al respecto, Luciani pidió al Tribunal que tras emitir veredicto, envíe constancias del juicio a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y al jurado de enjuiciamiento que analiza la situación de Bidone, quien podría ser destituido y perdería en ese caso sus fueros ante una eventual condena firme de cumplimiento efectivo

En el caso del suspendido fiscal, la pena de 4 años y 8 meses de cárcel se pidió en su rol de partícipe necesario del intento de extorsión y como presunto autor de abuso de autoridad y violación a la Ley de Inteligencia Nacional.

A lo largo del alegato final que comenzó el lunes de la semana pasada y concluyó este lunes, Luciani sostuvo que hubo "grave connivencia entre un fiscal y un particular" en el intento de extorsión, en relación al fiscal y al falso abogado.

Además remarcó que lo ocurrido "no fue un hecho aislado, hubo búsqueda de información" sobre otras víctimas de manera irregular desde la fiscalía de Bidone

"Es absolutamente inexplicable lo que pasó", sostuvo sobre el accionar de Bidone y su vínculo con D'Alessio, y mostró al Tribunal una de las pruebas obtenidas en la instrucción suplementaria del juicio oral, que demostró que en 2017 el falso abogado le pagó al entonces fiscal de Mercedes un viaje a Cancún junto a su pareja.

Bidone admitió la relación recién en 2018, cuando otra víctima de extorsión, Pedro Etchebest, presentó la denuncia que dio origen a la causa que tramita en la justicia federal de Dolores.

En cuanto a Barreiro y Álvarez sostuvo que fueron "partícipes necesarios" del accionar de D'Alessio y se presentaron como pertenecientes a la AFI para dar "verosimilitud" a los dichos del falso abogado.

Los cuatro acusados son juzgados por el intento de extorsión cometido en noviembre de 2016 al empresario Traficante, a quien reclamaron pagos en dólares a cambio de no involucrarlo en una causa judiciales conocida como "mafia de los contenedores" y evitarle "escraches" en la prensa.

El empresario grabó una de sus conversaciones con D'Alessio y, luego, presentó una denuncia en los tribunales federales de Retiro. El juicio se reanudará el próximo lunes por sistema de videoconferencia con el alegato final de las defensas de los acusados.