El ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará desde el viernes acelerar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual tendrá un nuevo encuentro cara a cara con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. El funcionario participará de la reunión de ministros de Economía y Finanzas del G-20, que tendrá lugar desde el viernes 9 al domingo 11 en Venecia, Italia. El cónclave es preparatorio de la cumbre de presidentes del 30 y 31 de octubre en Roma, donde el gobierno argentino espera acumular los apoyos suficientes para encaminar definitivamente un arreglo con el FMI.

Guzmán viaja acompañado por un nutrido equipo de colaboradores de las secretarías de Hacienda, Finanzas, Política Tributaria y Legales con expectativas de producir avances relevantes hacia un entendimiento con el Fondo. El organismo, a su vez, llevará a sus principales negociadores técnicos con Argentina, encabezados por Julie Kosack y Luis Cubeddu.

“La discusión política será del ministro con Georgieva. No hay que esperar el anuncio de un acuerdo después de esta reunión en Venecia, pero cada cumbre del G-20 sirve para tener entrevistas bilaterales con los gobiernos que más pesan dentro del FMI. El año pasado la cumbre del G-20 fue clave en ese sentido. A partir de los apoyos que lograron Alberto Fernández y Guzmán fue posible cerrar la negociación de la deuda con los acreedores privados. Creemos que esta vez puede pasar lo mismo”, se esperanzan en el gabinete económico.

Así como los funcionarios no anticipan un acuerdo con el Fondo Monetario en este viaje de Guzmán, no lo descartan para antes de que opere el próximo vencimiento de capital del crédito por 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri. A fines de septiembre el país debería pagar 1900 millones de dólares al organismo. Sin embargo, en el Gobierno afirman que existe alguna posibilidad de que pueda pactarse un nuevo programa antes de esa fecha y evitar el desembolso.

De todos modos, las autoridades recibieron la confirmación de que a fines de agosto o principios de septiembre llegarán algo más de 4300 millones de dólares a las arcas del Banco Central por la capitalización del FMI. Las principales potencias mundiales acordaron poner fondos en el organismo para distribuirlo entre los países socios, como una manera de socorrerlos ante los graves perjuicios que ocasionó la pandemia. A la Argentina le tocan esos 4300 millones, que no son un crédito, sino una asignación directa que no hay que devolver.

Guzmán, por otra parte, intentará en su viaje avanzar para que los países más grandes del mundo que no utilicen los recursos de la capitalización del FMI los pongan a disposición de las naciones que sí requieren divisas para apuntar sus economías ante el desastre del coronavirus.

Más allá de lo que resulte de esta última gestión, en las cuentas del Ministerio de Economía destacan que a fines de agosto o principios de septiembre estarán los 4300 millones de la ampliación de capital del FMI. Por lo tanto, si el acuerdo con el organismo se demora no habrá impacto sobre las reservas del Banco Central, ya que el vencimiento de fines de septiembre se podrá cubrir con esos recursos.

Igualmente, como se mencionó antes, el Gobierno tiene expectativas de que pueda haber un arreglo en septiembre, octubre o noviembre, antes de las elecciones legislativas del día 14 de este último mes.

Las dos condiciones

“Hay dos cláusulas que son condición de la Argentina para acordar con el FMI: la eliminación de la sobretasa de interés que aplica el organismo a los países que pidieron créditos por arriba de su cuota, como es nuestro caso por el préstamo record que solicitó Macri, y la incorporación de una cláusula que autorice al país a obtener un mejor arreglo a futuro con el FMI en caso de que disponga la creación de nuevas líneas de crédito más convenientes que las que existen hoy”, destacan en el Palacio de Hacienda.

En relación a la primera condición de los negociadores argentinos, el sobrecargo por haber excedido el límite de lo que podía tomar prestado el Estado nacional con el FMI involucra una discusión de entre 900 y 1000 millones de dólares al año. Ese es el monto que hay que pagar de más en intereses al Fondo Monetario de no quitarse la penalidad. “Es un costo que no podemos aceptar. Si hubo un arreglo político para darle recursos extraordinarios al gobierno de Cambiemos, ahora el FMI tiene que aceptar también una solución política”, indican los funcionarios.

La segunda exigencia del Gobierno es dejar escrito en el acuerdo con el Fondo que si más adelante el organismo genera condiciones de financiamiento más favorables a los países de lo que ocurre en la actualidad, la Argentina podrá acceder a esa mejora. Es una forma de resolver diferencias internas en el Frente de Todos, entre quienes postulan que hay que reclamar al FMI una refinanciación de deudas a 20 años, como postularía Cristina Fernández de Kirchner, y los funcionarios que indican que no es fácil lograr algo así con las reglas actuales del organismo internacional, ya que no ofrece planes de pago a 20 años. A futuro, si eso ocurriera, la Argentina quedaría habilitada para dar el salto.

Los negociadores argentinos, por otra parte, aclararon que en este momento no es necesario realizar la evaluación del Artículo IV del FMI porque el organismo no lo reclama, debido a que ya está negociando un nuevo programa con el país.