Me motiva a escribir estas líneas el sentirme directamente aludido por un gran empresario textil –lo de grande alude al tamaño de su empresa y no a sus cualidades personales que, por desconocerlas, obviaré- que me achaca vivir del conflicto y conmigo al universo de abogados y abogadas laboralistas que día a día consagran su energía a la salvaguarda de los derechos e intereses de los trabajadores.

No es la primera vez que me ocurre, pues un heredero de la Ndrangheta me tildó de jefe de la mafia laboral. También me sigue motivando esa noble tarea a la que he dedicado más de cincuenta años de mi vida y a la que dedicaré los que me resten. Y me motiva también el sentido homenaje que cada 7 de julio, en el día de los abogados y abogadas laboralistas, rendimos a quienes vieron arrebatadas sus vidas en esa lucha, en ocasión de la masacre que pasó a la historia como la noche de las corbatas: Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, Néstor García Mantica, María Esther Vázquez de García ¡presentes! ¡Ahora y siempre!

Quienes pretenden imponerse en una discusión, carentes de razón, suelen incurrir en lo que en lógica se denomina falacia. Las falacias son argumentos que no son válidos para sostener una tesis. En el caso que ahora respondo, el empresario textil, incurriendo en un abierto argumento ad hominem (contra mi persona) pretende sostener un proyecto de reforma laboral flexibilizadora atacándome como símbolo –cosas de la edad…- de la profesión que miles ejercemos. Y cito: “los Recalde ganan del conflicto, no de la producción”. Y remata diciendo: “Cuando lean que esto no es bueno, vean quién está detrás de ese rechazo”.

Tan burdas son estas falacias que nadie nunca osó atreverse a sostener, por ejemplo, que Favaloro se enriquecía con las afecciones cardíacas y que por tanto promovía veladamente la obesidad o el tabaquismo causante de las mismas; cuando dice “cuando lean que esto no es bueno, vean quién está detrás de ese rechazo”, lo primero que me nace es advertir que cuando lean que quienes defienden los derechos de los trabajadores y de los pequeños empresarios son grandes empresarios, mínimo, sospechen, pero evitaré la tentación de hacerlo. Me resulta más saludable recomendar que cuando lean que el proyecto “Mochila argentina” no es bueno, analicen los argumentos de uno y de otro lado, los datos de la realidad y extraigan sus propias conclusiones.

El proyecto “Mochila argentina” es inconstitucional –no sería válido sin una reforma constitucional de por medio-, degrada los derechos de la clase trabajadora y la evidencia empírica demuestra que conspira en contra de los fines que el mismo proyecto dice perseguir.

El proyecto “Mochila argentina”, fue elaborado por técnicos que al igual que ocurriera con la Ley de la Dictadura Cívico militar que mutilara la Ley de Contrato de Trabajo, ocultan su pluma. Consiste básicamente en un seguro de retiro (Seguro de Garantía de Indemnización según su ignoto autor) cuyo costo estaría a cargo de todos los empleadores y que puede ser retirado por el empleado que pierde el trabajo. Desde luego que el extravío del trabajo no es ninguna causal prevista por la ley pero asumimos que el derecho se activa cuando se extingue el contrato por cualquier causa. En tal supuesto, el empleado seguiría cobrando su sueldo por un período de meses no mayor a la cantidad de años trabajados y hasta que consiga nuevo trabajo, lo que primero ocurra.

Este sistema es inconstitucional porque no protege al/la trabajador/a contra el despido arbitrario, garantía consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Me explico, la indemnización por despido –este seguro no lo es- tiene una doble finalidad, por un lado reparar los daños que ocasiona el despido incausado y por el otro lado castigar o desalentar la conducta disvaliosa que constituye el despido arbitrario. En este esquema no existe ninguna protección contra el despido arbitrario y ello atenta gravemente contra la democracia en las relaciones laborales.

No es muy difícil imaginar cómo empeorará la desigualdad negocial para un/a empleado/a si al empleador no le costara nada despedir. Sería imposible hacer valer un derecho si la alternativa es un despido sin costo alguno.

Citando a un tristemente célebre secretario de trabajo de un gobierno, ya superada la faena sería tan sencilla como comer y descomer. Los laboralistas, constitución en mano, nos oponemos a que los trabajadores sean descomidos lo que vulgarmente se diría de otro modo.

Por un lado, pretende establecer un sistema injusto hacia aquellos empleadores que no despiden arbitrariamente porque terminan financiando las “indemnizaciones” de los empleadores que abusen de esta nueva oportunidad de despedir sin costos. Por otro lado, también luce injusto que el empleado despedido sin una justa causa y el empleado despedido con justa causa tengan idénticos derechos lo que el proyecto ofrece como una virtud pero es otro defecto.

A su vez, los “datos” en que se funda el proyecto no son más que afirmaciones dogmáticas sin ningún correlato con la realidad que indica sistemáticamente lo contrario.

Categóricamente afirmamos que estas leyes flexibilizadoras no son generadoras de empleo del mismo modo en que los mayores derechos a favor de los trabajadores no retraen las contrataciones. Con solo observar que en la década del noventa en un marco de aguda flexibilización el desempleo se duplicó y que a partir del año 2003 en un contexto de indemnizaciones por despido agravadas el desempleo fue disminuyendo sensiblemente hasta tasas consideradas como de pleno empleo podemos echar por tierra los trillados cantos de sirenas.

El empresario que tiene mercado para sus productos y servicios contrata, el que no lo tiene no lo hace. Así, el empleo se genera mucho antes desde el Ministerio de Economía que desde el Ministerio de Trabajo o la legislación laboral. Las leyes laborales en cambio son vitales para la democratización de las relaciones de trabajo y eventualmente para distribuir más equitativamente el empleo existente, de allí mi propuesta, que sostengo y ratifico de reducir la jornada laboral semanal y no flexibilizarla.

En fin, “Mochila argentina” alka-alka- al karajo (zian!).

*Abogado laboralista.