El estudio de la problemática medioambiental es un territorio en disputa. Así quedó demostrado luego del comunicado emitido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que critica las líneas definidas por el gobierno para llevar adelante el proceso de formación de funcionarios públicos en temas de medioambiente según prevé la Ley Yolanda.

“El Consejo Agroindustrial Argentino expresa su preocupación y cuestionamiento sobre los ejes epistemológicos presentados para implementar planes de capacitación a funcionarios”, dice el comunicado del CAA. Se refiere al documento elaborado por el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié, que establece los “Lineamientos para la Capacitación en Ambiente” y sienta las bases conceptuales de los cursos de formación previstos por la Ley Yolanda Nº 27.592. Dicha norma establece que las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y de las provincias deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.

Poner en discusión

El gobierno está avanzando en la implementación de la norma, para lo cual publicó el citado documento, elaborado luego de una ronda de consultas a las Provincias e instituciones académicas. "Los lineamientos generales deben contemplar un recorrido que posibilite promover procesos tendientes a una re-conceptualización de la relación sociedad-naturaleza desde perspectivas epistemológicas que arraiguen en el pensamiento de la complejidad; la interculturalidad y el diálogo de saberes; la problematización del lugar del conocimiento, de la racionalidad, del saber y de la ética, en diálogo con prácticas situadas desde lo local y regional", comienza el marco conceptual.

Entre otras cosas, el gobierno propone como uno de los objetivos de la formación "reconocer las causas estructurales de los problemas ambientales", advierte sobre la necesidad de "comprender la crisis ambiental actual como un emergente del modelo de desarrollo hegemónico y el sistema de valores que lo sustenta, anclado en la expansión del mercado como ideología" y de "entender que estos problemas --ambientales-- no surgen de manera aislada sino que se articulan como emergentes de los modos de producción, consumo y distribución hegemónico".

A su vez, la formación contemplaría "poner en el centro de debate la necesaria transformación del modelo de producción y consumo dominante, que pone en crisis la sustentabilidad de la vida y se basa en relaciones de trabajo injustas".

La reacción

"Entendemos que la capacitación no debería ser un espacio de replanteo para desarrollar 'caminos alternativos', sino un espacio de formación en el que se transmitan los conceptos fundamentales sobre los cuales está basado el diálogo internacional para atender los desafíos ambientales que son también globales", salió a criticar el Consejo Agroindustrial.

"Esta  visión --en relación al documento del del gobierno-- muestra un posicionamiento parcial e inapropiado que no logrará una mejor información y capacitación para la toma de decisión en un tema tan prioritario como es la transición hacia una economía verde", sigue el CAA.

El comunicado del CAA demuestra que el modo en que se va a encarar la formación de miles de funcionarios públicos en estos temas tocó un hilo sensible para el sector privado, que por ello pide abiertamente más participación en el tema.

De todos modos, ahora se abre la etapa de concretar el contenido de los cursos. Por ahora, sólo están definidos una serie de ejes temáticos que están más en línea con la literatura dominante en materia de medioambiente y con el planteo del sector privado.

"Los lineamientos epistemológicos planteados --y criticados por el CAA-- rompen con el paradigma tradicional del desarrollo sostenible. Si bien hay observaciones y críticas posibles y necesarias, una mayoría del ámbito académico que concuerda con esos lineamientos. Creemos que estas definiciones conceptuales no están debidamente plasmadas en los ejes temáticos, que parecen en cambio formulados en respuesta a las necesidades concretas de las provincias, cuyos funcionarios necesitan, obviamente, entender aspectos más cotidianos como qué hacer con un basural. Y esto también es lógico, porque para tener cambios de fondo primero hay que desarrollar la formación en todos los ámbitos de la sociedad civil", explicó a este diario María Sol Quiroga, directora de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de la UNLA.