La justicia de Honduras declaró culpable al empresario Roberto David Castillo como coautor del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019. El fallo fue resuelto de forma unánime por el Tribunal de Sentencia y la pena de prisión a la que será sentenciado Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), se conocerá el próximo tres de agosto. Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena, fue asesinada a tiros el dos de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá al oeste de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Castillo, ejecutivo de DESA y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point, fue señalado como "coautor intelectual" del asesinato de Cáceres y puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años. Según el Tribunal de Sentencia, el empresario tuvo comunicación directa con Douglas Bustillo, uno de los siete condenados por el crimen de la ambientalista en diciembre de 2019.
En la audiencia se reveló el contenido de los contactos telefónicos registrados entre Castillo y otras siete personas que ya fueron condenadas en diciembre del 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la lideresa indígena y ganadora del Premio Goldman de medio ambiente en 2015. "Supuestamente David Castillo habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a Berta Cáceres", subrayó la vocera del poder judicial, Lucía Villars.
El veredicto del Tribunal de Sentencia es "una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos", dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista en rueda de prensa luego de conocer el fallo. La condena significa que "las estructuras de poder no lograron corromper al sistema de justicia y que la estructura criminal de la familia Atala Zablah (dueña de la compañía DESA), de la cual es instrumento el condenado David Castillo, no logró sus objetivos", indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del dos de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza. Al momento de los hechos estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
Castillo fue capturado el dos de marzo del 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a Cáceres, quien se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por considerar que causaba daños al medio ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
