El Poder Judicial intenta cerrar el grifo que el expresidente Mauricio Macri abrió días atrás al soltar los fantasmas de fraude en las próximas elecciones. El juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, le pidió a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que convoque a observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de los comicios en el principal distrito electoral del país.
Todavía se sienten las réplicas de la entrevista de TN en la que Macri planteó sus temores de fraude en las elecciones de medio término de este año y en la que se refirió a Ramos Padilla como un “juez militante”. Después de que la propia CNE le reclamara al Consejo de la Magistratura un pronunciamiento para ahuyentar esos temores, Ramos Padilla sumó un pedido propio para contrarrestar posibles denuncias en la provincia. Los dichos de Macri parecen inscribirse en una estrategia regional de las derechas para desconocer los resultados de las elecciones.
“Las dudas en el imaginario colectivo acerca de la regularidad de un proceso electoral, tal como destacaron Vuestras Excelencias, afecta no sólo ‘la confianza pública’ sobre el mecanismo de designación de autoridades, sino que vician el mandato de quienes asuman la función pública en tales condiciones”, escribió Ramos Padilla en un oficio dirigido al presidente de la CNE, Santiago Corcuera.
El juez federal de La Plata sostuvo que formuló este pedido “para descartar cualquier posibilidad de sospecha acerca de la transparencia con la que habrá que llevar adelante el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, evitar todo tipo de suspicacias, asegurar la tranquilidad de todos los participantes, fortalecer la confianza de los ciudadanos en el desarrollo y transparencia del proceso electoral y la legitimidad de las autoridades elegidas”.
Si bien en las elecciones generalmente participan observadores, el mensaje de Ramos Padilla estuvo apuntado a reforzar la idea de la transparencia de las elecciones, que ya había enfatizado la propia CNE en una comunicación que le envió la semana pasada al Consejo de la Magistratura para pedir que explique cómo se elige a los jueces electorales, después de que Macri sembrara dudas sobre Ramos Padilla --con quien tiene un encono personal de larga data-- y sobre el control judicial en el distrito que concentra el 38 por ciento del electorado nacional.
En el Consejo de la Magistratura, le dieron ingreso formal al pedido que firmaron los tres integrantes de la CNE, Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. Fuentes del organismo explicaron que es probable que desde la comisión de Selección del Consejo, que preside Graciela Camaño, se elabore un texto contando cuáles son los pasos que sigue un concursante para convertirse en juez electoral y que haya un pronunciamiento en el sentido que reclamaron los camaristas electorales. Los tres miembros de la CNE dijeron que nunca desde el regreso de la democracia se había cuestionado de esta forma a los jueces que controlan las elecciones.
Ramos Padilla salió primero en el concurso para el juzgado federal 1 de La Plata, con competencia penal y electoral en toda la provincia, que se hizo durante el gobierno de Macri. Su nombramiento recién se destrabó durante el gobierno de Alberto Fernández. El juez se desempeñó hasta febrero en Dolores y, desde marzo, está instalado en La Plata. El juzgado de La Plata estaba vacante desde la muerte del juez Manuel Blanco en 2014. En estos casi siete años, había sido subrogado en materia electoral por los jueces María Servini, Juan Manuel Culotta, Adolfo Gabino Ziulu y el secretario de la Cámara Federal de La Plata Laureano Durán.
No es la primera --y probablemente no será la última-- vez en que Macri le apunta a Ramos Padilla. El juez frenó los nombramientos en comisión de los jueces para la Corte que impulsó Macri a los cinco días de llegar al gobierno, siguiendo el consejo de su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Ramos Padilla también dictó una cautelar contra los tarifazos que alteró los planes de Macri.
Probablemente lo que más ofuscó al líder del PRO fue la investigación sobre espionaje que condujo desde el juzgado de Dolores y en pleno macrismo. Ramos Padilla empezó a investigar a Marcelo Sebastián D’Alessio por un intento de extorsión al productor agropecuario Pedro Etchebest y terminó explicando cómo funcionaba lo que él definió como una asociación ilícita paraestatal en la que participaron agencias del Estado --como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o el Ministerio de Seguridad-- hasta representantes del Ministerio Público Fiscal.
A través de D’Alessio llegó también a desentrañar el llamado “Proyecto AMBA” de la AFI, que, entre 2016 y 2017, estuvo dedicado al espionaje político en la provincia de Buenos Aires. Por los pedidos de información de Ramos Padilla, la interventora Cristina Caamaño detectó que desde la exSIDE se había espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Por esos hechos, este jueves, el juez Martín Bava --que subroga en Dolores tras la mudanza de Ramos Padilla a La Plata-- indagará al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas.