Eso que algunos medios de comunicación describieron como una “dura carta” de Mauricio Macri sobre el Correo Argentino es, en parte, una muestra actualizada de lo que hizo durante su gobierno: presionar a jueces o juezas que pueden perjudicar sus intereses económicos y políticos. El ex presidente se veía venir lo que finalmente pasó: la jueza Marta Cirulli, a quien le había dedicado uno de los tramos finales de su texto, decretó este lunes la quiebra del Correo, pero con esto puede venir una extensión que obligue a empresas del Grupo Macri a afrontar la deuda millonaria. Las otras dos camaristas mencionadas por él en su carta, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, deberán revisar esa y otras decisiones. El expresidente estaba inquieto también por otras cuestiones que pueden recrudecer con la decisión judicial. En especial, las investigaciones que podrían comprometerlo en maniobras de lavado de dinero, ya denunciadas en esta causa, pero también activadas en Estados Unidos contra los directivos del Meinl Bank, entidad austríaca acusada de corrupción y denunciada también por presuntas operaciones ilegales a favor de los Macri, que el Correo intentó usar de aval para salvarse.

Acá las diez mentiras y omisiones más grandes de la carta del exmandatario, quien además intentó usar a sus hijos como escudo --aunque no tienen ninguna relación con la empresa-- para victimizarse él.

1) Macri dice que es el Estado el que le debe dinero al Correo y no al revés. Es clave repasar los hechos. La concesión del Correo fue entregada al Grupo Macri en 1997. Era uno de los pocos servicios que quedaban sin privatizar. El compromiso era invertir no menos de 25 millones de pesos al año los primeros diez años. Esto no sólo no se cumplió sino que en el año 2000 los Macri dejaron de pagar el canon semestral al Estado. Peor, consideraron como inversiones las indemnizaciones de más de 10 mil empleados despedidos. Al comienzo de la concesión la planta de trabajadores era el doble. La gestión daba pérdidas. En 2001 entró en concurso de acreedores. En 2003 Néstor Kirchner decidió al reestatización.

Existen viejos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), incluso cuando la comandaba Rodolfo Barra en 2001, donde queda claro que nadie desde la Comisión Nacional de Comunicaciones había auditado que se hubiera cumplido con las inversiones. Quedaba claro ya entonces que la empresa había dejado de pagar el canon e incumplido con todo su plan. Un segundo informe en 2002, cuando la AGN la dirigía el radical Leandro Despouy, afirmaba que se podía dar por terminado el contrato y exigir la deuda. Quien no pagaba era el Correo, y no a la inversa.

2) Otro argumento es que el Correo siempre estuvo bien predispuesto a saldar sus deudas pero el Estado nunca aceptó sus propuestas. Los gobiernos kirchneristas, es cierto, las rechazaron porque eran desventajosas. Entre otras cosas, la empresa no reconoce los intereses adeudados. El Estado es un acreedor central: la deuda inicial era de 296 millones de pesos. Durante estos 20 años de concurso de acreedores el Poder Judicial fue, en general, funcional a extender ese proceso que no debería durar más de cuatro años. Es más, el “salvataje” o “cramdown” debió haber sido en 2004. Es la instancia en que la empresa tiene la posibilidad de ser rescatada por otras. Este año se postularon algunas, vinculadas con el grupo empresario, y terminaron renunciando. El Correo consiguió dilatar todo una vez más.

3) Macri elude precisiones sobre un momento clave. El 28 de junio de 2016, con Macri en la Presidencia, el Correo Argentino --todavía con la participación societaria de los hijos del expresidente-- hizo una nueva oferta. Fue prácticamente como si el expresidente a través de sus herederos se hiciera una oferta a sí mismo, en representación del Estado. Estaba todo convenido, como es evidente, y los representantes del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, aceptaron la propuesta. El pacto fue ante la Cámara Comercial, que no había convocado a la fiscala ante ese tribunal, Gabriela Boquin. Al notificarse después de esta situación, Boquin emitió un dictamen a fines de ese año y otro en febrero. Se opuso al acuerdo porque era “ruinoso y abusivo”. Se basó en un análisis contable del área especializada de la Procuración General que concluía que el acuerdo a 15 años para el pago de la deuda, la licuaba en un 98,87 por ciento. El análisis tenía en cuenta intereses y la diferencia del tipo de cambio. La deuda real superaba, de acuerdo al cálculo, los 4 mil millones de pesos, y proyectada a 2033 implicaba que el Estado dejaría de percibir 70 mil millones de pesos.

4) La carta de Macri acusa a Boquin de estar empecinada en lograr la quiebra y no recuperar dinero para el Estado. Un dato objetivo es que el Correo inició cuatro demandas reclamándole plata postexpropiación al Estado, no prevalecía un interés por compensarlo. Lo que denunció la fiscala fue que, por un acuerdo espurio, el Correo no pagaría el grueso de su deuda. Pero, además, con sus cálculos y su enfoque estuvieron de acuerdo otros tres fiscales: Juan Pedro Zoni, el primero que tuvo la causa penal por el pacto en cuestión, y que fue desplazado por el procurador interino Eduardo Casal cuando imputó al propio Macri; su sucesor en la causa, Gerardo Pollicita, que llamó a Aguad a indagatoria, junto con su director de jurídicos, Juan Mocoroa, y los hombres del Correo, pero dejó afuera a Macri; y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Además, este año se conoció el resultado de un estudio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, y concluyó que el cálculo de Boquin era acertado.

5) Macri culpa al Procurador del Tesoro Carlos Zannini, nombrado por el actual gobierno. En su momento, Macri desplazó a su primer procurador, Carlos Balbín, cuando elaboró un informe interno que cuestionaba la maniobra para eludir el pago de la deuda. Lo reemplazó por Bernardo Saravia Frías, que había sido abogado de Socma, accionista y controlante de Correo, además de miembro de la mesa judicial. Zannini es el representante de los intereses del Estado, es obvio que debe defenderlos.

6) El expresidente dice que las propuestas de la empresa siempre fueron aprobadas por los síndicos y el acompañamiento de la totalidad de los acreedores. Como informó este diario y denunció ya en 2016 Boquin, de un total de 375 acreedores que dieron conformidad en su momento, 354 están concentrados en 14 apoderados, seis de los cuales tienen el mismo domicilio y cuatro de ellos integraron el directorio del Correo. Estaban todos conectados entre sí y con la empresa: en su mayoría, son la empresa. Para peor, al menos uno de los hombres que figura como apoderado de 23 acreedores, Martín Mac Cormack, denunció que no participó de nada y ahora hay una causa penal. Aun con todo esto, el Banco Nación, que representa el 36 por ciento del pasivo, no le prestó conformidad ni durante el macrismo. La deuda con esa entidad asciende a 588 millones de pesos.

Hay que sumar que el acreedor privado más grande con el 38 por ciento del pasivo es el Meinl Bank, un banco austríaco investigado por lavado, quebrado e inhabilitado para operar, que compró gran parte de la deuda del Correo en 2005. Es inexplicable por qué adquiriría una deuda en forma desventajosa: se hizo cargo de casi 58 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional y de 62 millones del BID. Ahora se investiga que en ese acuerdo habría intervenido una off-shore, Mervet, también ligada a los Macri. De este modo, la conformación de esas mayorías que el Correo y Macri pintan como perfectamente legítima, está rotundamente cuestionada e investigada. El Meinl es investigado también en Estados Unidos y su ex director ejecutivo, Peter Weinzierl, fue detenido por un pedido de la fiscalía de Nueva York, con una perspectiva de pena de 70 años de cárcel por operatorias espurias. Otro directivo está prófugo.

7) Macri dice que el Correo tuvo la generosidad de ofrecer este año pagar el 100 por ciento de lo adeudado y todos los intereses. Eso no es cierto: ofreció 1000 millones de pesos, que es una sexta parte de la deuda actual, incluidos los intereses. Ellos solo aceptan pagar el interés punitorio pero no el compensatorio. Tampoco reconocen el pasivo posconcursal, que supera los 600 millones de pesos de deuda solo con la AFIP. La empresa, aún inactiva, siguió teniendo movimientos que la fiscalía denunció como maniobras de vaciamiento, entre otras cosas.

8) También sostiene Macri que Boquin tiene “un comportamiento distinto con la empresa Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López”. Pero la fiscala nunca intervino en las propuestas de la empresa Oil. Solo lo hizo por recusaciones y por una discusión por la fecha de inicio del estado de cesación de pagos. No tiene comparación.

9) A Zannini le adjudica que pide la quiebra “porque mis hijos fueron accionistas” (dejaron de serlo en diciembre de 2017). Sus hijos nunca estuvieron mencionados, imputados ni investigados en nada. No se les adjudicó ninguna intervención. Tampoco habría posibilidad de ir contra ellos en el estado actual del expediente. Los socios de la accionista Socma hoy son los hermanos de Macri, Gianfranco (con la mayor parte), Mariano y Florencia, y los hijos de la hermana fallecida del expresidente, Sandra Macri.

10) Macri no menciona la última jugada judicial y en este caso tampoco a jueces/as que considera aliados/as. Tanto a través del Correo como de Socma se buscó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), donde hay tres jueces afines al macrismo, empezando por la presidenta Inés Weinberg de Roca, ex candidata de Macri a la Procuración General, Santiago Otamendi y Marcela de Langhe. Una corte local que opina y da órdenes sobre lo que hace la Justicia nacional comercial, es algo nunca visto, pero aquí ocurrió. El TSJ se metió por la ventana con el objetivo, en breve, de tratar el apartamiento de la jueza y la fiscala, un asunto que aún no está cerrado.