"De la sangre vertida en Palomitas/ nacen soles y banderas fraternas/ nacen jóvenes bosques donde la ronda de los niños canta", reza un poema en honor a los masacrados en Palomitas, que escribió la inolvidable poeta salteña Teresa "Kuky" Leonardi de Herrán, fallecida el 26 de marzo de 2019. Y es que a 45 años de la Masacre de Palomitas, en la que fueron asesinados once detenidos por razones políticas, los organismos de derechos humanos reivindican las palabras de la poeta y claman justicia en las causas que tienen al ex juez federal Ricardo Lona como uno de los responsables de los asesinatos. 

Por segundo año, el acto principal no se realizará en el lugar de la masacre, al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la pequeña localidad de Palomitas, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Debido al contexto de pandemia y a los protocolos de bioseguridad en eventos públicos, la Mesa de Derechos Humanos de Salta decidió que el acto será a partir de 10.30 en el Monolito que recuerda la Masacre de Palomitas, ubicado en el Parque San Martín de la Capital. 

La ex presa política Nora Leonard, y referente de la Asociación Lucrecia Barquet, dijo a Salta/12 que leerán un documento, además se recordará a cada una de las víctimas a través de las palabras que ellos mismos expresaron como militantes. 

El 6 de julio de 1976, 11 detenidos, seis mujeres y cinco hombres, fueron sacados de la cárcel de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, con la excusa de que iban a ser llevados a un penal de mayor seguridad. Sin embargo, eso no sucedió y fueron asesinados María Amaru Luque, Benjamín Ávila, José Povolo, Celia Leonard, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Georgina Droz, Evangelina Botta y Pablo Outes. 

Leonard sostuvo que uno de los principales reclamos es que haya mayor celeridad en la resolución de las causas judiciales de lesa humanidad. Sin ir más lejos, la causa contra  el ex juez federal Ricardo Lona como partícipe de estos homicidios, está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 3 años. El trámite está en su etapa final pero fue paralizado por un recurso del ex magistrado. 

En 1976 Lona, como único juez federal en la provincia, tuvo conocimiento de la orden de "traslado" de los detenidos que dio el coronel Carlos Alberto Mulhall. Y el receptor fue el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez. El operativo comenzó hacer al anochecer del 6 de julio.

Para Leonard es "inconcebible que este señor (por Lona) no haya sido condenado", por lo que espera que se constituya una Corte de Justicia más democrática, para lo que pidió que se cambie a los actuales jueces. "Han demostrado gravísimos hechos de complicidad con fallos injustos", indicó, al tiempo que insistió en que ls Justicia debe ser más expeditiva en la resolución de las causas. 

"Nuestra lucha es histórica y tiene que ver con los ideales de los compañeros que luchaban porque los derechos humanos sean respetados", precisó Leonard. Para la militante, ese respeto es garantizar que no haya pobreza ni falta de trabajo, sobre todo, en provincias como Salta que tiene un índice de pobreza del 41,7%, según el INDEC. 

Además de la causa contra Lona, aún está abierta Palomitas III. Inicialmente en este expediente había una larga lista de imputados: el ex jefe de Logística del Regimiento V de Caballería, Luis Dubois; los ex guardiacárceles Napoleón Soberón, Vicente Agustín Puppi, Víctor Manuel Rodríguez, Juan Salvador Sanguino, y los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor. 

Sin embargo, en ese largo proceso fallecieron tres acusados: Soberón (2013), Cornejo Alemán (2014) y De la Vega, (2015). Por cosas como ésta es que Nora lamentó que la Justicia "haya tardado tanto, porque en el medio se han ido muriendo los genocidas y también los familiares de las víctimas". 

Rodríguez y Sanguino fueron procesados en agosto de 2019, en el mismo resolutorio Dubois obtuvo el sobreseimiento provisional y Puppi fue citado a declarar. Estos procesos tienen poca difusión porque son escritos, a la vieja usanza, merced a una concesión de la Justicia Federal a los represores. 

Leonard también recordó que ya existen dos sentencias sobre los partícipes en la Masacre. La primera llegó recién en 2010: se se condenó a reclusión perpetua a tres militares: al entonces coronel Mulhall, quien dio la orden del traslado; al capitán Hugo César Espeche, quien llevaba la orden por escrito, y la lista de los sentenciados y que, según la reconstrucción de los testigos y detenidos, ordenó que la salida de los trasladados no debía registrarse en los libros del penal y los subalternos debían mantenerse alejados de los lugares de acceso mientras se retirara a los presos, que además se hizo en medio de la oscuridad.

También fue condenado el coronel Miguel Raúl Gentil, jefe de la Policía de Salta, quien encabezó la comitiva que esperaba a los detenidos a la salida sur de la ciudad de Salta. También estaba presente el mayor Juan Carlos Grande (ya fallecido), subjefe de la Policía. Cerca del pueblo de Cobos, entre Salta y la ciudad de General Güemes, otros ejecutores secuestraron un automóvil Torino y una camioneta Ford F 100. Los usaron para simular un enfrentamiento entre los detenidos y los efectivos. 

La segunda sentencia fue al año siguiente, en Palomitas II, en la que fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.

El acto de la tarde 

Desde las 15 de hoy, se realizará en el Monolito de Palomitas del Parque San Martín, el acto encabezado por un grupo de Hijos y Familiares en la Red de Derechos Humanos de Salta. Entre los principales pedidos está la apertura de todos los archivos del período de terrorismo de Estado, que va desde el 1974 al 1983. 

También, la exigencia para que cesen las prisiones domiciliarias y excarcelaciones a los condenados por delitos de lesa humanidad. El Partido Obrero, que participará del acto, cuestionó que aún continúe la impunidad que está dada en "las prisiones domiciliarias de la que gozan algunos condenados, en que algunos imputados fallecieron antes de ser juzgados o de la que goza aún en esta causa el ex juez Ricardo Lona".

La Red además pidió por la restitución de la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados y el pedido de Memoria, Verdad y Justicia por lxs 400 compañerxs LGBTIQ+ desaparecidxs durante el período de la última dictadura militar. 

Además, el referente del PO, Pablo López, denunció que en los días previos a cumplirse 45 años de uno de los mas atroces crímenes cometidos por la dictadura en Salta, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el jefe de Policía de Salta, José Ibarra, recibieron al ex policía condenado por gatillo fácil Luis Chocobar. 

Para López, fue "un claro aval del gobierno a esta práctica criminal que la policía aplica principalmente contra la juventud en los barrios y que en Salta ya se ha extendido, y que tiene como respuesta la organización y movilización de los familiares de las víctimas".