El Comité Contra la Tortura de la ONU (CCT por su sigla en inglés) exhortó al gobierno argentino a tomar medidas contra la superpoblación carcelaria en penales y comisarías, lo cuestionó por la “deficiente investigación” de casos de tortura denunciados, y lo instó a poner en marcha un mecanismo de prevención contra esos apremios y otros abusos de las fuerzas policiales. Las observaciones del organismo internacional fueron realizadas en un marco paradójico: el propio gobierno, que reconoció ante la ONU el hacinamiento carcelario, promueve la ley de endurecimiento en las excarcelaciones como solución a los problemas de inseguridad.

Diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y el Observatorio contra la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, plantearon críticas y requerimientos a las políticas y acciones efectivas del gobierno argentino (que representa al estado nacional y a cada una de las provincias) en cuestiones de abusos en cárceles y comisarías.

Los planteos se realizaron durante la 60a sesión del CCT en Ginebra. La CPM denunció el “colapso del sistema carcelario”, las “torturas y las muertes” de personas privadas de la libertad, y “las prácticas policiales arbitrarias”. La situación es extensible al resto de las cárceles.

Según el comunicado de la CPM, los representantes del gobierno argentino reconocieron “la grave situación de superpoblación y hacinamiento” en cárceles y comisarías, así como también admitieron “la falta de datos sobre la problemática”.

El CCT, por su parte, insistió en la “implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, creado por ley en 2012, y advirtió al Estado acerca de “la inconveniencia de usar las comisarías como lugares de detención permanente”. Los expertos internacionales del CCT recordaron lo ocurrido en la comisaría primera de Pergamino, donde a principios de marzo pasado murieron calcinados y asfixiados siete detenidos.

No es la primera vez que el Comité Contra la Tortura se pronuncia sobre los casos denunciados por la CPM, que en esta oportunidad presentó un informe de seis puntos. Además de alertar sobre “la práctica sistemática” de la tortura en cárceles y comisarías, la superpoblación y el hacinamiento de los detenidos, también denunció “las muertes en el encierro”, “las prácticas policiales ilegales” y los abusos contra grupos vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, trans y mujeres. El organismo advirtió, además, el riesgo que implica la reforma de la ley de Ejecución Penal 24.660 y el Decreto de Necesidad y Urgencia, que pone el acento sobre los migrantes. 

El Gobierno negó que el decreto ataque los derechos de los migrantes. Al mismo tiempo, reconoció el hacinamiento en cárceles y que para determinar los cupos carcelarios confía en los datos que le ofrecen los diferentes servicios penitenciarios.