Desde Santiago

Compleja ha sido la instalación de la Convención Constitucional. Por una parte está la exigencia inicial de revisar la situación de los presos políticos mapuche y los del Estallido Social iniciado el 15 de octubre de 2019 en Chile, apoyada por la presidenta, Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa. Un tema que aún no se ha podido desarrollar ya que por segundo día consecutivo se ha suspendido la sesión, algo que de alguna manera permite ganar tiempo o al menos enfriar el ambiente a quienes creen, en la centroizquierda y el oficialismo, que no sólo no existen los presos políticos, sino que tampoco se debe interferir en el poder judicial. 

Por otra parte, están las deficiencias técnicas que incluyen desde el acceso a internet hasta la ventilación de las salas, en plena emergencia por la variante Delta de la covid-19 en el país, que han impedido que los 155 constituyentes puedan trabajar con normalidad en las dependencias del ex Congreso Nacional y del Palacio Pereira en pleno centro de Santiago.

Incluso el mismo presidente Sebastián Piñera, según confirman fuentes al interior del gobierno, exigió al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa que “solucione” cuanto antes esta situación.

Una Convención Interrupta

Tras la tensa jornada del domingo, con protestas fuera del ex Congreso que obligó a retrasar las elecciones de los encargados de liderarla —la académica mapuche Loncón y el abogado constitucionalista Bassa— las dificultades demuestran la incapacidad del gobierno, cuya cara más visible es junto a Ossa la del secretario ejecutivo de la convención Francisco Encina, de organizar este encuentro lo que ha provocado gran molestia entre los participantes.

De hecho, Encina (a diferencia de Ossa) ya ofreció su cargo lo que sería aceptado por Piñera de manera inminente. Pero la prioridad es que mañana ya esté funcionando con normalidad.

“Hoy día nos correspondería nuevamente hacer una sesión, si ayer no pudimos hacer nuestra segunda sesión fue porque no hay condiciones técnicas ni sanitarias, entonces acabamos de ir a revisar nuestras oficinas y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con los convencionales”, señaló Loncón en un punto de prensa esta mañana, insistiendo que no ha habido ningún cambio importante en estas instalaciones.

"La cuestión de fondo es política"

Es importante como Loncón ha apuntado a la mala voluntad del gobierno, casi como si quisieran que el proceso constituyente no se lleve a cabo con normalidad, fallando bases de datos, plataformas y la inexistencia de un canal de comunicación oficial de la mesa que lidera. Algo que se podría haber previsto considerando que el acuerdo por una nueva constitución se ratificó en un plebiscito hace ya nueve meses. “Las explicaciones han sido insatisfactorias porque aluden razones técnicas, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política”, dijo.

Bassa pidió disculpas al resto de los constituyentes. “Por raro que parezca, todavía no tenemos ese canal de comunicación, porque los compromisos que asumió el Gobierno no se han cumplido”.

Como medida de emergencia, la U de Chile ofreció sus dependencias para llevar a cabo estas reuniones, mientras que el gobierno a través del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pávez ha asegurado que “para el gobierno también es importante que funcione todo bien”.