La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, creó una mesa para trabajar conjuntamente con organismos de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Archivo General de la Nación (AGN) en el relevamiento de los cientos de fichas y legajos --referidos al período de la última dictadura-- que fueron encontrados en la exSIDE. “Para nosotros, este emprendimiento conjunto abre una esperanza de que surjan los datos para el encuentro de los nietos que estamos buscando y también de los genocidas cuyos nombres no conocemos --o sólo tenemos los apodos con los que actuaban-- para que sean juzgados como se debe, con todo el peso de la ley”, le confió a Página/12 Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que participó --de manera virtual-- del primer encuentro de la mesa que se realizó en la exESMA.

Después de meses de reuniones con organismos, Caamaño creó por resolución la mesa conjunta de documentación de inteligencia vinculada a violaciones de los derechos humanos. La presentación en sociedad se hizo durante la mañana del martes en el ANM junto con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. En el encuentro, estuvieron representantes de organizaciones de derechos humanos --algunos en el lugar y otros conectados desde sus casas--. Así lo hizo Estela de Carlotto, que celebró que la decisión es “un paso adelante para tener la historia de manera completa”.

“Desde que asumí la intervención, el Presidente me encomendó llevar adelante un trabajo serio, sostenible en el tiempo en relación al rol de los servicios de inteligencia en las violaciones a los derechos humanos en nuestra historia reciente”, dijo a Página/12 Caamaño, que estuvo en el acto con su ya característico barbijo con el pañuelo de las Madres. “De hecho, en la última prórroga de la intervención, consideró que correspondía robustecer la tarea que iniciamos el año pasado. Hacia allá vamos, el Estado y los organismos trabajando en conjunto”.

Para Pietragalla también se trata de una forma de dar respuesta a un reclamo histórico para conocer cómo funcionaron los servicios de inteligencia, que fueron el verdadero cerebro de la represión. “Es fundamental el vínculo que hay entre la AFI y los organismos de derechos humanos para que podamos tener un acceso total a la documentación que existe en la exSIDE sobre la dictadura”, sostuvo Pietragalla en diálogo con este diario. “Es importantísima la articulación entre sociedad civil y Estado para poder darle un sentido a esos archivos y avanzar con una política de desclasificación”, agregó.

A poco de asumir, Caamaño creó el Programa de Protección de Registro y Archivo para relevar la documentación encontrada en el organismo y que se extendiera hasta el 9 de diciembre de 1985, el día en que la Cámara Federal dictó la sentencia en el Juicio a las Juntas. Se encontraron tres muebles con 250.000 fichas que habían sido confeccionadas por la llamada Dirección de Antecedentes, como había informado este diario. En el relevamiento, aparecieron también 700 legajos, sumarios y libros de órdenes del día y más de 2000 documentos que están resguardados en distintas sedes de la exSIDE.

“Propusimos a la AFI esta mesa para integrar la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos y de las instituciones públicas con gestión especializada a la tarea que la propia AFI, como unidad productora y responsable, debe llevar adelante para consolidar un proceso de trabajo sobre su archivo con políticas integrales de tratamiento, desclasificación y acceso”, explicó Verónica Torras, directora de Memoria Abierta.

Los organismos

La expectativa de los organismos con la tarea es grande, y se sabe que llevará tiempo y recursos. “Estamos accediendo al costado más sofisticado del aparato represivo”, evaluó José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), que semanas atrás visitó la AFI y encontró una ficha que los servicios habían confeccionado sobre su hermano. “Estas cosas nunca son burocráticas aunque parezcan”, reconoce.

La investigación sobre el funcionamiento de los distintos integrantes de la llamada comunidad informativa es un reclamo, especialmente a quince años de la reapertura de los juicios y a 45 del golpe de Estado.”La reconstrucción de la estructura de inteligencia del terrorismo de Estado y su intervención en el plan de exterminio es una dimensión todavía pendiente del proceso de memoria, verdad y justicia”, afirma Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Por eso, es fundamental que el Estado trabaje de manera activa en la reconstrucción de este aspecto del terrorismo de Estado que ha permanecido en penumbras y, en este sentido, el trabajo con los archivos de la AFI es muy importante”, completa Litvachky,

“Es un avance”, se entusiasma Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Queremos que, cuando se termine con el trabajo de relevamiento y sistematización, esta documentación sea pública para que toda la sociedad sepa qué pasó”.