A pesar de que se lo separó por "parcialidad" a favor de una fuerza federal sospechada en una desaparición forzada y se lo responsabilizó por las arbitrariedades cometidas por la Gendarmería el día de la desaparición de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue beneficiado por el Consejo de la Magistratura, que cerró su pedido por juicio político, sin siquiera tratarlo.
"Se analizó al expediente de referencia y toda vez que la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones fue presentada el 23 de mayo de 2018, ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido", fue el argumento de los consejeros, según el acta firmada por el presidente del cuerpo, el abogado Diego Molea, y el secretario general, Mariano Pérez Roller, para descartar el tratamiento del pedido de juicio político.
La presentación había sido presentada por les entonces diputades Victoria Donda (Libres del Sur), Myriam Bregman (FIT) y Horacio Pietragalla (FpV), quienes actualmente se desempeñan como titular de la INADI, legisladora porteña y secretario de Derechos Humanos, respectivamente. La denuncia contra Otranto era por "mal desempeño en sus funciones" debido a irregularidades antes y durante la investigación.
Los legisladores señalaron, por ejemplo, que Otranto sabía del hostigamiento que venía sufriendo el Pu Lof en Resistencia Cushamen desde la primera represión, meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado; e incluso había convocado a principios de 2016 a una mesa de diálogo de la que participaba la comunidad, pero la suspendió un año más tarde.
"Esas arbitrariedades permitieron que Gendarmería pudiera desalojar la ruta y entrar ilegalmente al Pu Lof donde desapareció Santiago y después apareció sin vida", sostuvieron en la presentación. Otranto terminó avalando la orden dada en agosto de 2017, por supuesta "flagrancia", que inició el operativo represivo en el que desapareció Maldonado. De hecho, tras el cambio de gestión, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia judicial contra exjefe de Gabinete de la cartera que conducía Patricia Bullrich, Pablo Noceti.
Sin embargo, lo que terminó de eyectar a Otranto de la causa fueron sus declaraciones en una entrevista al diario La Nación, donde el juez federal de Esquel expuso su posición respecto de la inocencia del personal de Gendarmería que actuó en la represión y aseguró, cuando aún el cuerpo estaba desaparecido, que Maldonado se había ahogado.
El fallo del Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura cerró sin pronunciamiento y por el paso del tiempo el pedido de juicio político contra el juez federal de Esquel.
A pesar de todas estas sospechas en el marco de una causa de desaparición forzada, el argumento del Consejo de la Magistratura, presidido por Molea, para desestimar la investigación contra Otranto fue el paso del tiempo. El Consejo, según la resolución a la que tuvo acceso la agencia NA, recordó una reglamentación vigente que establece que "la decisión de abrir un procedimiento de remoción o disciplinario de magistrados no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado".
Tras el apartamineto de Otranto, por decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, fue nombrado en su lugar el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien continúa al frente de una causa paralizada. "No continuaremos esperando justicia del Estado argentino", lamentó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en noviembre pasado, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso para apartar a Lleral.
La familia de Santiago avanzó con la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sometió el análisis de la causa a un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI), que denunciaron la presencia de pruebas ignoradas por al justicia local. "La investigación sobre Santiago Maldonado está inconclusa", advirtió una de las expertas del GIEEI, entrevistada por este diario.
