Ayer, luego de dos tensas jornadas en las que algunos estimaron que podría haber enfrentamiento entre trabajadores, los manifestantes que mantenían el acampe en las puertas del Ingenio San Isidro, en la localidad de Campo Santo del departamento de General Güemes, decidieron suspender las protestas hasta el miércoles que viene. El acampe impedía la salida de los camiones de carga desde el Ingenio a otros puntos de comercialización.
La decisión se tomó en una asamblea que se hizo por la tarde, luego de que se decidiera mostrar voluntad de llegar a un acuerdo definitivo. El inicio de las tratativas de ese acuerdo fue posible por la intervención del secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), Mariano Cuenca, indicó que el titular de la CGT realizaba ayer las gestiones pertinentes ante la empresa que administra el Ingenio, a cargo de Diego Ruiz, y el gobierno de la provincia.
Algunas versiones indicaban que trabajadores activos del Ingenio se estaban uniendo para realizar una contraprotesta a la que organizó el SOEASI. A ello se sumó la tensión con delegados del Sindicato de Camioneros que llegaron hasta el lugar y mostraron malestar al entender que el paro solo afectaba a sus afiliados y no a todo el personal, dado que había gente de la empresa que continuaba trabajando.
“Nunca vamos a romper un paro”, dijo el ex titular de Camioneros en Salta y actual delegado de Trabajo de Nación, Jorge Guaymás, al explicar que la presencia de los delegados del Sindicato de los transportistas en el lugar fue “para asistir a nuestros afiliados que estaban en medio del frío sin comida y sin baños”.
El origen de la protesta es en principio la falta de pago del 50 por ciento de la indemnización total a los trabajadores. Esta cuestión se encuentra judicializada y su demora se debe a la pandemia, pero también a que la empresa que se fue, el Grupo Gloria, busca que se conceda el argumento de que estaba en crisis y por eso cerró pagando solo la mitad de la indemnización. Sin embargo, el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), que le hubiese permitido esta posibilidad, nunca fue aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Los otros reclamos apuntan a la falta de contratación del total de trabajadores que quedaron desempleados tras la ida del Grupo Gloria, y el desconocimiento del SOEASI como entidad gremial representativa de los trabajadores. Por esta actitud, el grupo Ruiz (actual administrador del Ingenio), ya se encuentra denunciado en la Justicia laboral por generar acciones antisindicales como la de obligar a los trabajadores a renunciar al Sindicato si quieren trabajar en la empresa. Cuenca denunció por otra parte, la existencia de “listas negras” de trabajadores que no fueron reincorporados por pertenecer al SOEASI, y que tampoco encuentran trabajo en la zona.
Responsables solidarios
El abogado a cargo de las causas por el pago de las indemnizaciones, Horacio Meguira, sostuvo que el Grupo Gloria y el Grupo Ruiz son “solidariamente responsables” al momento de afrontar las deudas. Por su parte, en una nota que dio a Radio Nacional, Ruiz afirmó que no son ellos quienes deben pagar el 50 por ciento de la indemnización que está judicializada.
Sin embargo, desde la empresa, con el aval del gobierno provincial, se había iniciado un camino de acuerdos para saldar la deuda con lotes a entregar dentro del mismo predio del Ingenio. “Eso fue para traer paz social y evitar lo que ahora está pasando”, dijo Ruiz al apuntar contra Cuenca por la ida del Grupo Gloria y el despido de los trabajadores.
“Tengo 73 años y desde los 25 soy abogado laboralista. Y Cuenca es un excelente dirigente”, dijo por su parte Meguira, al sostener que el SOEASI es el “único Sindicato (del San Isidro), que representa a los trabajadores. Los demás, no existen”. Esta última afirmación fue en clara referencia a la Unión de Trabajadores del Azúcar San Isidro (UTASI). Afirmó que el acuerdo que quiere establecer la empresa con los empleados desocupados que esperan su indemnización “es un engaño”, dado que “ningún juez puede homologar un acuerdo así”, en referencia a la entrega de los lotes. Esto sucede porque, explicó, se desconoce cuál es la deuda real del 50 por ciento para cada trabajador. Calificó la actitud, que también tuvo como actores a funcionarios de la provincia, “sin asidero ni lógica”, y como un artilugio publicitario que apunta a “dividir para reinar”.
