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Los once detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas que fueron asesinados el 6 de julio de 1976 por el terrorismo estatal fueron recordados ayer con un dos actos realizados en el Parque San Martín de la ciudad de Salta. El momento más emotivo se dio cuando cuando se recordó a cada uno a través de sus propias palabras.
"Yo no lucho solamente por mis hijos, lucho para que las hijas y los hijos de todos vivan en un mundo mejor”, había dicho Pablo Outes, quien tenía tres hijos, había sido legislador provincial y tras un exilio en Venezuela, se entregó en noviembre de 1975.
Evangelina Botta, amaba la lectura, la música y sobre todo, la lucha por un mundo mejor, "Un mundo donde no hubiera tanto para unos pocos, ni tan poco para tantos, sino donde la justicia dijera presente y donde la memoria perdurara", leyeron en el acto recordándola.
En una carta a su hermana Roberto Oglietti interrogó: “¿Acaso te pusiste a pensar que pasaría con una fábrica sin obreros y con el campo sin campesinos? ¿qué harían los poderosos, los empresarios, los terratenientes, los politiqueros títeres del imperialismo, qué harían sin el pueblo sin los trabajadores? Nosotros somos una parte de ese pueblo que sufre las injusticias más irracionales, con la diferencia que nos tienen confinados detrás de una reja".
Celia Leonard de Ávila le recordó a su hijo mayor, Jorge, lo bueno de "luchar por las cosas importantes de la vida, como los derechos de las personas, la igualdad entre los seres humanos y lo lindo que es comprometerse con causas justas”. Mientras que su compañero, Benjamín Ávila, sostuvo en algún momento que “el verdadero cristiano es el que esta comprometido con los pobres”.
Amarú Luque de Usinger era militante en distintas organizaciones sociales, en la Juventud Peronista y luego en Montoneros. Le escribió a sus padres: “Cuesta mucho aceptar para ustedes lo que somos nosotros vuestros hijos y lo que ponemos en juego, pero es el camino que nosotros elegimos, ya que consideramos que es el único para alcanzar lo que queremos".
El compañero de Amarú era Rodolfo Usinger, también asesinado ese 6 de julio. Se sabe que cuando los militares lo sacaban de la cárcel para el traslado final tuvo claridad sobre el destino que les esperaba y confrontó a la patota: "¡Asesinos hijos de puta!", les gritó.
En un intercambio con un familiar José Povolo había anticipado su muerte: "Voy a morir luchando”.
Georgina Droz fue recordada como alguien que entendía que la alfabetización era la oportunidad histórica de darle la palabra a los oprimidos, y llevaba a cabo esa tarea en las barriadas de Salta. María del Carmen Alonso de Fernández propuso que todas las plazas de las villas estuvieran llenas de árboles frutales para que todos las tuvieran a su alcance.
Alberto Savrasky era una persona muy solidaria, al punto que tomaba los remedios de la farmacia familiar para repartirlos entre las personas que los necesitaban y no contaban con el dinero para comprarlos.
Expresión del terrorismo estatal
El 6 de julio de 1976 fueron asesinados once detenidos por razones políticas, al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la localidad de Palomitas, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Salta. Ese hecho se conoce como la Masacre de Palomitas y para la Mesa de Derechos Humanos de Salta, se trata de la expresión más clara del terrorismo de Estado aplicado en la provincia.
A 45 años de aquellos sucesos, en la Capital se realizó un nuevo acto en homenaje a los asesinados en la última dictadura cívico militar de Argentina. Se leyó documento único que clamó por justicia y se hizo una remembranza de cada uno de los y las militantes asesinados.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta insistió en que se avance en la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, por su participación en la masacre. La causa está demorada porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve un recurso planteado por la defensa del ex magistrado hace tres años.
En la noche del 6 de julio fueron asesinados Celia Raquel Leonard de Ávila, Leonardo Benjamín Ávila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen “Chicha” Alonso, María Amarú Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, José Víctor Povolo, Roberto Savransky y Pablo Eliseo Outes.
La Mesa lamentó que muchos de los partícipes en la Masacre "murieron sin condena". Ese fue el caso del ex guardiacárceles Napoleón Soberón (2013) y los militares Joaquín Cornejo Alemán (2014) y Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, (2015), subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor. Los tres estaban siendo juzgados en la causa Palomitas III, aún abierta.
No obstante, resaltaron que tras años de lucha, se logró la condena a varios de los responsables. En 2010 fueron sentenciados a reclusión perpetua los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Este último falleció el 17 de abril de este año y fue el encargado de sacar a los once detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas en la ciudad de Salta para llevarlos a la ruta nacional 34.
La segunda sentencia fue al año siguiente, en Palomitas II, en la que fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.
La Cámara de Diputados de la Nación resolvió ayer rendir homenaje a los fusilados en la Masacre de Palomitas a instancias de la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos). Fue la primera vez que lo sucedido en la provincia llega a la Cámara Baja nacional. Por la tarde, se realizó el homenaje por parte de un grupo de Hijos y Familiares en la Red de Derechos Humanos de Salta. Entre los principales pedidos está la apertura de todos los archivos del período de terrorismo de Estado, que va desde el 1974 al 1983.
Contra la violencia institucional
Los presentes en el Monolito que recuerda la Masacre de Palomitas, ubicado en el Parque San Martín de la Capital, escucharon el repudio de la Mesa por las más de mil denuncias por violencia policial que la provincia registró entre enero y mayo de este año. Recordaron que con el decreto provincial 255, convertido en ley 8191, pero luego derogado, se otorgaron "amplias facultades a la Policía de Salta".
Afirmaron que quienes dan cuenta de ello, son las personas que padecieron el gatillo fácil y las lesiones causadas en medio de supuestos enfrentamientos. También quienes participaron en movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados e integrantes de los colectivos feministas y disidentes, más los miembros de pueblos originarios.
Por eso, volvieron a insistir en la necesidad de "contar con un organismo que defienda los derechos humanos contra la violencia institucional y de las fuerzas de seguridad". Exigieron que el gobernador Gustavo Sáenz firme el decreto para que el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia, comience a funcionar dado que está demorado desde inicios de 2020.
A ello se sumó el repudio al recibimiento que se hizo al policía condenado Luis Chocobar, por parte del secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el nuevo jefe de la fuerza en Salta, José Ibarra, en la Jefatura de la Policía de la provincia. Exigieron explicaciones a Sáenz y al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.
"No sorprende que Chocobar presente en Salta su fundación", afirmaron, dado que después de recibir su condena, los adeptos de Chocobar reunieron más de 2 millones de pesos en su beneficio, pero el policía lo destinó para el armado de una organización sin fines de lucro. Para los organismos de derechos humanos, el recibimiento fue una "habilitación política a la violencia institucional y legitima las prácticas ilegales que suceden de forma estructural en las fuerzas de seguridad".
También se solidarizaron con la lucha que están llevando adelante los trabajadores despedidos del ingenio azucarero San Isidro, por el reclamo del cobro de las indemnizaciones adeudadas tras el cese de sus contratos. En ello repudiaron el "accionar del gobierno de la provincia que ha desplegado fuerzas de seguridad para custodiar a una empresa privada". "Su lucha es nuestra lucha", cerró el documento.
