El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, se escudó en el papa Francisco para destacar la “actitud de la Iglesia de promover una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social” y justificar así el nuevo intento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país de “reconciliar” a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Lo hizo en la homilía que inauguró anoche una nueva asamblea plenaria del organismo, la número 113, en la que los obispos de todo el país escucharán “testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”. Así lo informó el Episcopado en un comunicado en el que evitó referirse a familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y a agrupaciones que bregan por la “memoria completa”, integradas mayoritariamente familiares y amigos de represores condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos. “¿Ahora vienen a pedir reconciliación? Deberían decirles a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos”, advirtió Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó en la misma línea: “No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto”, remarcó. Abuelas aún busca a más de 300 bebés apropiados durante el terrorismo de Estado. 

“Esta parte de la Iglesia maneja un nivel de hipocresía total”, sentenció Cortiñas. Sin incluir a la Iglesia de “la opción por los pobres, que trabajó en las villas, que soñó como nuestros hijos e hijas por un país mejor, y que por eso perdió integrantes en manos de los monstruos del terrorismo de Estado”, la Madre de Plaza de Mayo descartó toda posibilidad de participar de la iniciativa de “reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar” que la CEA planteó como eje de su nueva asamblea plenaria y como el primer paso de “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”, tal como lo describió en el comunicado de anuncio del plenario que se llevará a cabo en Pilar y durará cinco días. 

Durante la apertura del encuentro, Arancedo confirmó la idea. “Nos hemos acostumbrado a una cultura del enfrentamiento, la violencia y la anomia que nos debilita como nación”, desafió. Se escudó en el papa Francisco y su referencia a una “nueva evangelización que anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada” y mencionó que la “misión de la Iglesia” es “contribuir con su palabra a una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social”. “No se trata de una mirada ingenua sino de poner al hombre en el centro de la cuestión social, y verlo como responsable de la misma realidad e instituciones de la República, que son la necesaria mediación en un estado de derecho y en el marco de una vida en democracia. Esta actitud nos hace protagonistas de un futuro que nos compromete”, concluyó.         

Metodología de la amistad social 

Según un breve documento de prensa, la CEA apuntó que el “tiempo de reflexión” que abrirán en el plenario “se limitará a la escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”, por lo que descartan “intercambio entre los participantes”. Mencionaron que “se ha invitado a un número acotado de personas para contar con un tiempo suficiente para narrar sus experiencias”. Una de ellas es Graciela Fernández Meijide, quien confirmó a este diario que aceptó la invitación con la aclaración de que “aceptaran” en el Episcopado su postura de “rechazo a toda posibilidad de reconciliación mientras no exista la más mínima demostración de conciencia del daño que provocó la otra parte”, informó. “Ellos aceptaron y dijeron que solo están recogiendo testimonios, que les va a llevar como un año”, añadió.    

  Abuelas, Madres y Familiares de desaparecidos, en tanto, rechazaron de plano la iniciativa. “No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”, respondieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, reforzó el argumento: “Es ridículo el planteo de un diálogo en términos de igualdad de condiciones entre partes que claramente no las tienen. Nuestros desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado, de un Estado que estaba en manos de esta gente con la que la Iglesia nos invita a reconciliarnos”. 

“Es un disparate”, calificó Carlotto. “¿Cómo vamos a ir a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y con lo que pedimos: Verdad, Memoria y Justicia”, continuó. Lois también habló del pedido histórico: “Es imposible que dialoguemos cuando nuestros reclamos de Memoria, Verdad y Justicia no fueron satisfechos. Porque la memoria la construimos nosotros a fuerza de lucha, la Justicia llega a cuentagotas y a una minoría y ninguno de nosotros contamos con la verdad de cómo, dónde y por qué han desaparecido los nuestros”. Carlotto completó el sentido de la reflexión: “Tuvimos la paciencia de esperar 40 años. Se cometió un genocidio y se declaró delito de lesa humanidad. Hay que buscar la reparación por medio de la justicia y del respeto a la verdad absoluta”.