Votado por mayoría en la Cámara de Diputadxs, el proyecto que modifica la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica, para que las personas con discapacidad accedan a esa práctica con su consentimiento libre e informado, fue girado al Senado, donde se espera la aprobación de un derecho a la autonomía históricamente reclamado. La modificación se aviene a la letra del Código Civil y Comercial vigente, que adopta una nueva concepción sobre la capacidad, y establece que “no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano, y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial”. De lograr su aprobación en la Cámara Alta, la norma obligará a la autoridad de aplicación “a dar información accesible a las personas con discapacidad según sus necesidades, de manera que comprendan acabadamente en qué consiste la intervención y cuáles son las consecuencias de realizarla”. También dispone brindar apoyos y salvaguardas a quienes lleguen a la intervención, en caso de que decidan realizar el procedimiento, y que reciban información y asistencia a lo largo de todo el proceso, para que participen de la toma de decisiones paso a paso, respetándose su dignidad y su autonomía. La presidenta de la Comisión de Discapacidad, Leonor Martínez Villalba (JxC), explicó que la iniciativa apunta a “ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”, y la diputada Lucía Massin (FdT), autora del proyecto, concluyó que este nuevo paso “es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”.