Frente al Palacio de Justicia de Córdoba, las cuatro abogadas que lideran la defensa del aborto legal en la provincia se encuentran para discutir sus próximos pasos. Mayca Balaguer y Rocío García Garro, abogadas penalistas; Julieta Cena y Mariana Villarreal investigadoras. Conformaron una alianza a comienzos de año para construir estrategias judiciales desde el feminismo jurídico y así defender la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Son también activistas que la agenda de la marea verde mantuvo siempre cerca.
Hace apenas tres años atrás estaban en el mismo lugar: Cena y García Garro, dentro de Tribunales como parte del equipo legal que coordinaba la abogada Silvia Juliá, pionera en litigio estratégico, esperaban la resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre la causa iniciada por Portal de Belén contra la aplicación del protocolo de aborto no punible. Villarreal estaba en la Oficina de la Mujer, dentro del mismo edificio. Balaguer estaba en las escaleras de ingreso con un megáfono en la mano y anunciaba que después de siete años el fallo por el que sus colegas aguardaban dentro era favorable. Era diciembre del 2018, mediodía. La entrada desbordaba de activistas, políticas y referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El fallo dejaba en plena vigencia el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Después vinieron los abrazos, los gritos, algunas lágrimas. Ahora, cuando están reunidas frente a Tribunales después de ún recorrdio en litigio estratégico, también es mediodía y, aunque no se vea, detrás de las cuatro abogadas también está la marea verde.
La alianza que conformaron para darse estrategias jurídicas que garanticen el pleno acceso a la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo surgió a comienzos de este año. Fue a partir de la iniciativa de las organizaciones que representan: Rocío García Garro es coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Mariana Villarreal y Julieta Cena son integrantes de la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP); y Mayca Balaguer es coordinadora de las áreas de Asuntos Legales, y de Géneros y Diversidad Sexual de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps). Son espacios feministas de Córdoba que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, algunos desde el litigio estratégico y otros más bien desde la investigación.
En el equipo de trabajo combinan las dos experiencias y hacen del feminismo jurídico una práctica colectiva. Son activistas que la agenda del aborto mantuvo siempre cerca.
“Surgió la necesidad no solo de contar con abogadas litigantes sino con especialistas investigadoras para hacer un trabajo conjunto y todavía más profesional en pos de salvaguardar los derechos de las mujeres desde una perspectiva quizás más integral y no estrictamente técnico-litigante sino contando con otras herramientas que la academia nos aporta”, cuenta la abogada penalista García Garro.
Es un trabajo interdisciplinario. Para Balaguer, también integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba, “es una decisión estratégica robustecer los argumentos con la mirada académica”. “Tiene que ver con una discusión más sustantiva porque este tipo de litigios buscan hacer una regresión respecto de los derechos de las mujeres y personas gestantes. Es una oportunidad de producir sentidos en un Tribunal y también de hacerle decir algo a quien le toque resolver respecto de nuestros derechos. Y este tipo de planteos solo tienen sentido haciendo una lectura de Derechos Humanos de la cuestión”.
El equipo trabaja con multiplicidad de miradas: las abogadas afirman que es su estrategia para poder dar cuenta de que no hay una disociación entre la teoría, la práctica y el hacer cuerpo en las causas que abordan. Cena y Villarreal aportan su mirada desde una perspectiva más académica: actualmente las dos son investigadoras en proyectos que abordan temas vinculados a género y neoconservadurismos. Además son profesoras de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en un instituto terciario. En los últimos días, también se incorporó al equipo Agostina Copetti, colaboradora del área de asuntos legales de Fundeps.
La primera intervención que tuvieron como equipo fue presentarse como terceras interesadas en la causa que inició el legislador Aurelio García Elorrio que actualmente está de licencia porque decidió dedicarse a litigar contra la IVE. En la justicia provincial presentó un recurso de amparo en la Cámara Contencioso en lo Administrativo de Primera Nominación en contra de la Ley 27.610 -que fue admitido y aún no tiene resolución- requiriendo a su vez una medida cautelar para que de manera inmediata cese la aplicación de la legislación denunciada.
“El amparo fue admitido pero no significa nada: es una admisión formal. Quiere decir que el juez va a leer su pretensión y después le va a contestar. Utilizó la vía del amparo para cuestionar o tratar de darle el status de acto lesivo al programa de salud sexual que ejerce la provincia de Córdoba para hacer cumplir la IVE. Pero no se entiende muy bien en nombre de quién va: si va en nombre del niño por nacer o en nombre propio. Ya en sí el escrito, la presentación del amparo, es difícil de entender. No está claro qué quiere, qué pide, cuál es el objeto y desde qué lugar lo pide”, dice Balaguer. García Garro, en ese sentido, coincide y aclara: “El escrito no se entiende porque es muy deficiente jurídicamente y es incorrecto técnicamente”.
En el escrito, García Elorrio se refiere a la Ley 27.610 como exabrupto legal. Además, según consta en la presentación de las organizaciones como terceras interesadas, "se presenta como afectado en su carácter de ciudadano ya que “repugna” pensar que pagaría con sus impuestos que el Estado garantice el cumplimiento de una ley que reputa inconstitucional porque no coincide con sus (por cierto respetables) convicciones religiosas". Las abogadas sostienen que carece de argumentos jurídicos y cuestionan que el recurso de amparo sea la vía judicial para la presentación que hizo García Elorrio.
El forum shopping de los antiderechos
Además de la causa iniciada en la Cámara Contencioso en lo Administrativo de Primera Nominación, el abogado patrocinante de Portal de Belén (PDB), Rodrigo Agrelo, presentó en febrero de este año un recurso de amparo en la Justicia Federal de la ciudad de Río Cuarto, que se declaró imcompetente y por eso la causa fue trasladada a la ciudad de Córdoba. La presentación finalmente recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro.
El legislador en uso de licencia García Elorrio es también una de las principales figuras de Portal de Belén, organización que se dedica a litigar en contra de los derechos sexuales y reproductivos no solo en la provincia de Córdoba sino también a nivel federal. Para Villarreal, lo que hacen es forum shopping: “Por un lado se presenta Portal de Belén y por el otro García Elorrio pero es el mismo actor y el mismo patrocinante, los mismos abogados. Llevan el mismo planteo a varios lados para ver si en algún lado ingresa. Eso puede causar un perjuicio si se dictan sentencias contradictorias. Es como un litigante malicioso”.
En el pedido solicitaban la “suspensión de los Arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 ss. y cc. de la Ley 27.610” y “que se declare la inconstitucionalidad de las directivas impartidas por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que impacta en las políticas sanitarias de las provincias”. Su pretensión fue rechazada in limine, ya que no hay caso concreto ni abstracto, el pasado viernes 30 de junio, cuando se cumplían exactamente seis meses de la aprobación de la IVE.
"El rechazo a Portal de Belén en federales influye en el expediente que está pendiente de resolución en la justicia provincial porque se trata de una presentación idéntica, por lo que es un buen indicio. Además, se suma a la larga lista de casos que fueron rechazados en otros tribunales federales del país", afirma Balaguer.
En una breve historización de las judicializaciones que se iniciaron en la provincia de Córdoba contra derechos sexuales y reproductivos todas tienen como principales patrocinadores a los abogados vinculados al Portal de Belén.
En el 2003, una organización católica llamada Mujeres por la Vida presentaba en la Justicia federal el primer recurso de amparo contra la inconstitucionalidad de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Acompañó la presentación con el pedido de una medida cautelar que buscaba poner en suspenso la aplicación del programa nacional. El abogado patrocinante era Jorge Scala, que en ese momento era integrante del Portal de Belén y ahora es uno de los apoderados junto a Agrelo. La cautelar fue concedida y el programa nacional pasó a estar suspendido en todo el país.
Católicas por el Derecho a Decidir junto a otras organizaciones presentaron un amicus curiae en la causa, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación -en ese momento, a cargo de Ginés González García- presentó un recurso contra la cautelar y fue la Cámara Federal de Córdoba quien intervino: finalmente rechazó la pretensión de Mujeres por la Vida. El programa nacional volvió a tener plena vigencia.
Luego, siguieron por la “píldora del día después”. En el 2002 Portal de Belén presentó un amparo en la justicia federal de Córdoba y demandó tanto al Ministerio de Salud como a Acción Social de la Nación para prohibir el uso del fármaco de anticoncepción hormonal de emergencia Imediat, de Laboratorios Gador SA. La disputa judicial llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aceptó el pedido. Como el fármaco cambió de nombre, en 2008 volvieron a presentar un pedido en la justicia provincial para que se prohíba pero fue rechazado.
Después fueron por la causal violación del protocolo de aborto no punible en Córdoba. Pero antes hubo dos avances históricos del feminismo: el caso LMR ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dos avances del feminismo jurídico antes de la IVE
La historia de LMR es del año 2006: a una joven de 19 años con discapacidad que había sido víctima de un abuso sexual y como consecuencia cursaba un embarazo le negaron el acceso al aborto. El pedido incluso llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló el reclamo y aclaró que no era necesaria ninguna autorización judicial ya que se trataba de un caso no punible. No logró acceder a la práctica en el sistema de salud público. Con el apoyo de la Campaña por el Acceso al Aborto Legal Seguro y Gratuito junto a otras organizaciones se realizó la intervención en una clínica privada. Todo ese tiempo LMR estuvo acompañada por Estela Díaz, que en ese momento era responsable del Área de Géneros de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y actualmente es la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
En el 2007 tres organizaciones llevaron el caso de LMR al CDH. Fueron Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). El CDH consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país brindarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y a “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. Fue un precedente judicial único en el país y sirvió de antecedente para el fallo FAL.
En el 2012 la Corte emitió el fallo FAL: interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y dijo que esos casos no deben ser judicializados. Además, exhortó a implementar protocolos hospitalarios para facilitar el acceso a la práctica.
En ese marco, Córdoba implementó ese mismo año la Guía de procedimientos para la atención de mujeres que soliciten la práctica del aborto no punible. Una semana después, Portal de Belén presentó un amparo en la justicia provincial y solicitó el dictado de una medida cautelar para que se interrumpa la aplicación del protocolo.
En esa causa, Cena, García Garro y Balaguer fueron partícipes activas. Católicas por el Derecho a Decidir se presentó como tercera interesada bajo la coordinación de la abogada Silvia Juliá que formó un equipo legal que integraron, en distintos momentos, García Garro y Cena. Mientras que Fundeps presentó un amicus con el patrocinio de Balaguer, quien siguió de cerca la causa también como integrante de la Campaña regional Córdoba.
Pasaron siete años hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió la cuestión de fondo y admitió que el aborto no punible era constitucional; además de rechazar la cautelar, dejando así en plena vigencia el protocolo provincial. Aunque después de la resolución del TSJ, Portal de Belén presentó un recurso extraordinario federal que fue rechazado el 24 de septiembre de 2019: recién ese día cayó definitivamente la cautelar y quedó firme aquella sentencia que la marea verde había celebrado en las escaleras de ingreso del Palacio de Justicia de Córdoba allá por diciembre de 2018.
“Las cautelares ahora no son procedentes pero en su momento fueron una estrategia que sirvió para que estuviera paralizado el aborto no punible en Córdoba. Les ha funcionado en el pasado. Ahora es totalmente absurdo e improcedente volver atrás después de semejante avance que se ha logrado en el ámbito jurídico sobre la constitucionalidad de la IVE y la ILE”, afirma Villarreal.
El amparo que García Elorrio presentó en la justicia provincial aún espera resolución de la Cámara, mientras que la cautelar fue rechazada. En tanto, en la justicia federal, después del rechazo de Bustos Fierro, Portal de Belén apeló la resolución y ahora es la Cámara Federal quien interviene en la resolución de la causa. Las cuatro abogadas siguen de cerca la causa y definen sus próximas estrategias semana a semana.
La marea verde avanza en los pasillos de Tribunales
Los sectores antiderechos siempre dieron la disputa en el terreno judicial. Ahora direccionan sus estrategias contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según un informe de Amnistía Internacional, presentado el 29 de junio, se iniciaron al menos 31 demandas en contra de la IVE. De ese total, 27 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales, tres demandan penal y civilmente a los responsables de su aprobación, y al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho. Hasta ahora la mayoría de las demandas fueron consideradas inadmisibles.
“Hay un cambio de paradigma. La noción de que el aborto salió del clóset se vio en el proceso democrático que se dio en el Congreso, se vio en las calles, se vio en todos lados. Comenzó con la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Grauito, se potenció en el 2018 con el movimiento feminista y pudo concretarse en el 2020 con la ley que conquistamos a fuerza de muchísimo trabajo. Esa también es la respuesta a por qué antes las estrategias de judicialización de Portal de Belén o cualquier sector neoconservador funcionaban: tiene que ver con la ausencia de una ley. Entonces hay una gran importancia en el proceso de legalización, no solo desde la conformación del Derecho, sino en cómo eso impacta en la sociedad y en las distintas instituciones”, explica Cena.
La discusión sobre la constitucionalidad del aborto se dio en el Congreso y fue saldada: el sistema jurídico actual, conforme a pactos de Derechos Humanos y tratados internacionales, reconoce la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, enmarcada en el sistema constitucional que actualmente rige en Argentina. Es por eso que la mayoría de las causas que los sectores antiderechos presentan en la Justicia -ya sea en los fueros federales o provinciales- no tienen curso o son rechazadas incluso bajo los mismos argumentos.
García Garro afirma: “La conquista del feminismo es que les estamos comenzando a marcar la cancha. Pienso en la ley Micaela que también impacta en el Poder Judicial. Es una ley que parte de una resolución que generó rechazo por parte de toda la sociedad, no solo del feminismo. Y ahí vemos cómo el feminismo le está marcando la cancha no solo al Poder Judicial sino también a todo el Estado”.
El sentido político de “las calles son nuestras”, que generó no solo apropiación sino también expansión de la marea verde, se filtra en las instituciones. También en los pasillos de Tribunales. Son finalmente las organizaciones y las alianzas de abogadas que trabajan con perspectiva de Derechos Humanos quienes desarticulan los litigios que pretenden obstaculizar el acceso a derechos conquistados por el movimiento feminista.
“Desde la vuelta a la democracia, y anterior inclusive, hay un trabajo que se viene haciendo por nuestros derechos. Estamos viendo ese fruto. Sino parece que de repente irrumpimos y no: es un camino que se viene construyendo hace años, que también interpela al Poder Judicial. A mí me gusta la imagen del ombú: durante mucho tiempo echa raíces y de repente en dos años alcanza una altura de diez metros. Hubo un trabajo previo de construcción que hay que reconocerlo”, dice Villarreal. Y deja la imagen de algo que crece y se expande como la marea verde.
