Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe sentenció ayer con penas de 16 a 5 años de cárcel por secuestros y torturas a seis represores del servicio de inteligencia de la Policía santafesina, en una causa por delitos de lesa humanidad que es única en la provincia. Uno de los jefes del D2, Germán Chartier, fue condenado a 16 años de cárcel, otro comisario Eduardo Riuli –que ocupó el mismo cargo en una época posterior- a 6 años y seis meses, el sargento Rubén Insaurralde a 6 años y los otros tres: Fernando Mendoza, Antonio González y Omar Epifanio Molina a 5 años. Los condenaron por la persecución al último referente político del PRT, Catalino Paez, a su esposa, a su hijo Mario que era un niño de 14 años y a ocho compañeros de militancia, entre febrero y abril de 1980. La causa es única porque el juicio reveló que el terrorismo de estado se ensañó también con dos hermanos de Catalino, sus parejas y 16 niños y niñas de las tres familias que tenían 15, 14, 13 y 11 años –los mayores- y 8, 7, 6 y 5 años, los más pequeños. Una de las niñas fue abusada, cuatro estuvieron cautivos y ocultos más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), uno de los centros clandestinos que operaba el Ejército y los demás quedaron abandonados o bajo vigilancia de la patota. Ninguno de ellos había declarado antes ante un tribunal, recién pudieron hacerlo ahora cuando relataron sus padecimientos y la crueldad sin límites, 41 años después de los hechos.

El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido 20 años de prisión para Chartier y ocho años para Riuli por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados. La querella solicitó 25 años para ambos. Pero el Tribunal integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella –que se jubila el 1º de agosto- y Luciano Lauría los condenó a 16 años al primero y a 6 meses y 6 años, al segundo. Lo mismo ocurrió con los demás: el fiscal requirió siete años para el sargento Insaurralde (le dieron un año menos), ocho años para Mendoza (tres menos) y 6 años para González y Molina (uno menos para cada uno). En las indagatorias, Mendoza que era el jefe de la comisaría de Laguna Paiva fue el que más suplicó.

Los seis imputados ya cumplían prisión preventiva en su casa. El Tribunal decidió que lo hagan en “cárceles comunes”, pero la orden quedó sujeta a dos condiciones: 1) Que la sentencia quede firme, lo que nadie sabe cuándo ocurrirá. 2) Y dependerá del “resultado de los exámenes médicos” que avalarían ese eventual traslado en el futuro. “Hasta tanto, se mantendrá la modalidad detención domiciliaria que cumplen” Chartier, Riuli y compañía. Todos tienen más de 70 años.

El abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Federico Pagliero –que compartió la querella con su colega Anabella Marconi- valoró las condenas, pero se mostró “muy disconforme” con penas tan bajas, sobre todo en el caso de Riuli. Mario Paez, que tenía 14 años cuando estuvo secuestrado dos meses en el D2, coincidió que “la sentencia a Riuli no tiene nada que ver con todas las cosas que ha hecho”, le dijo a Rosario 12. En el juicio, el tribunal realizó una inspección judicial al D2, en San Martín y Obispo Gelabert, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, pero el reconocimiento no incluyó la planta alta donde vivían los jefes de Policías de la provincia. Hasta febrero de 1979, el coronel Carlos Alberto Ramírez y luego el coronel Luis Edgardo Tula, quien estaba al mando de la fuerza en 1980, cuando se desató la persecución a Catalino Paez, a sus hermanos y a los 16 niños y niñas de las tres familias.

“Lo positivo es que todos fueron condenados. Todos tienen en su cabeza la etiqueta de genocidas”, dijo Pagliero. “El juicio demostró que el relato de las víctimas es verdad. Es un reconocimiento a la verdad. Pero estamos muy disconformes con la penas que sentenció el Tribunal”.

Ahora vendrá un nuevo juicio por el secuestro, persecución y abandono de 16 niños y niñas de las familias Paez. “Pediremos nuevas indagatorias”, anunció Pagliero. Y coincidió que esta “causa es única”, no sólo por la “represión genocida” que se desató contra los Paez y sus compañeros que eran obreros del frigorífico Nelson, ferroviarios de Laguna Paiva y uno de ellos supervisor de Acindar, en Villa Constitución, en 1980, cuando el PRT ya no existía, sino también por la persecución a los 16 chicos. “El ataque del terrorismo de estado contra la infancia”. En el juicio, los jueces juzgaron sólo el secuestro de uno de esos niños, Mario Paez, pero no los otros 15 casos, entre ellos el de sus cuatro primos que estuvieron cautivos en la GIR, más de un mes.

Mario también se mostró disconforme con las penas. “No alcanzan”. “Los 6 años y 6 meses de prisión que le dieron a Riuli no tienen nada que ver con todas las cosas que hizo. El fue partícipe directo en todo. Era una patota y todos actuaban en connivencia. Y cuando digo que era patota no es porque me lo contaron, sino porque lo vi. Yo estuve secuestrado dos meses en el D2. Vi perfectamente las cosas que hacían y quién tenía contacto con quién. Riuli tenía contacto con (el jefe de la GIR, Juan Calixto) Perizzotti, que era un violador, él violó a mi tía. Riuli era consciente de todas esas cosas, no es un policía raso. Es un hombre que estaba preparado para este tipo de tareas, sabía perfectamente qué hacía, era consciente, entonces partamos de esa base. Llegó hasta el último grado de la Policía de la provincia y se retiró con la máxima jerarquía, que era inspector general”.

“Entonces, en este juicio, Riuli no fue condenado por gran parte de las cosas que sucedieron. No importa. Ahora, viene otro juicio por los chicos: el abuso, los secuestros, el abandono. Y ese va a ser un poco más pesado. Si me preguntan si estoy conforme con las penas, digo que no. La justicia es así. Respetamos el fallo, pero esperaremos el próximo juicio”, concluyó Mario.