La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz debe seguir en prisión. El máximo tribunal penal del país anuló un fallo dictado en agosto por la Sala I de la Cámara Federal porteña que le había concedido el arresto domiciliario por razones de salud. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos destacaron que la Cámara no tuvo en cuenta los dictámenes del Cuerpo Médico Forense, que en todo momento afirmó que el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense está en condiciones de seguir alojado en el Hospital Penitenciario 1 de Ezeiza. En su decisión ordenaron que la Cámara dicte una nueva resolución tomando en consideración los informes médicos de los peritos oficiales y los argumentos del Ministerio Público Fiscal.
Ex mano derecha del fallecido coronel Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Etchecolatz acumula seis condenas por delitos de lesa humanidad y es el principal sospechoso de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave del juicio oral que se desarrolló en La Plata en 2006. Por su responsabilidad sobre miles de secuestros, torturas y asesinatos en los centros clandestinos de detención que formaron parte del llamado Circuito Camps, además de las condenas acumula imputaciones por las que todavía no tuvo sentencia en juzgados federales de La Plata y la ciudad de Buenos Aires.
La resolución de la Cámara de Casación responde a un planteo de la fiscal federal María Angeles Ramos. En su apelación, la fiscal destacó que la Cámara Federal porteña no tomó en cuenta “la opinión de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso los de parte que, en este incidente y también en el de La Plata, sostuvieron que las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja”.
En el voto mayoritario del fallo de Casación, Borinsky y Hornos consideraron que “no puede soslayarse que la decisión adoptada reconoce como único basamento fáctico el informe médico de galenos que asisten cotidianamente a Miguel Osvaldo Etchecolatz, aportado por su defensa pública”. Remarcaron que la Cámara Federal no convocó “adecuadamente” a la fiscalía a la audiencia oral donde se escuchó a la defensa del represor antes de decidir, ya que se le informó el día pero no la hora de ese trámite. También destacaron que no tuvieron en cuenta un dictamen de peritos del Cuerpo Médico Forense contrario al de los médicos de la defensa, con lo cual la decisión de concederle el beneficio “se apartó decisivamente de la doctrina”. En el fallo se recordó que “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar la efectiva investigación”. El tercer miembro de la sala de Casación, Juan Carlos Gemignani, votó en disidencia, a favor de ratificar la prisión domiciliaria al condenado.
La decisión de Casación sería la antesala de un pronunciamiento en el mismo sentido pero ante el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que integrado por los jueces Germán Castelli y Alejandro Smoris le otorgó el mismo beneficio a Etchecolatz. Los fiscales federales platenses Juan Martín Nogueira, Marcelo Molina y Hernán Schapiro cuestionaron en su recurso de casación que el TOF se basó solamente en la edad del represor (87 años) y en el informe de los médicos penitenciarios, sin haber dado intervención al Cuerpo Médico Forense.
En paralelo con las causas de lesa humanidad, en el juzgado federal de Ernesto Kreplak tramita la denuncia de la Unidad Fiscal de La Plata para que se determine si el Servicio Penitenciario Federal falseó datos sobre la salud de Etchecolatz con el fin de facilitar su estrategia para obtener el arresto domiciliario. Los fiscales alertaron sobre la “diferencia notable” entre los 67 kilos de peso del ex policía que el Cuerpo Médico Forense registró en abril y los supuestos 73 kilos que los médicos penitenciarios apuntaron el 25 de julio, cuando en teoría comenzó una huelga de hambre que –siempre según el SPF– le hizo bajar ocho kilos en 18 días. Los abruptos cambios de peso que originaron la denuncia fueron advertidos por abogados de los organismos de derechos humanos de La Plata. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa” por los médicos del SPB, advirtieron tras puntualizar “una serie de desavenencias” entre los médicos.