Matías Moreno es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero, por un momento, en el mediodía de este miércoles --cuando habló ante la Cámara Federal de Casación-- volvió a la noche fría y lluviosa del 29 de abril de 1977. “Voy a hablar como hijo del doctor Carlos Alberto Moreno, un joven abogado de 29 años proveniente de una familia muy humilde de Olavarría que tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de La Plata becado por el municipio, recibirse y volver a su ciudad natal”, comenzó. La camarista Ángela Ledesma se sacó los anteojos; su colega Javier Carbajo se acercó más a la pantalla y el casador Eduardo Riggi levantó la vista por primera vez en la audiencia. Los tres magistrados deben revisar nuevamente la condena de los hermanos Julio y Emilio Méndez, que fueron sentenciados en 2012 por prestar la quinta donde Moreno estuvo secuestrado antes de ser asesinado, después de que la Corte decidiera el año pasado anular la confirmación que antes había realizado el máximo tribunal penal del país.

“Yo nací en el año ‘75. Cuando tenía un año y medio, papá fue secuestrado de la puerta del estudio jurídico. Volvía de la escuela rural donde trabajaba mi madre, adonde había llevado un certificado médico porque ella estaba embarazada de mi hermano, que nació después del secuestro. Martín no pudo conocer a su padre”, relató Matías Moreno de un tirón ante la mirada atenta de los jueces que seguían la audiencia por Zoom.

A Carlos Moreno lo llevaron a la quinta de los hermanos Méndez en el paraje Los Laureles de Tandil. Para Matías, era imposible que lo tuvieran detenido o secuestrado en la ciudad de Olavarría porque los trabajadores lo hubieran buscado. Era el abogado, nada más y nada menos, que los representaba en los juicios contra la cementera Loma Negra. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse hasta una chacra lindera. Ahí contó que era abogado, que se llamaba Moreno, y que lo habían secuestrado. Se tambaleaba, tenía los zapatos en la mano y los pies heridos por la tortura. Trató de escaparse, pero lo recapturaron y volvieron a meterlo en la chacra de los Méndez, de acuerdo con lo que testimoniaron los vecinos. Ese mismo día escucharon los disparos. Lo habían asesinado.

En 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a Emilio Méndez a quince años de prisión y a Julio, a once, por haber cedido la quinta. La diferencia en la pena estuvo dada por el grado de involucramiento que tenían los hermanos con las autoridades militares de la zona. Emilio era gerente del Banco Comercial de Tandil y Julio se encargaba de la administración de grandes campos de la zona. Al año siguiente de la condena, la Sala IV de la Casación confirmó la sentencia. Los Méndez llevaron el caso a la Corte, que, en su último acuerdo de diciembre del año pasado, les dio un espaldarazo.

En la Corte, tres de los supremos, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, sostuvieron que la sentencia no había sido bien revisada y la mandaron de regreso a Casación. Dejaron en claro que había que avanzar con el juzgamiento de los crímenes contra la humanidad, lo que incluía a los civiles. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, sostuvo que la sentencia no tenía sustento y que ni siquiera se podía acreditar que la quinta hubiera funcionado como centro clandestino, ya que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) no había identificado otras víctimas cautivas allí más allá del propio Moreno.

El argumento del presidente de la Corte fue reflotado este miércoles por el abogado defensor de los Méndez, Andrés Arla. “Yo tengo mi disidencia de que esta persona haya estado alojada en esta propiedad abandonada que era de mis clientes”, dijo Arla --ante la mirada incrédula del hijo de Moreno--. “Lo del centro clandestino de detención no resiste ningún análisis, primero porque no había sido relevado por ningún organismo de derechos humanos. Esta valoración también la hizo el doctor Rosenkrantz en su voto”, agregó.

Por el contrario, el abogado querellante César Sivo remarcó que era un hecho que la quinta de los Méndez había funcionado como centro clandestino, que está señalizada y que aparece en el Registro Unificado de las Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). A contramano de lo que sostuvo Rosenkrantz, Sivo explicó que hay otras cuatro víctimas que habrían estado secuestradas en esa finca y que esperan que sus casos se juzguen próximamente. “Los hermanos Méndez siempre supieron que esto era un centro clandestino de detención y ellos lo consintieron”, insistió Sivo.

Después de la audiencia, Carbajo, Ledesma y Riggi deberán volver a revisar la sentencia contra los Méndez de 2012. Se trata de un caso clave, que desde algunos despachos de la Corte consideraron como un parteaguas en las causas de lesa humanidad, especialmente a la luz del caso emblemático de responsabilidad empresarial que los supremos tienen en gateras para salir: el que vincula al dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, con los secuestros y desapariciones de 1976.