El fiscal general Eduardo Villalba imputó ayer a los gendarmes Diego Ernesto Radaelli, Rodolfo Ayala y Marciano Alberto Páez el delito de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público, por entender que dejaron zonas liberadas para facilitar el contrabando de granos al vecino país de Bolivia. 

Radaelli tiene la jerarquía de alférez, mientras que Ayala es sargento y Páez era el comandante principal del Escuadrón 54 de la localidad de Aguaray. Los tres están detenidos, igual que un finquero al que el fiscal imputó por el mismo delito y cuya identidad no fue informada todavía.  

El fiscal aseguró ayer, en la audiencia de formalización de la acusación realizada ante el juez federal de Garantías de Orán, Raúl Gustavo Montoya, que el finquero tuvo un rol clave en los delitos, ya que su propiedad colinda con territorio boliviano y servía como paso de los transportistas que de esa manera evitaban el pago de importantes sumas de dinero en concepto de impuestos, con el consiguiente perjuicio para el Estado, señaló Villalba.  

En la audiencia, el fiscal general y la auxiliar fiscal Roxana Gual, expusieron ante el juez los hechos investigados, comprendidos entre noviembre de 2020 y mayo de este año y que consisten en maniobras tendientes a facilitar el paso de camiones con cereales a Bolivia.

Coimas de $150 mil 

Villalba destacó la participación de los gendarmes, particularmente la de Páez, que en su calidad de jefe del escuadrón, "había acordado con Radaelli y Ayala liberar la zona para el paso de camiones, los que previamente acordaban el pago de una coima con el dueño de la finca", informó el Ministerio Público Fiscal federal.

El fiscal destacó que los acusados habrían llegado a cobrar sumas de alrededor de 150 mil pesos en concepto de coima por cada transportista que llegaba a la zona sin la documentación en regla. 

Además de tener su propio paso internacional privado a través de esta finca ubicada estratégicamente en la frontera, los detenidos, en especial los gendarmes, "también entorpecían investigaciones de casos de contrabando", señaló el fiscal. Y eran proactivos, porque también realizaban controles sobre los transportes que rechazaban el pago de coimas con el finquero.

Entre la prueba reunida en la investigación, el fiscal refirió cientos de audios en los cuales los acusados hacían alusión explícita a las maniobras ilícitas.

Estas conversaciones no solo se referían al paso de los camiones y la ruta que debían seguir, sino también a las sumas de dinero acordadas. El fiscal señaló que para "asegurar el éxito de las maniobras, el personal que desconocía de esta asociación delictiva, era enviado al monte u otros destinos alejados".

Riesgo de fuga 

Por la gravedad de los hechos y la calidad de funcionarios públicos de los acusados, el fiscal solicitó la prisión preventiva. Argumentó que hay riesgo de fuga y que es posible que entorpezcan la investigación al intimidar a testigos o alertar a otros posibles implicados.

Los cuatro acusados prefirieron no declarar. Sus defensores se opusieron a la prisión preventiva, o que en todo caso se los mantena en prisión domiciliaria. 

El juez Montoya dio formalizada la investigación penal por los delitos planteados por la fiscalía, y dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados, además de autorizar otras medidas pendientes. Y si bien reconoció el esfuerzo de las defensas negándose a la prisión, destacó que “como nunca” esta medida encaja con en este caso.

Sobre el presunto arraigo de los cuatro detenidos planteado por las defensas en procura de obtener la prisión domiciliaria, el juez reprochó:  “claro que lo tienen, pues el mismo Estado Nacional les da una casa para que vivan, para que cumplan con su deber, ya que son funcionarios públicos, sin embargo, pareciera que no lo hacían de una manera que se esperaba de ellos: cuidando la frontera”:

“Por el contrario, y de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, se dedicaban a facilitar el contrabando de granos”, agregó, a la vez que resaltó el grave daño que estas acciones causaron “no sólo al Estado, sino a la sociedad”.

“Sin pretender estigmatizar a los habitantes de la zona de frontera, entre los que me encuentro, cabe resaltar que no es menor la posibilidad de riesgo de fuga de los acusados”, afirmó el juez. Y animó a los gendarmes acusados a tener un “gesto patriótico” y colaborar con la investigación para estar “en paz con su conciencia”.

El magistrado también coincidió con la fiscalía en que los gendarmes podrían intimidar o poner en riesgo la integridad física de los testigos. En cuanto al finquero, señaló que sin su participación la maniobra habría sido difícil de concretar.