El ex director del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Daniel Paganetti, declaró el viernes pasado en el marco de la acción colectiva de consumo que presentó la organización AYMI para que la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) reintegre a los usuarios la diferencia entre lo que facturó en marzo de 2020 estimando los consumos a los valores históricos, y lo que entiende la ONG que debió facturar en función del consumo real de esos hogares.

Paganetti, quien renunció a su cargo de director en octubre del año pasado a raíz de una interna con el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, declaró que estuvo en desacuerdo con la decisión de EDESA de suspender la lectura de los medidores para determinar el consumo de energía de los usuarios salteños y hacer la estimación en función del consumo del mes de marzo de 2019, y lamentó la determinación del resto del directorio del organismo de control de permitir este procedimiento.

El ex miembro del directorio del ENRESP aseguró ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, a cargo de la jueza Griselda Aguirre Bareyque, que la estimación del consumo solo se debía dar en casos excepcionales, habiendo acreditado la imposibilidad de hacer una lectura de los medidores y con la autorización previa del organismo de control, lo que no ocurrió. Y agregó que la empresa no se encontraba imposibilitada de realizar la lectura de los medidores aún con las restricciones dictadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por tratarse de un servicio considerado “esencial”.

El testimonio de Paganetti fue considerado de vital importancia por el abogado Pedro Arancibia, que patrocina a la organización AYMI en la acción colectiva, quien consideró que rebate los argumentos vertidos por EDESA y la posición que tuvo el organismo de control.

130 mil usuarios

Para entender la acción colectiva de consumo presentada por AYMI en junio de 2020, hay que situarse en marzo de ese año. Ante la aparición de casos de coronavirus en la Argentina, el gobierno nacional estableció restricciones a la circulación de la población para evitar la propagación del virus, exceptuando de estas medidas a las “guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento del (…) transporte y distribución de energía eléctrica”.

La empresa EDESA tomó la decisión de suspender la lectura de los medidores en función de la que determina los consumos de los usuarios, y amparándose en las supuestas restricciones para que sus lecturistas puedan circular, emitió las facturas que se cobrarían en abril estimando los consumos en relación a los valores históricos de marzo de 2019. Muchos usuarios, sobre todo pequeños comerciantes, se quejaron en medios de comunicación y redes sociales de la llegada de facturas de luz con montos excesivos.

Según Arancibia, se trató de una “metodología arbitraria, unilateral y no autorizada” que redundó en un perjuicio para alrededor de 130 mil usuarios, entre residenciales y pequeñas empresas.

En diálogo con Salta/12, el abogado aseguró que “existen muchas pruebas a nuestro criterio que indicarían que la empresa trató de ver si pasaba, el famoso 'si pasa, pasa', pero lamentablemente para ellos, se advirtió esta situación irregular y después les fue muy difícil explicar por qué habían tomado la decisión de no leer los medidores sino directamente hacer una estimación del consumo correspondiente a otros períodos, lo cual es ilegal”.

Arancibia explicó que “en la mayoría de los casos fue una facturación excesiva, y en algunos casos se les cobró de menos”. Si bien no han podido todavía determinar cuántos son los usuarios y cuáles los montos de sobrefacturación, el abogado de AYMI calculó que el 80% de los consumidores recibió facturas desmedidas. “No tenemos el monto que debería devolver la empresa porque es justamente lo que la empresa viene ocultando desde el año pasado. Hay que hacer un peritaje contable para determinar el excedente que le corresponde a cada usuario”, agregó.

En la acción colectiva AYMI reclama que la empresa restituya a los usuarios el excedente que hubiese cobrado, calculado en relación al cargo fijo, más el 50%, actualizado con la tasa de interés activa del Banco Nación, y una sanción a EDESA por el daño provocado.

Sin pruebas

Por su parte, el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, aseguró que no está acreditada la supuesta facturación fraudulenta, y defendió la actuación del organismo de control. “Yo actué igual que actuó el ENRE (por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad)”, le dijo Saravia a Salta/12: “cuando me entero, ordeno inmediatamente que vayan a leer los medidores”, detalló.

El presidente del organismo de control local explicó que la estimación del consumo a valores históricos está prevista en el contrato de concesión de EDESA y se venía aplicando en los casos en que la empresa tenía dificultades para leer el medidor, aunque reconoció que nunca se había dado en forma tan masiva. En ese sentido, consideró que “sí existió una imposibilidad” para que la empresa realizara la lectura de los medidores: “el aislamiento era fuerte y notorio, y no podían leer los medidores así nomás”.

Saravia reconoció que la empresa debió pedir autorización al ENRESP antes de tomar la decisión de estimar los consumos, pero aclaró que una vez anoticiados de la decisión de la firma, le ordenaron que cumplan con la lectura de los medidores “y que si cobraron de más, devuelvan, y que si no, cobren”. Además, consideró que, en todo caso, la facturación estimada fue inferior a la real “porque en marzo 2020 (los usuarios) gastaron mucho más que en marzo de 2019 porque tenían 11 días de aislamiento pleno”.

Arancibia negó que hayan existido esas compensaciones por parte de EDESA, y cuestionó el cambio de postura del organismo de control. Según el abogado, el ENRESP reconoció las irregularidades cometidas por la empresa distribuidora de energía frente a una queja de usuarios de la localidad de Metán, y después avaló el procedimiento.

Alegatos

El abogado de la organización AYMI estima que falta poco para que la Justicia dictamine respecto de la acción colectiva de consumo presentada hace poco más de un año. “Faltan algunos informes y después de la feria judicial vendrían los alegatos”.

Mientras tanto, se encuentran analizando los informes realizados por EDESA respecto de la facturación de ese mes. Aunque todavía no pueden estimar un monto, están convencidos que si la Justicia les da la razón, la restitución de los excedentes de las facturas van a representar una cifra millonaria.