Desde el lunes un grupo de aproximadamente 40 vecinos de los parajes del Valle de Acambuco, que pertenecen al municipio de Aguaray, decidieron volver a cortar el camino que lleva a la empresa hidrocarburífera Panamerican Energy en la zona de Alto de Macueta. Pero el miércoles por la tarde, en lugar de recibir la visita de algún funcionario para buscar alguna vía de solución, un escuadrón de Infantería llegó para desalojarlos, lo que terminó con incidentes, un detenido, un policía herido y hasta dos automóviles incendiados.

Quienes viven en aquella zona del norte de la provincia, en el departamento San Martín, vienen reclamando desde principio de año mejores condiciones de vida. Entre otras cosas, exigen que se mejoren los caminos de acceso y las condiciones edilicias de la escuela rural. Maestros y alumnos deben caminar horas y hasta transitar ríos para llegar al establecimiento que se encuentra casi inhabitable, con baños y aulas en mal estado.

Se sumaron a las quejas los pedidos de trabajo a la empresa y al municipio y otras situaciones como falta de servicios básicos, agua y luz. “Somos parajes olvidados, abandonados por la provincia y el municipio, nunca nos dan una respuesta”, contó Vilma Muñoz, una vecina del paraje Macueta.

Muñoz aseguró que ese era el motivo por el que habían decidido bloquear el ingreso a la petrolera en la ruta provincial 46, en el camino que lleva hacia Acambuco, “ya habíamos enviado notas a la provincia, al municipio y hasta a la empresa, pero nunca nos dieron una respuesta”, agregó, y sostuvo que hace poco más de un mes, tras un corte similar, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Alemán, se había acercado a la zona y les había prometido llevar soluciones.

También relató que los chicos de la zona estaban sin clases y sin docentes, y que debido a la falta de acceso al establecimiento educativo, los maestros “estaban viendo la forma de darles clases dos veces a la semana, porque los chicos vienen desde muy lejos, kilómetros y kilómetros recorren para llegar”.

La vecina añadió que todo eso los llevó a tomar la decisión de volver a cortar la ruta pero esta vez impidiendo que ingresen las camionetas de la empresa, “lo hacemos por las necesidades que tenemos, por ejemplo, un buen camino, sala de salud y una escuela en condiciones para los docentes y alumnos, un montón de cosas que el municipio de Aguaray tendría que cumplir y no hace”, insistió.

Quien intervino por las quejas de la empresa y los reclamos de los habitantes fue la Fiscalía de Salvador Mazza, a cargo de Armando Cazón. Y el miércoles arribó un grupo de Infantería que se apostó en el lugar, primero intentando disuadir, pero por la tarde comenzaron a desalojarlos por la fuerza. Ante la represión policial, los manifestantes respondieron con piedras y terminaron hiriendo de gravedad en un ojo a un efectivo que ya se encuentra en el Hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta, y hubo un detenido, Agustín Mayares, de 58 años, que ayer por la tarde prestó declaración ante el fiscal. “Todos los manifestantes primero se dispersaron en el monte, pero después se refugiaron en la escuela de la zona”, de donde dijeron no se van a mover hasta que alguna autoridad les dé una respuesta.

Durante la huida, se incendiaron dos vehículos, un Toyota Etios blanco y una camioneta, que en principio la Policía registró como actos vandálicos producidos por los mismos manifestantes. Algo que los vecinos negaron rotundamente, “fue la policía, como represalia por negarse a retirarse del corte”, afirmó convencida Vilma Muñoz. “Delante de todos les prendieron fuego y todos lo vimos”, añadió.

Además, sostuvo que uno de los automóviles es propiedad de su hermano, que se encontraba entre quienes reclamaban, “a mi hermano le quemaron toda la documentación, se quedó sin nada”, expresó. Y a la vez, aseveró que tienen los nombres de al menos tres de los ocho efectivos implicados en el atentado y que ya había viajado a Tartagal para radicar la denuncia.

El concejal de Aguaray, Sergio Nieva, quien apuntó contra el interventor Adrián Zigarán, por no tomar cartas en el asunto y exigirle a la empresa que allí explota sus recursos naturales que colabore con la situación, viajó a la zona ayer por la tarde para intentar mediar y destrabar el conflicto. Alto de Macueta se encuentra a unos 80 kilómetros del municipio cabecera y no cuenta con servicios básicos como agua corriente. Tampoco hay señal de telefonía móvil, y las dificultades de acceso hacen que se tarde unas tres horas en vehículo para realizar ese tramo hasta la ciudad.

Operación política

Para el interventor de Aguaray, los pobladores de Macueta y Acambuco están siendo víctimas de una operación política, “acá en Aguaray se está por elegir intendente y parece que es una cosa de vida o muerte”, argumentó. Y acusó directamente al concejal Nieva de estar detrás de todos esos conflictos, “fue haciendo cerrar escuela por escuela del Valle de Acambuco buscando rédito político y lamentablemente estas son las consecuencias”.

“Ahora se ofrece de mediador, cuando él es el partícipe necesario de todo este acontecimiento”, agregó el interventor. Y luego informó que el municipio tiene un convenio de larga data con Panamerican Energy, que se actualiza por la inflación y que llamativamente en 2020, mientras él no era intendente y el mando lo tenía el procesado Enrique Prado, “no se actualizó”. Por lo que la firma seguía pagando valores del año 2019.

“Nosotros firmamos un convenio acordando para que pague la actualización de todo el año pasado con una inflación del 36%, y este año nos reconocieron el 40% del nuevo monto asignado”, aclaró Zigarán. Con lo que pasaron de pagar algo más de $5 millones, a más de $7 en 2021. Y dijo que Nieva había hecho silencio cuando Prado no actualizó el canon con Panamerican, “porque era oficialista, pero ahora les promete a los habitantes de Macueta cosas imposibles como que el 15% de lo que se cobra, va a quedar para ellos”.

Y aunque reconoció que la Escuela de Macueta sigue en mal estado a pesar de los reiterados pedidos que hicieron al Ministerio de Educación, le recordó a Nieva que él era el secretario de Acción Social durante la gestión municipal de Alfredo Darouiche, “¿por qué no hizo todas las remodelaciones que había que hacer cuando él era funcionario?”, preguntó. “Yo llegué de interventor y a mí me pasan la factura de 15 años de abandono”, acotó.

Por último, comunicó que ya habían acordado con la empresa que ella pondría los materiales necesarios, mientras que la intendencia aportará los recursos humanos para realizar las refacciones necesarias en el establecimiento educativo.