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Desde Chile.
La Convención Constitucional hizo su primera petición al Ejecutivo chileno. El pedido es de un indulto a los presos políticos mapuche detenidos desde el año 2001 y también a los detenidos tras el Estallido Social iniciado en octubre de 2019, que sólo se frenó por el confinamiento por la pandemia a partir de marzo de 2020. La Convención redactará la nueva Carta Magna que reempla a la de 1980, profundamente marcada por el autoritarismo de la dictadura de Pinochet.
La declaración fue aprobada tras varios cambios y negociaciones por su contenido por 105 constituyentes sobre 155, dos tercios del organismo y generó un debate, sobre todo en el oficialismo. Es que según la derecha, en Chile no habría presos políticos y los encarcelados de la revuelta eran saqueadores, aunque en ambos casos exista abundante evidencia de lo irregular de los procesos judiciales.
El texto señala que la Convención “sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política".
Y agrega: “Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial”,
Justicia y reparación
Esto marca el tono del proceso constituyente chileno: exigir justicia y reparación para el pueblo mapuche, víctima de la militarización y la explotación forestal. También amnistiar a quienes terminaron en la cárcel tras violentas jornadas de protestas que sacaron a más de un millón de personas a las calles, a pesar del Estado de Emergencia y la violencia desmedida de militares y carabineros, logrando que la clase política aceptara cambiar la Constitución vigente (sólo con reparos del Partido Comunista que, entre otras cosas advirtió que este salvaría a Piñera de una inminente destitución), lo que se ratificó en el plebiscito de octubre del año pasado donde un 78,28 por ciento aprobó el cambio.
Por lo mismo resulta profundamente significativo que la presidenta de la Convención —que comenzó a sesionar el domingo en una accidentada jornada con protestas y retrasos— sea una dirigenta y académica mapuche: Elisa Loncón quien ya ha sido blanco de críticas desde el oficialismo, aunque también de sectores de la centroizquierda, por el tono y las prioridades de la Convención. La elite chilena, representada por la derecha, esta vez es una minoría.
Una instalación difícil
El domingo pasado las calles aledañas al ex Congreso Nacional —clausurado por Pinochet y trasladado por éste a un edificio monstruoso en Valparaíso— parecían una fortaleza: carros policiales bloqueando cuadras enteras, barreras impidiendo el paso a los propios vecinos de los edificios residenciales y carabineros resguardando los locales comerciales del centro. Sin embargo, en el transcurso de esta semana las barreras se han quitado y la cantidad de efectivos policiales ha bajado.
Quizá esto se deba a varios errores logísticos por parte del gobierno de Piñera que no sólo fue desproporcionado en cuanto a seguridad, sino que también al propio funcionamiento de la Convención: internet caído, baños en mal estado, falta de oficinas acondicionadas. Todo esto obligó a suspender lunes y martes las sesiones. Supuestamente Piñera estaba furioso: junto al proceso de vacunación, esta instalación buscaba formar parte de su “legado”. Algo que motivó al PC a presentar una acusación constitucional contra el Ministro de la Secretaria de Gobierno Juan José Ossa por entorpecer el proceso, además de la renuncia del secretario ejecutivo Francisco Encina reemplazado por Catalina Parot, quien perdió en las recientes elecciones de gobernadora por Santiago y esto es una especie de “premio de consuelo” de un gobierno que aún no asume que ni hasta sus errores importan demasiado: la Convención ya está instalada para redactar un texto que tras nueve meses —o una extensión de tres— deberá ser votado en 2022 en el “Plebiscito de salida”.
