En pleno abuso de la mayoría parlamentaria que lo apoya, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales eliminó la fiscalía letrada del Tribunal de Cuentas de esa provincia. "La legislatura de Jujuy aprobó la ley que elimina la fiscalía a mi cargo, estoy azorado, y lo voy a denunciar porque la legislación establece que tengo estabilidad", dijo el fiscal letrado Nicolás Snopek a PáginaI12. Este hecho se produjo apenas un día después de que Snopek presentó una acusación contra Morales por amenazas. "En medio de gritos me dijo que éramos unos hijos de puta", sintetizó el fiscal, luego de dejar el escrito ante el fiscal federal Diego Toscano. 

La intempestiva reacción del mandatario provincial se produjo después de que, el año pasado, Snopek y la fiscal adjunta del Tribunal de Cuentas pidieran informes a la Oficina Anticorrupción sobre una presunta incompatibilidad en la compra de test PCR por parte del Ejecutivo jujeño. "Existe una relación causal directa entre las amenazas a mi persona, mi actuación como fiscal del Tribunal de Cuentas y la contratación de los denominados test PCR para la detección de la covid-19 por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy por medio del decreto 1013-G-20", dice la denuncia.

Snopek no había hecho antes la presentación ante la Justicia porque prefirió que no interfiriera en el proceso electoral provincial que acaba de terminar.

La Oficina Anticorrupción (OA), creada en 2016, analiza las incompatibilidades de los funcionarios públicos, y cuando esto sucede interviene el Tribunal de Cuentas, que tiene atribuciones para fijar multas y controlar los gastos públicos. El gobierno provincial habría contratado a una empresa para realizar los test PCR de detección de la covid-19 de propiedad de dos legisladores provinciales, Rubén Rivarola y Liliana Fellner. 

"Con la fiscal adjunta del Tribunal hicimos la consulta el año pasado para verificar la posible incompatibilidad, y luego recibí un llamado del gobernador que me endilgaba que yo había hecho una denuncia penal, lo cual es mentira. Las consultas son de rutina pero Morales siguió a los gritos e insultos, y generó que yo quede amedrentado en mi accionar como fiscal. Siempre me manejé con la ley, que nos permite realizar de oficio las actuaciones ante una denuncia", explicó el Snopek a este diario.

El fiscal pidió que se le tome declaración a la diputada Fellner y a su par Rivarola, al presidente de la Legislatura Carlos Haquim y a otros funcionarios que lo habían acompañado en su denuncia ante la OA. También pidió que el Tribunal de Cuentas remita el expediente 800-173/2020 para que presente el acta de constitución y toda documentación referente a la sociedad LAC Norte SRL, así como al Ministerio de Salud para que envíe los gastos efectuados con ese laboratorio. Al desbordarse los laboratorios de la provincia, todos los test PCR fueron girados a LAC SRL.

Morales adjudicó a Snopek una denuncia que, en realidad, habían realizado dos abogados del fuero penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por la firma de ese convenio entre la provincia y el laboratorio en el marco de la pandemia. Ahora la Justicia deberá analizar si su llamada con gritos e insultos fue una amenaza hacia el fiscal. "Debido a la investidura de Gerardo Morales como gobernador, el denunciante señala que se reserva recurrir ante la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos e incluso a instancias de la Corte Suprema de la Nación", indicó Snopek. 

El problema es que ahora el fiscal se quedó sin cargo por la ley que acaba de aprobar la mayoría que responde a Morales en la Legislatura. "Es imposible no conectar una cosa con otra, no ver que esta decisión es una represalia por la denuncia por amenazas que hice", indicó Snopek. No es la primera vez que el gobernador incide en los organismos de control. En noviembre de 2019 modificó la constitución del Tribunal de Cuentas para que el oficialismo pudiera tener mayor control.