La colaboración del gobierno de Mauricio Macri con el golpe de Estado de Bolivia en 2019, que terminó con la presidencia de Evo Morales, va mucho más allá del envío de una decena de gendarmes para proteger al embajador, como quiso justificarse la titular del PRO, Patricia Bullrich. Según un informe realizado en el ámbito del Ministerio de Seguridad, el material bélico remitido fue mayor al que agradeció por nota el jefe de la Fuerza Aérea boliviana de esos días.

Surgen una serie de inconsistencias fruto de los datos que maneja la policía de Bolivia y que compartió con la Argentina, en las que, por ejemplo, aparecen menos cartuchos de balas de gomas que las registradas como enviadas o ni siquiera figuran las granadas de mano ni spray anti tumulto. Pero además, el plazo de permanencia de ese contingente, previsto para enero de 2020, se extendió hasta junio del año pasado. Al retornar, los gendarmes entregaron un informe donde dicen que utilizaron, por ejemplo, las 70 mil municiones que transportaron. A este informe hay que agregar la investigación que abrió la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, para determinar cuál fue el rol que jugaron los dos agregados que tenía la Agencia Federal de Inteligencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, que remitían información de manera continua desde Bolivia y se debe determinar cuál fue el destino de esos datos. En este contexto es que se enmarca el reiterado pedido de disculpas al gobierno y pueblo de Bolivia que realizó el presidente Alberto Fernández, cuando desde Tucumán dijo que lo avergüenza “que un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar”.

El informe que circula en el Ministerio de Seguridad complica la posible situación legal de la entonces ministra Bullrich. En ese trabajo, al que accedió PáginaI12, se muestra que la misión “Brindar seguridad y protección al Embajador y el personal de la embajada argentina en Bolivia” no circunscribía de manera estricta a ese objetivo.

La Anmac en el centro de la investigación

El detalle de lo autorizado es llamativo porque la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó, un día antes de la partida, el envío de pistolas semiautomáticas; escopetas de repetición; carabinas automáticas; ametralladoras; fusiles; chalecos antibalas; cascos y escudos balísticos; visores nocturnos y más de 8.000 municiones de distintos calibres. Es posible que se justifiquen esta cantidad por el hecho de que la “misión” duraba 62 días, tal como figura en la decisión administrativa que lleva la firma de Bullrich que, de acuerdo a la constancia que existe en el Ministerio de Seguridad, se firmó el 15 de noviembre de 2019 cuando los gendarmes y todos sus pertrechos hacía ya tres días que se encontraban en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. De todas formas, no está claro todavía –al menos en este informe– el uso que tuvieron las armas y municiones letales.

La autorización del todo ese material bélico antes descrito se había realizado el 11 de noviembre. Un día después se pidieron y consiguieron dos ampliaciones del material que se llevó. Primero fueron 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta. El segundo pedido fue el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento. Y la Anmac autorizó todo rápidamente. Hay que tener en cuenta que ese mismo día partió el C130 de la Fuerza Aérea Argentina hacia Bolivia.

El trabajo que realizan en el ministerio que conduce Sabina Frederic incluye dos informes que habían sido elaborados por la Policía de Bolivia. En uno de ellos da cuenta de la autorización que se hizo para el ingreso de los gendarmes que son integrantes de lo que se conoce como Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán. También les autorizó las armas como las pistolas semiautomáticas; escopetas de repetición; carabinas automáticas; ametralladoras; fusiles, etc.

En un segundo, la policía boliviana da cuenta de la autorización de las 70 mil postas de goma, los 100 spray y las más de 600 granadas de mano de gas. Si se comparan los elementos autorizados en la Argentina y los registrado por la Policía boliviana surgen inconsistencias como que la policía de Bolivia menciona la existencia de 1.350 cartuchos antidisturbios. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en la Argentina de lo que se conoce como “Manta Antibomba” que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos.

Hay otro detalle que llama la atención en la información colectada por el Ministerio de Seguridad y es que los gendarmes permanecieron hasta junio de 2020. En línea con ese dato, al retornar de Bolivia el comandante Carlos Miguel Recalde, director de la Dirección de Operaciones de la GNA, informó que los gendarmes del grupo Alacrán no solo dieron seguridad a la embajada sino que “a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento” y que por ese motivo “emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos calibre 12,70 A/T”, es decir los Antidisturbios. Cabe recordar que el comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, firmó una nota de agradecimiento por 40 mil cartuchos 12,70 A/T.

El papel de la AFI en el golpe

En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es uno de los lugares claves donde podría haber evidencias sobre la voluntad de colaboración política del gobierno de Mauricio Macri con el golpe en Bolivia. La interventora, Cristina Caamaño, abrió este viernes una investigación preliminar interna sobre los reportes que enviaban desde allí los dos delegados que el organismo tenía en las ciudades de La Paz y de Santa Cruz.

En los documentos hallados hasta ahora no aparecen referencias al envío de material bélico, pero sí habría datos de orden político que podrían resultar relevantes. El organismo intenta dilucidar también si hubo triangulación de información de inteligencia hacia Estados Unidos.

Por estas horas funcionarios/as recordaban la visita de Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que fue denunciada por referentes del MAS, como la diputada boliviana, Alicia Canqui Condori, como parte o señal de un “complot” para lograr el golpe contra Evo Morales. El entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez García, a quien estaba dirigida la carta de agradecimiento del comandante de la Fuerza Aérea boliviana por las armas (menos letales) enviadas, es el actual ministro de Trabajo de Jujuy, cuya renuncia ya se reclama.

Teniendo en cuenta el papel que la AFI tuvo durante la administración de Cambiemos, cuando desplegó actividades de inteligencia ilegal de todo tenor y sobre toda clase de víctimas, desde dirigentes políticos como Cristina Fernández de Kirchner, hasta referentes de las propias filas macristas, y hasta familiares de los submarinistas del ARA San Juan, no resulta descabellada la posibilidad de que se hayan utilizado sus bases en Bolivia para incidir en la ofensiva contra Evo Morales.

Un dato llamativo en estudio es que uno de los agentes, quien incluso habría tenido una función de mando y estratégica, volvió a la Argentina dos meses antes del golpe, cuando su misión estaba prevista, al parecer, hasta diciembre. El otro agente asignado allí volvió después y sigue cumpliendo funciones en la AFI, según pudo constatar este diario a través de funcionarios de la investigación que lleva adelante el gobierno nacional.

Las consecuencias legales

Sobre las posibles consecuencias legales: en Bolivia se podría investigar la responsabilidad de autoridades argentinas en el delito de sedición, además de violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, para establecer posibles responsabilidades legales dentro de la Argentina, hay que dilucidar una serie de cuestiones que la abogada Graciana Peñafort enumeró en Twitter, algunas de las cuales comenzaron a ser despejadas: Quién ordenó el envío de material bélico a Bolivia, qué fuerza de seguridad lo aportó, qué actuaciones administrativas se llevaron adelante para autorizar ese envío y quienes intervinieron, cómo fue el trámite en la Aduana y qué documentos los acreditan.

Esto último es clave para saber, por ejemplo, si hubo contrabando, que es una de las hipótesis en sectores del Gobierno. Pero se estudian otros tipos penales, más allá de que un fiscal haya iniciado su propia investigación. Varias reparticiones debieron haber intervenido por los datos recabados hasta ahora, de lo que se intenta armar el rompecabezas: Cancillería, Aduana, Anmac (Ministerio de Justicia), Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, por lo menos, y Presidencia.