Desde Santa Fe
La Asociación Argentina de Fiscales expresó esta semana su “alarma” por el dispositivo que armó la Legislatura -con tres leyes- para suspender y remover de sus cargos a fiscales de la provincia y a otros funcionarios del Ministerio Público. “Un sistema que coloca a los fiscales en una situación de subordinación y desequilibrio” ante otro poder del Estado y vulnera la “independencia y autonomía” del MPA es “incompatible con un sistema republicano de gobierno”, planteó en una carta que le envió a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Para la entidad que representa a los fiscales de todo el país la estrategia sistemática de la Legislatura para controlar a sus colegas del MPA “no es un hecho aislado”, sino que sucede “en un contexto” en que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery investigan “una poderosa organización delictiva que se apoya en la corrupción de funcionarios públicos de distintos niveles del Estado, donde ya se procedió a la imputación de hechos nada menos que a un fiscal (Gustavo Ponce Asahad) y a un fiscal jefe (Patricio Serjal), a quienes no se dudó en disponer sus detenciones”. Y advirtió sobre el “desequilibrio” de poderes en Santa Fe, donde la Legislatura “puede impedir la investigación contra uno de sus miembros (como ocurrió en el Senado que rechazó el desafuero del senador Armando Traferri), mientras que a la vez puede destituir a quién lo investiga”. “La Asamblea Legislativa de la provincia no es ajena a la gravedad institucional provocada”, agregó.
La carta de los fiscales argentinos a Rodenas expresó la “extrema preocupación” por el intento de suspender a su par de Rosario Adrián Spelta –que quedó pendiente ante el fracaso de la sesión conjunta de ambas Cámaras-, pero el planteo trasciende el caso. En la misma línea, se pronunciaron el Consejo Federal de Política Criminal, la Asociación de Fiscales del MPA y el Colegio de Magistrados de Santa Fe (ver aparte).
Precisamente, la Asociación de Fiscales de la provincia ya denunció el dispositivo de la Legislatura para suspenderlos y removerlos de sus cargos. Ubicó el comienzo de esa “gangrena institucional” –como la llamó-, en agosto de 2017, cuando 16 senadores pidieron a la comisión de Acuerdos un proceso disciplinario contra dos fiscales que investigaban “a varios senadores y a un ex” por supuestos delitos económicos. Cuando se dieron cuenta que la bicameral “no tenía no tenían competencia” para investigarlos, a los tres meses, en noviembre de 2017, salió “entre gallos y medianoche” la “sanción exprés” de la ley 13.695, que traspasó a la Legislatura la “potestad de investigar y juzgar” a los fiscales de grado. La norma fue declarada “inconstitucional” por la Cámara Laboral de Rosario, entonces aprobaron una segunda ley, la 13.807, en noviembre de 2018, que es igual a la anterior, con “edulcorante”, señaló. Miguel Liftchiz se negó a vetarla, a pesar de que los fiscales se lo pidieron.
El tercer artefacto del dispositivo es la ley 14.016 ya asociada al nombre del director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, que la Legislatura sancionó en noviembre de 2020, en minutos. El gobernador Omar Perotti la vetó. Pero la Legislatura en un acuerdo de radicales, socialistas macristas y el bloque de Traferri rechazó el veto y sancionó la ley. “Es el último capítulo de una estrategia sistemática de avasallamiento de la autonomía del MPA”, advirtió.
La Asociación Argentina de Fiscales recordó que ya en 2017 en la primera “sanción exprés” de la ley 13.395 señaló que el avance del “poder político” vulneraba la “autonomía e independencia de los fiscales”. Y en diciembre del año pasado, después de la aprobación de la ley 14.016 anti Sain insistió con sus “advertencias de 2017”. El hecho es más grave porque Sain no es fiscal, accedió por concurso a un cargo que no requería acuerdo legislativo.
“Alarma particularmente que la legislatura santafesina ya haya modificando (tres veces) las leyes orgánicas que regulan al MPA (en 2017, 2018 y 2020), arrogándose para sí las funciones de investigación, sanción y remoción de los fiscales y de otros integrantes del MPA, mediante procesos legislativos inéditos y sin precedentes, de manera expedita y sin ningún debate público previo”.
El operativo de la Legislatura es “una intromisión indebida” al Poder Judicial y su consecuencia un “desbalance contrario a la organización republicana y democrática”. “Lo más grave es que esa endeblez” que la Legislatura “somete” a los fiscales “es un peligroso obstáculo que puede condicionar e interferir en la persecución de los altísimos niveles de desarrollo del crimen organizado que expanden sus redes e influencias en todos los niveles de la sociedad y el Estado”.
A juicio de la Asociación Argentina de Fiscales, la “injerencia del poder político” en el MPA, “no es un hecho aislado, sino que sucede en un contexto” en que los fiscales Schiappa Pietra y Edery investigan “una poderosa organización delictiva que se apoya en la corrupción de funcionarios públicos de distintos niveles del Estado, donde ya se procedió a la imputación de hechos nada menos que a un fiscal (Ponce Asahad) y a un fiscal jefe (Serjal) a quienes no se dudó en disponer sus detenciones”.
Como evidencia del “desequilibrio” de poderes, planteó que la Legislatura “puede impedir la investigación a uno de sus miembros, mientras que a la vez puede destituir a quien lo investiga. Una legislación que no supera ningún estándar mínimo de imparcialidad e independencia”.
El dispositivo de la Legislatura “coloca a los fiscales en una situación de subordinación y desequilibrio” que “resulta incompatible con un sistema republicano de gobierno” y vulnera la “independencia y autonomía” del MPA. “La Asamblea Legislativa de la provincia no es ajena a la gravedad institucional provocada”, finalizó.
